Hay señalamientos contra exfuncionarios de la anterior administración por uso irregular de recursos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) presentó ante la Secretaría de la Contraloría una denuncia contra exservidores públicos del área de reinserción estatal, por presuntas anomalías en la remodelación del excentro de arraigo de la Fiscalía General de la República y que la anterior administración estatal "convirtió" en un penal de alta seguridad. 

El secretario de seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó la presentación de la denuncia y que están implicados entre 6 y 8 exservidores públicos del área de reinserción social en la aplicación irregular de recursos públicos. 

Recordó que el penal número 10 -el cual en breve será ocupado por mujeres privadas de su libertad- fue rehabilitado con una inversión millonaria por parte de las autoridades estatales de la administración anterior, pero el acondicionamiento del espacio fue mal hecho y no corresponde a un centro de alta seguridad. 

"Por ejemplo, una situación es que era una casa de arraigo y en la parte de abajo donde querían hacer celdas, no pueden ser celdas, (porque) pasan todos los ductos de electricidad, del sistema de agua, de cable, y si alguien, alguna PPL quisiera hacer alguna situación, podría dañar toda la estructura y crear una situación como la que se vivió en el penal de Juárez, que no se tenían las instalaciones o que eran proclives al fuego, entonces tenemos que evitar eso", explicó. 

Recalcó que será la Secretaría de la Contraloría la responsable de indagar sobre estas presuntas irregularidades y determinar sobre qué tipo de anomalías administrativas y sanciones corresponden, y en su caso, si se requiere dar parte a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

También apuntó que el gobierno federal donó equipamiento de otros centros penitenciarios y aparentemente está la mayor parte de esas donaciones, sin embargo, en la revisión de las instalaciones y las obras que se llevaron a cabo en este lugar se detectaron varias anomalías.

Hay que recordar que estas instalaciones fueron transferidas por la Federación al gobierno de Morelos durante la pasada administración, con el objetivo de convertirlo en un centro penitenciario, pero al ser entregado a la actual administración, se detectó que la rehabilitación realizada no corresponde a un penal de alta seguridad, ni era posible mantener bajo medidas de prisión a más de 800 personas, como estimó la anterior administración.