En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina suspendió a un juez y a un secretario de acuerdos por presuntos actos de corrupción.

Lo anterior, en su deber de evitar y sancionar actos de corrupción dentro del Poder Judicial estatal, según se anota.

Se informó que dicha determinación se dio ante la posible comisión de causas de responsabilidad grave y mientras dure el procedimiento administrativo que deberán de enfrentar los servidores públicos, pues podría conllevar a su destitución definitiva.

También se apunta que la medida preventiva se tomó para garantizar el éxito de las investigaciones que realice la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina ante los hechos denunciados.

Finalmente, se indica que se cumple así "con el mandato constitucional de vigilar que el desempeño de los servidores públicos judiciales sea bajo los principios de honestidad, honradez, profesionalismo, lealtad, legalidad y eficiencia".

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Esta tarde, la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zuñiga, compareció ante el Congreso del estado y aseguró que con el plan de austeridad implementado en el primer año de gobierno se logró un ahorro superior a los 12 millones de pesos.

Ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la funcionaria estatal aseguró que con la desaparición de 11 subsecretarías se logró dicho ahorro.

Sin embargo, Zavala Zúñiga dijo que requieren más recursos para la renovación del parque vehicular, por un monto superior a los 190 millones de pesos.

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*Por laudos*

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González, dio a conocer que esta área no decidirá el destino de los 50 millones de pesos etiquetados para rescate de municipios por laudos.

Al respecto, Rodríguez González explicó que sólo aportarán información acerca de los casos en los que hay mayor riesgo de destitución.

De igual modo, de aquellos casos en los que puede haber solución mediante la conciliación, según anotó la funcionaria estatal.

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*Con motivo de la glosa del primer informe de gobierno*

Alrededor del mediodía del viernes inició la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, en el Congreso local.

La funcionaria estatal afirmó ante diputados que no tiene registro de las empresas que hayan cerrado por la inseguridad.

De igual modo, dijo que se ha convocado a los empresarios que reciban amenazas de las delincuencia para que presenten su denuncia.

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*Ante el Pleno del Congreso local*

Después de la segunda quincena de marzo se impulsará ante el Pleno del Congreso del estado la reforma a las leyes de ingresos municipales, que permitirá aumentar el cobro de derechos en un 15 por ciento.

Al respecto, la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, refirió que el tema sigue detenido y será después de las comparecencias de los secretarios de despacho, con motivo del primer informe de gobierno, cuando se desahogará.

La legisladora admitió que no se ha podido instalar la mesa técnica para impulsar la reforma a las leyes de ingresos; sin embargo, sostuvo que se apoyará sólo a los municipios que así lo determinen y a los que les convenga aún dicho ajuste.

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Al ser cuestionado por periodistas sobre las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera en gobiernos locales, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo que no encubrirá a nadie, además de que pidió no especular.

Cabe recordar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló casos de funcionarios de gobiernos estatales en los que se identificaron presuntos actos de corrupción.

Entre ellos habló de uno "vinculado con un jefe de oficina de un gobierno local; esta persona recibe transferencias internacionales y reportan seis movimientos inusuales por 441 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos”.

Blanco Bravo aseveró tajante que en esa declaración Nieto Castillo no da nombres ni entidad, por lo que pidió no especular.

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El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, comparece ante el Pleno del Congreso del estado para rendir su informe semestral de trabajo, la mañana del miércoles.

Cerca de las 11:00 horas, el fiscal general se presentó ante los diputados e informó de los avances en la investigación de diversos delitos, tales como robo de vehículos, homicidios, feminicidios, secuestro y extorsión; también destacó el uso del presupuesto del que goza anualmente la institución al año, por 734 millones de pesos, para la rehabilitación y construcción de infraestructura de la FGE.

Carmona Gándara detalló que en el último semestre se abrieron 38 carpetas por feminicidio, de las cuales se lograron 33 órdenes de protección y 11 imputaciones por vinculación; además, 260 órdenes de aprehensión, en el mismo periodo, y siete mil órdenes de investigación, de las cuales se tienen cinco mil cumplidas.

