En un comunicado, el gobierno del estado informó que el titular del Poder Ejecutivo en Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, participa en la LIX reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que este 19 de agosto se desarrolla en San Luis Potosí, donde se analizan temas relevantes para las entidades del país.

El mandatario morelense y sus homólogos del resto de las entidades sostienen un diálogo respetuoso con miembros del gabinete del gobierno federal, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; después del mediodía se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante los efectos de la pandemia por el covid-19, los temas principales de este encuentro giran en torno a la salud, educación y economía, sin dejar atrás aquellos que tienen que ver con la gobernabilidad, función pública y la transparencia.

Con respecto al tema sanitario, el gobernador de Morelos y demás mandatarios estatales determinan cómo reforzar la comunicación y coordinación entre la federación y las secretarías de Salud de los estados.

En materia de educación, el tema central es el inicio del ciclo escolar 2020-2021, que comienza de manera virtual el próximo lunes 24 de agosto.

Respecto al área económica, los gobernadores del país analizan el pacto fiscal, con la perspectiva de contar con recursos suficientes para enfrentar la pandemia de coronavirus.

La LIX sesión plenaria de la Conago la encabeza el presidente en turno de la misma, Juan Manuel Carrera López, gobernador de San Luis Potosí.

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Miércoles, 19 Agosto 2020 05:06

PRD y MC van a la SCJN contra reforma electoral

Impugnan que reformas fueron aprobadas por sólo 13 diputados.

Las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron acciones de inconstitucionalidad contra las recientes reformas realizadas por el Congreso de Morelos a la legislación electoral local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las acciones de inconstitucionalidad 223/2020 y 226/2020, promovidas por el PRD y MC, y que se acumularon con el recurso 139/2020, iniciado por el Partido Social Demócrata de Morelos.

A través de los recursos de control constitucional, los partido políticos impugnaron el decreto 690, publicado el 8 de junio pasado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5832, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.

Esencialmente, los partidos alegaron la violación al proceso legislativo al aprobarse el decreto con solo 13 votos y en ausencia del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislativos; y se inconformaron con el incremento, del tres a cuatro, del porcentaje de votos totales necesario para que los partidos tengan derecho a participar en la distribución de diputados plurinominales y regidores, y la facultad discrecional de los dirigencias partidistas para decidir quiénes ocuparán las diputaciones de representación proporcional.

Pese a que el PRD solicitó a la SCJN conceder, de manera excepcional y por la trascendencia del tema en víspera del arranque del proceso electoral, la suspensión del acto reclamado, el tribunal constitucional rechazó otorgar la medida cautelar.

“Por lo que hace a la solicitud de suspensión formulada por el Partido Político de la Revolución Democrática, debe señalarse que no ha lugar a acordar de conformidad, primero, porque por regla general, cuando se impugnan normas no existe la posibilidad de conceder dicha medida cautelar, según lo disponen los artículos 14, párrafo segundo, y 64, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria; y no se actualiza la excepción sobre la interpretación constitucionalmente válida que puede y debe darse al último párrafo de ese numeral 64, en el sentido de que en aquellos casos en que la controversia y/o la acción de inconstitucionalidad se hubiere planteado respecto de normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano, sí es factible conceder la suspensión.

“Más en casos en que de obligarse a cumplir el mandato de Ley, el daño se vuelve irreparable o el propio juicio quede sin materia por ser, precisamente, ese el tema a decidir en el fondo, de manera tal que, de continuarse con su aplicación, ningún sentido tendría ya obtener un fallo favorable, pues la violación alegada se habría consumado.

“Situación que no acontece en la acción de inconstitucionalidad 223/2020, en virtud de no cuestionar la constitucionalidad de normas generales que impliquen o que puedan implicar la transgresión irreversible de derechos fundamentales”, argumentó la SCJN.

Por lo pronto, el Congreso local y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos han sido emplazados a presentar los informes correspondientes, en contestación a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los tres partidos.

Cabe destacar que a finales de julio, la SCJN desechó la acción de inconstitucionalidad 142/2020, promovida por el PRD contra la reforma electoral, en virtud de que no cubrió con algunos requisitos para la promoción, sin embargo, el partido promovió un recurso de reclamación contra el auto de desechamiento, que se encuentra pendiente de resolución.

 

 

 

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El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acusó que existen intereses de actores políticos al interior y fuera del Congreso del estado que buscan desestabilizar el trabajo legislativo.

Lo anterior, luego de que se hiciera pública una lista de una supuesta repartición de los nombramientos de magistrados y otros cargos en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

El diputado afirmó que es información falsa y reiteró que cuando inicie el proceso para concretar dichos nombramientos se hará de manera transparente.

Sotelo Martínez refirió que podría ser a finales de este mes cuando finalmente inicie el proceso para nombrar a los magistrados, pero anotó que dependerá de la Junta Política y de Gobierno (JPyG).

