*A más tardar*

El presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, informó que a más tardar el 20 de febrero se habrá liquidado la segunda parte del aguinaldo de los policías que hoy protestaron.

De igual modo, el alcalde refirió que esta semana se les entregarán vales de despensa pendientes.

Reyes Reyes también señaló que las condiciones del Ayuntamiento de Jiutepec aún son complicadas, pero se trabaja en ajustes para resolver la situación.

Esta mañana se lleva a cabo la reunión semanal de gabinete, en la que se abordarán las actividades a desarrollar como parte de la conmemoración de "El Año de Zapata".

Sobre el tema, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, dijo que mantendrá su labor habitual con el equipo normal de seguridad.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Ortiz Ortiz Guarneros, aseveró que "una manta no nos va a desestabilizar".

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que el Ejecutivo sí ejercerá el derecho de veto al presupuesto.

Al respecto, refirió que se enviarán al Congreso local las observaciones sobre violaciones constitucionales; posteriormente, si no se atienden éstas, el gobernador podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De igual manera, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, expuso que tienen hasta el 24 de enero para hacer observaciones y están en el análisis del referido documento.

*Les otorgan suspensión*

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presentaron una demanda de amparo ante un juzgado federal.

Por parte de Sotelo Martínez, la demanda se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito, el pasado 14 de enero, y quedó radicada en el expediente 55/2019, contra su remoción de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado, proceso iniciado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG), a solicitud de algunos diputados.

En el caso de Mazari Espín, la demanda es para que no la remuevan de la presidencia de la Comisión de Hacienda.

A ambos legisladores les fue otorgada la suspensión.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, negó que hayan pedido "moches" para aprobar el presupuesto que propuso el Poder Ejecutivo; además, indicó que defenderán el paquete económico que aprobaron.

Casas González también pidió a las autoridades estatales que presenten pruebas de sus afirmaciones.

El legislador local señaló que defenderán el paquete económico que aprobaron, además de que esperarán a recibir las observaciones que haga el Poder Ejecutivo.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, lamentó que legisladores sólo aprobaron 30 millones de pesos para la operatividad del órgano, cuando la solicitud fue de 95 millones.

En entrevista, dijo que el Impepac requiere más recursos para poder organizar la elección de ayudantes municipales, así como la integración de posibles nuevos partidos políticos.

Ante tal situación, León Trueba señaló que están buscando la posibilidad de que se modifique el presupuesto que aprobó un grupo de legisladores, ya que no se ha publicado el decreto, y que se incrementen los recursos para el órgano electoral.

La mesa de coordinación para la seguridad y la paz reiteró el llamado a evitar las compras de pánico de gasolina.

Hugo Eric Flores Cervantes, delegado de programas de bienestar social del Gobierno de México, sostuvo que hay una sobre demanda pero suficiente abasto.

Expuso que en colaboración con la Policía Federal se llevan a cabo operativos de vigilancia de las pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

También aseveró que en Morelos no hay huachicoleo, porque los ductos están cerrados.

Por otra parte, se dio conocer que se investiga en torno a "narcomantas" supuestamente colocadas por un grupo criminal; al respecto, el representante del gobierno federal exhortó al Congreso local a legislar en esos temas importantes, para elevar la penalización contra esos actos.

"No vamos a permitir ningún tipo de amenazas a servidores de esta mesa, que trabajamos por la seguridad de la ciudadanía", sostuvo.

El subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guizar Nájera, informó que hay un convenio por revisar firmado entre el Ejecutivo y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con el fin de apoyar a la institución ante la situación que enfrenta la casa de estudios.

Guízar Nájera estimó que esta semana podría liberarse la primera ministración.

Sin embargo, el funcionario estatal explicó que el tema está en análisis debido a la revisión del paquete económico.

*Jurídicas y técnicas*

El gobierno del estado informó este martes que continúa en revisión el paquete económico 2019 aprobado por 15 legisladores; al respecto, funcionarios estatales señalaron que han encontrado numerosas inconsistencias jurídicas y técnicas.

Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Hacienda, indicó que en la revisión que se ha hecho hasta hoy, han encontrado varias inconsistencias; entre ellas, refirió la del capítulo 1000, el cual implica restricciones legales como el no poder hacer modificaciones, lo que generaría conflictos legales.

Además, en el Poder Judicial no se consideraron recursos para dos tribunales, lo que provocaría la parálisis; respecto a los 10 millones de pesos asignados a una fundación, Villarreal Gasca apuntó que no se especifica para qué o por qué.

Destacó que disminuyeron el rubro de pago de deuda, que suma siete mil millones de pesos de deuda heredada por el gobierno pasado, lo que complicaría el manejo de dicha deuda.

El funcionario estatal criticó que sí se haya incrementado el monto asignado al Legislativo, con el pretexto de que heredaron adeudos, pero no han hecho un solo acto para que se sancionen esas probables irregularidades.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, anotó que legisladores asignaron recursos a determinados municipios sin tomar en cuenta equidad o aspectos específicos, como población y proyectos, entre otros.

El secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés Román, explicó como ejemplo que hay recursos federales que implican aportación estatal que no fue considerada, y por lo tanto se perderán; añadió que hay proyectos importantes de obras como la central de autobuses, a los que el Congreso asignó cero pesos.

El consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, dijo que continúa la revisión de ese documento que contiene muchas inconsistencias jurídicas y técnicas.

Agregó que ven con preocupación que algunos diputados han expresado que no tomarían en cuenta las observaciones que en su momento haría el Poder Ejecutivo; también adelantó que si no hay apertura, hay otros caminos legales y la última palabra no está dicha.

El 24 de enero vence el plazo para hacer esas observaciones.

En la misma conferencia, Villarreal Gasca dijo que había peticiones de algunos legisladores en temas que pasan por encima de la ley, centradas en los siguientes puntos: que no hubiera transferencias sin autorización del Congreso, lo cual no sucede prácticamente a nivel nacional ni más allá de la frontera, y la demanda de incluir el tema de la basura, que implica muchos intereses y del cual viven muchas personas.

También, la exigencia de que se cancelara el reemplacamiento, lo cual está contemplado en la ley cada tres años, según puntualizó el secretario de Hacienda, y el reclamo de que se asignaran 30 millones de pesos en obra pública a cada legislador.

*Tras inasistencia a reunión de trabajo*

Este día, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, llevó a cabo reunión de trabajo con la que, dijo, se confirma que el paquete económico que aprobó un grupo de legisladores es ilegal.

Lo anterior, tras "la inasistencia de las diputadas y de los diputados en esta reunión de trabajo y que en consecuencia no existen dictámenes de la Ley de Ingresos, de la Ley de Presupuesto, de la ley para reformar varios artículos de la Ley de General de Hacienda, del Código Fiscal y de la Ley de Coordinación Hacendaria", ya que se había votado que la comisión se constituyera en sesión permanente para el análisis, estudio y aprobación del paquete económico 2019, según expuso Mazari Espín.

Refirió que será el Poder Ejecutivo el que proceda en consecuencia y de cualquier forma se aplica la ley del 2018, por lo que no hay parálisis financiera.

En cuanto a la intención de removerla de la Comisión de Hacienda, y también al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, apuntó que sería improcedente.