No hay injerencia en la candidatura de María Dolores González Saravia, sostiene la mandataria estatal; a través de Comité de Emergencias se auxilia a familias afectadas por las lluvias, entre ellas la de tres personas fallecidas en Amacuzac.
Emiliano Zapata. La gobernadora Margarita González Saravia rechazó tener cualquier injerencia a favor de su hermana María Dolores, quien se postula como aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Dijo que su familiar tiene una larga trayectoria por cuenta propia y "no lo necesita".
En conferencia de prensa, rechazó las versiones de algunos medios, al sostener que ni ha hecho llamadas ni ha mediado de ninguna forma con el propósito de promover la postulación de su hermana, quien busca ser presidenta del organismo para el periodo 2025- 2029.
“Tiene una trayectoria impresionante de 40 años en materia de derechos humanos. Yo no he hablado absolutamente con ningún funcionario, ni federal ni de la Ciudad de México. Loli no necesita de mí para demostrar su propio trabajo, es más, a mí me da gusto porque ella no es de las personas que les guste protagonizar, ni creo que sea una cuestión de ella, sino que la han empujado muchas organizaciones sociales y civiles a las que ha servido… yo no me meto, por supuesto. Sabemos que para tener alguna noticia, algunos medios tratan de hacer una vinculación conmigo… es más, ella no pertenece a Morena, ni a ningún partido político, deberían ver su semblanza porque de verdad, si a alguien admiro es a mi hermana, por su coherencia y su trabajo impecable”, declaró.
En otro tema, la titular del Ejecutivo negó que exista alguna persecución en contra del exfiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. Expresó que él tiene procesos con la Fiscalía General de la República, con el gobierno federal, y los tendrá que atender. “Nosotros no perseguimos a las personas, menos de manera injustificada. Sus dichos, pues, los tendrá que probar”, anotó.
Lo anterior, luego de que el exfiscal anunció que pidió asilo político en Canadá por sentirse perseguido. La gobernadora comentó que se hará un análisis legal y consultará con el Colegio de Notarios si se le retira la Notaría de la que es titular, o no, pues al estar fuera del país podría perder la posibilidad de llevar esa función, pero —insistió— primero se hará una revisión jurídica.
En la misma conferencia de prensa semanal, la mandataria externó que en el caso del joven que murió en una intervención policiaca en Los Patios de la Estación, ya fue detenido el elemento señalado como presunto responsable.
Expresó que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya ha reconocido que fue un error de una persona y se actuará en consecuencia, en apego a la ley. “Se le va a procesar porque nosotros somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo, fue una actuación indebida y lo reconocemos totalmente”.
Dijo que se ha establecido diálogo con líderes de esa colonia y se mantiene el trabajo social que se realiza en esa zona, de manera coordinada y con todo el respeto que tiene esa comunidad.
Respecto a protestas de habitantes de Huitzilac por la detención de dos personas acusadas por posesión de drogas y armas, con el argumento de abuso policiaco, la gobernadora mencionó que el caso está en manos de la FGE y ésta deberá resolver si la detención fue legal. Aseguró que seguirá la estrategia de seguridad y llamó a la ciudadanía a seguir haciendo denuncias, para abatir la delincuencia.
González Saravia informó que se prestó ayuda a familias afectadas por las lluvias a través del Comité de Emergencias. Refirió que existe un fondo para contingencias por un total de 130 millones de pesos y se consideró utilizar 30 millones de ese total para infraestructura en municipios. Además, comentó que se está apoyando a la familia de las tres personas que desgraciadamente murieron en Amacuzac. Llamó nuevamente a la población a apoyar a los damnificados por la temporada en otros municipios y en otras entidades, a través de los centros de acopio del DIF Morelos.
Finalmente, sobre el tema de la municipalización de Tetelcingo, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debe ser el Congreso del estado quien resuelva, la gobernadora recordó que actualmente se vive una etapa distinta en México, en la que se están reivindicando los derechos de los pueblos indígenas, por lo que esta comunidad tiene todo el derecho a solicitarlo.
Señaló que su propuesta es hacer una mesa de trabajo en la que participen la comunidad y los tres niveles de gobierno, para trabajar una propuesta alternativa en la que se les reconozca su derecho como comunidad indígena y puedan ejercer sus propios recursos.
“Yo lo que he hablado con la comunidad de Tetelcingo desde que llegamos, y desde antes de que llegáramos, es que tenemos que hacer una conciliación de una nueva demarcación geográfica en donde ellos puedan ejercer su derecho como municipio, tener sus recursos propios, porque —además— quiero decir que poco se les apoya a esta comunidad de Tetelcingo en términos de infraestructura, en términos de desarrollo social, y por eso ellos siempre han reclamado esa marginación”, indicó.