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*Para acreditar años de trabajo*

El presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, José Casas González, confirmó que se detectaron 15 casos de jubilación con documentación falsa para acreditar años de trabajo.

En entrevista, el legislador informó que en los próximos días promoverá denuncias por ese hecho.

De acuerdo con Casas González, el Congreso local enfrenta un rezago de mil expedientes heredados de la pasada administración.

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*También a la alcaldesa de Tetecala*

El director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Enrique Alonso Plascencia, y la presidenta del organismo además de alcaldesa de Tetecala, Luz Dary Quevedo Maldonado, fueron denunciados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por presuntos actos anticipados de campaña.

La queja fue presentada por el ciudadano Daniel Trinidad Figueroa Tejeda, quien refirió en el documento entregado al INE en Morelos que ambos han utilizado recursos públicos del instituto para actos de promoción personal, a través de la entrega de despensas con el pretexto de la pandemia.

El quejoso argumentó que se distribuyen despensa con el logotipo de la institución y el nombre de Alonso Plascencia, aún cuando esas acciones no están dentro de sus atribuciones legales; asimismo, demandó que se retire su posible registro como candidatos.

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*En la administración de Graco Ramírez*

El asesor Anticorrupción de la oficina de la gubernatura, Gerardo Becerra Chávez, informó que esta semana presentarán la denuncia formal por el presunto desvío de más de 60 millones de pesos del programa de uniformes escolares.

Al respecto, el funcionario estatal dijo que estas anomalías se encontraron como parte de los resultados de la auditoría que se practicó al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), por el manejo de fondos en la administración del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

De igual modo, Becerra Chávez explicó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo planteó recurrir a la federación para que se haga justicia respecto al ex mandatario estatal, pues recordó que hay dos procesos en curso por demandas interpuestas contra Graco Ramírez, algunos de sus familiares y personas cercanas.

Dichas demadas, por delitos similares a los cuales dieron origen al juicio del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por la compra de bienes inmuebles por varios millones de pesos.

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Piden a ese instituto político respetar el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido Encuentro Social (PES) hacer reajuste a sus órganos de dirección partidista, para respetar el principio de paridad de género y el derecho de sus militantes a formar parte de la dirigencia estatal.

Además, ordenó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) reformular el acuerdo para la implementación de acciones afirmativas, para garantizar el acceso a cargos de elección popular a los pueblos y comunidades indígenas, y permitir que los municipios indígenas elijan, mediante el método de autodeterminación, a sus autoridades municipales.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 61/2020, promovido por Aura Alina Avilés Mejía y otras personas, la Sala Regional consideró que existió falta de convocatoria previa para que todos militantes del PES pudieran participar en un cargo partidista, y que no se cumplió el principio de paridad de género, durante la celebración del congreso estatal del partido realizado el 21 de julio de 2019.  

Al declarar fundados los agravios expuestos por la parte actora, el tribunal determinó dejar sin efecto todos los actos realizados ante o por  el Instituto Morelense de Procesos Electores y Participación Ciudadana (Impepac), únicamente en lo que concierne al proceso electivo de los órganos internos del PES durante el congreso estatal del año pasado.

Debido a la contingencia sanitaria por el covid-19 y “como medidas excepcionales y extraordinarias”, ordenó  al PES “que realice la reposición del congreso estatal, cuando determine que existen condiciones sanitarias en el estado de Morelos, y considere que es viable la protección del derecho a la salud de su militancia  y  a votar y ser votado, y que la celebración del proceso interno no distraiga en mayor medida las actividades del proceso electoral local a celebrarse en el estado de Morelos.

“En el caso de que no mejore la situación sanitaria en el estado  de Morelos y que ello impida realizar el congreso estatal, deberá prorrogar la integración y funcionamiento de sus órganos internos para enfrentar el proceso electoral 2020-2021, en el entendido de que como medida adicional y atemporal, el partido a través de la comisión político estatal electa e integrada conforme al congreso  del año pasado, deberá nombrar y hacer los ajustes necesarios, para que la integración de sus órganos internos  cumpla con el principio de paridad de género.

“Además de ello, la reunión que lleve a cabo la comisión político estatal para realizar el reajuste de paridad de género en sus órganos internos deberá hacerse en la medida de lo posible vía remota, con la finalidad de salvaguardar el derecho de la salud de las y los integrantes de dicho comité.

“En el caso de que el partido optara por prorrogar y realizar el reajuste de paridad de género en la integración y funcionamiento de los órganos del partido de manera temporal, para enfrentar el proceso electoral en el estado de Morelos 2020-2021, una vez concluido el proceso electoral, el partido deberá convocar a su congreso estatal conforme a lo ordenado”, determinó la Sala Regional.

 

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

En cuando a la resolución del juicio para la protección de los derechos político del ciudadano 88/2020 y sus acumulados, la Sala Regional revocó el acuerdo expedido por el Impepac para la implementación de acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

El acuerdo impugnado estableció que las medidas afirmativas se aplicarían únicamente en los municipios indígenas de Hueyapan, Xoxocotla y Coatetelco, ya que los 33 municipios restantes no contaban con al menos un 60% de población de origen étnico y que hablara alguna lengua indígena.