Apuntó que se efectuaron 64 operativos, con aseguramiento de armas de fuego y paquetes de droga, así como se llevó a cabo la recuperación de vehículos.

Asimismo, indicó que se recibieron 380 denuncias por desapariciones, emitiéndose 242 cédulas, al tiempo de referir que 131 personas fueron localizadas; respecto a la Alerta Amber, dos se emitieron y se localizó a un menor de edad.

Por su parte, la diputada priista Rosalina Mazari Espín sostuvo en tribuna que el informe rendido por el fiscal general es "oscuro" y que sólo demuestra que su trabajo está lleno de impunidad.

El titular de la FGE respondió a la legisladora que está mal informada, aunque admitió que deben trabajar más y mejorar las cifras de la institución.

Le queda muy grande la fiscalía, dijo Mazari Espín a Uriel Carmona, e indicó que acude a repetir números y datos sin que sean resultados; Carmona Gándara afirmó que "nos falta presupuesto", pues no se pueden dar resultados de un día para otro, y añadió que recibió en 2018 con números rojos la institución, con 180 millones de pesos de deuda a proveedores.

Necesitamos un fiscal que se desempeñe con eficacia y transparencia, señaló la diputada Rosalina Mazari, además de anotar que si no puede con el cargo que lo deje.

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El Congreso del estado inició una investigación en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, por presuntamente usar acta de nacimiento apócrifa.

Sobre el tema, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, informó que la investigación se lleva a cabo por dicho órgano legislativo.

Casas González dijo que de hallar elementos, se iniciaría un juicio político en contra de Cuevas López.

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*Con motivo de la glosa del primer informe*

El director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacin Salgado de la Paz, también comparecerá ante el Congreso local con motivo de la glosa del primer informe.

Al respecto, la diputada Alejandra Flores Espinoza informó que se modificó el calendario de las comparecencias, a petición de algunos legisladores que tienen dudas sobre los temas.

Flores Espinoza también refirió que los encuentros de los secretarios ante el Pleno del Congreso del estado servirán como evaluación en los avances que se han tenido en cada rubro.

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Investigaciones revelan la existencia de documentación falsa relativa a la identidad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el estado de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López.

La magistrada falsificó su fecha de nacimiento con el fin de quitarse un año de edad, así como modificó su nombre de forma unilateral, lo cual se puede confirmar con el acta de nacimiento número 2109 asentada en la Oficialía 01 de Cuernavaca, Morelos, con fecha 27 de junio de 1962, en la que se inscribió el registro de nacimiento de María del Carmen Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1962.

Lo anterior, toda vez que el día 20 de mayo de 1999, un usuario adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos generó en la plataforma eCURP la clave CULC630119MMSVPR04, en favor de María del Carmen Verónica Cuevas López, nacida el día 19 de enero de 1963, es decir, modificó el año de nacimiento de 1962 a 1963 y se agregó el nombre de Verónica.

Esta CURP tuvo que haber sido generada de manera indebida, manipulando el sistema, o con un acta apócrifa expedida en favor de la misma, pues en el Registro Civil sólo existe una única acta y no constan inscripciones marginales que hayan permitido las modificaciones referidas.

Todo esto surge justo antes de que Cuevas López fuera nombrada juez de primera instancia del noveno distrito judicial con sede en Jiutepec, Morelos, cargo que ocuparía hasta octubre de 2003; sospechoso es que la nueva CURP haya sido creada por un usuario del mismo lugar donde ella laboraba, desconociendo sus fines o intenciones de disminuirse un año de nacimiento y modificar su nombre sin que ninguna autoridad administrativa o judicial lo haya autorizado.

Es un hecho que María del Carmen Cuevas López se ha conducido desde 1999 con un documento que no corresponde a su fecha real de nacimiento y que ha utilizado este documento en al menos cinco instituciones, tal y como lo reflejan las vivencias de su CURP.

Instituciones tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Hacienda, Secretaría de Relaciones Exteriores y Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otras.

Queda de manifiesto que la actual magistrada se conduce con documentos apócrifos o falsos, basta con consultar su ficha personal dentro del Poder Judicial del Estado de Morelos.

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