También previó, en cuanto diputaciones, que el distrito IV sería asignado a municipios indígenas y, como medida compensatoria de género, la candidatura correspondería a una mujer, además de que se realizaría oficiosamente una consulta a municipios indígenas, para determinar si el sistema electivo de sus ayuntamientos sería bajo el sistema de partidos o por autodeterminación.

El Pleno de la Sala Regional consideró incorrecto el parámetro  del Impepac para determinar la cantidad de población indígena y consideró desmedido el  porcentaje (60%) para implementar acciones afirmativas en municipios no indígenas, ya que al estimar esta cantidad no tomó en cuenta el parámetro de auto adscripción como factor fundamental para determinar quiénes son indígenas y cuantificar a la población étnica.

“El factor previsto por el instituto local de 60% para implementarlas (acciones afirmativas) va en contra de la existencia de estas medidas y en perjuicio de la población indígena de Morelos. Ello en virtud, tal como lo ha sostenido la Sala Superior, para que se hagan efectivas las acciones afirmativas a favor de las personas indígenas, las autoridades electorales deben establecer instrumentos a fin de lograr la citada finalidad.

“Haciendo prevalecer los principios de igualdad y no discriminación a favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad, además de que, conforme al artículo 2 de la Constitución federal, no se prevé cierto porcentaje de concentración poblacional indígena para la creación de medidas compensatorias en materia electoral a favor de los pueblos y comunidades indígenas”, señaló en la sentencia.

Sobre la forma de elección de sus autoridades, detalló que el órgano electoral dejó de lado que los municipios indígenas poseen un reconocimiento como organización política y social  y su derecho a la autodeterminación, por lo que no existe motivo válido para implementar una consulta para definir si renovarán sus ayuntamientos por medio del sistema de partidos o sus sistema de auto organización.

Sobre la asignación de una diputación, el tribunal electoral resolvió que el Impepac no fundó ni motivo por qué tendría que ser asignada a los municipios indígenas y porqué le correspondería a una mujer.

Por lo anterior, ordenó revocar el acuerdo y emitir uno nuevo, debidamente fundado y motivado, para implementar acciones afirmativas que beneficien a personas indígenas en municipios tanto indígenas como no indígenas y se apliquen medidas compensatorias de género.

 

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La dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristina Balderas Aragón, sostuvo que dicho instituto político tiene una estructura sustentada para contender en las elecciones del 2021.

Esta mañana, la líder del Sol Azteca presentó a los nuevo integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

En rueda de prensa, Balderas Aragón admitió la salida de un gran número de militantes; sin embargo, afirmó que son más de 28 mil los afiliados que generan la estructura de los 100 mil que antes respaldaban.

Con respecto al ex gobernador Graco Ramírez anotó que desconoce si sigue afiliado, pero su hijastro Rodrigo Gayosso participó en el consejo del fin de semana en el que fue electa.

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La diputada Ariadna Barrera Vázquez aseguró que es cuestión de días para que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defina a su próximo coordinador del grupo parlamentario en el Congreso del estado, y no descartó que sea electa por sus compañeros.

En entrevista, la legisladora se negó a confirmar sobre los posibles consensos para que encabece la bancada, pues dijo que en los próximos dias se notificará acerca de la determinación a la Mesa Directiva.

El diputado que sea electo como coordinador de Morena presidirá a su vez la Junta Política y de Gobierno (JPyG).

Por otro lado, Barrera Vázquez rechazó que algunos diputados ya se estén sentando con aspirantes a las magistraturas del Poder Judicial, como se ha especulado.

Admitió que algunos abogados que buscan ese cargo se han acercado al Congreso local, pero insistió en que tendrá que clausurarse primero el último periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura y posteriormente se definirá la ruta jurídica para concretar los nombramientos.

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La presidenta del consejo y el dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Barrera Vázquez y Gerardo Albarrán Cruz, rechazaron hoy que en la sesión de consejeros se haya elaborado y enviado una lista de candidatos plurinominales.

Ambos, en conferencia de prensa, llamaron esta mañana a la unidad, al sostener que "los adversarios y enemigos" están afuera.

Asimismo, argumentaron que los acuerdos se tomaron en asamblea virtual porque, como instituto político, tienen derecho a reunirse en privado y definir estrategias para ganar el próximo proceso electoral; indicaron que sólo se tomaron acuerdos considerando las condiciones que ha impuesto la pandemia, pues no es factible realizar asambleas.

Albarrán Cruz recordó que no ha sido renovada la directiva estatal porque también está pendiente el proceso nacional por cuestiones legales que han sido dadas a conocer; de igual manera, rechazó ser pariente del subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio, como se le ha señalado.

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