Imposible no hacer comparaciones entre las comparecencias de ayer en el Congreso Local, y las de años pasados, cuando en la Fiscalía General del Estado estaba Uriel Carmona Gándara como titular y la Secretaría de Seguridad Pública estaba controlada por un grupo de marinos encabezado por el vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros.

Eran unas verdaderas “puestas en escena” en la que diputadas y diputados (casi todos con familiares incrustados en la nómina de la Fiscalía y con policías asignados como escoltas), le hacían preguntas a modo para que el fiscal se luciera ante un público conformado por los propios empleados de la institución y algunos grupos sociales “acarreados” como los de la comunidad LGBT+ que habían sido favorecidos con alguna acción.

La comparecencia que nunca olvidaremos fue la del 28 de febrero del 2023, cuando Uriel Carmona tenía tan controlados a los legisladores, y era tanta su euforia, que soltó un dato que lo perseguiría el resto de su vida:

—¿Todavía está en pie el proyecto de comprar un helicóptero señor fiscal? —preguntó un diligente diputado de nombre Alejandro Martínez Bermúdez.

—Así es señor diputado. Estamos analizando varias propuestas de proveedores de diversos países, pero calculamos que en el primer semestre (del 2024) ya se tendrá la aeronave que servirá para transportar a agentes de la Policía de Investigación Criminal, peritos y Ministerios Públicos, a los lugares más inhóspitos de la entidad, donde se requiera su presencia, o bien como ambulancia aérea. El recurso se tiene porque ustedes me lo autorizaron”.

El helicóptero nunca se compró y tampoco se sabe —hasta la fecha— a dónde fue a parar ese dinero.

Ayer fue el mismo escenario pero con diferentes personas (salvo el panista Francisco Sánchez Zavala, la emecista Luz Dary Quevedo y la petista Tania Valentina, que permanecieron como plurinominales). La personalidad del fiscal es totalmente diferente a su antecesor, y también su estilo. Este no tiene paranoia.

La participación del fiscal Edgar Maldonado Ceballos inició con un informe que comprende el periodo de febrero a agosto de 2025 y que está basado en cinco ejes estratégicos que señalan los resultados de estos seis meses de trabajo: Atención a víctimas; Atención a la ciudadanía; Atención prioritaria a mujeres, niñas, niños y adolescentes; Combate a la impunidad y procuración de justicia; y Reestructura operativa.

El fiscal general de Morelos precisó que se inauguró la nueva Unidad de Atención Temprana (UAT) en Cuernavaca y se rehabilitaron las de Cuautla y Jojutla donde se da servicio las 24 horas los 365 días del año, para ofrecer espacios dignos y funcionales a los usuarios como a las personas que trabajan ahí. Además, se implementó la Denuncia Digital, plataforma que permite denunciar en línea 17 delitos, reduciendo tiempos, agilizando y haciendo más fácil el acceso a la justicia.

En su discurso, dejó en claro que esta institución no es una Fiscalía de “venganzas políticas, ni de fabricación de delitos, ni de viejos rencores; en mi gestión esta Fiscalía es y será una institución de resultados”.

No dijo nada de comprar un helicóptero, pero sí anunció que se obtuvo un recurso federal sin precedentes de 10 millones de pesos para iniciar la primera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en la Zona Sur con lo cual se acercarán servicios integrales a Jojutla y municipios aledaños. Además, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres estatal y federal, se obtuvo un subsidio de dos millones de pesos para la contratación de 19 profesionales especializados —7 en ciencias jurídicas, 7 en psicología, 5 en trabajo social y una antropóloga social— que refuerzan la atención integral para las mujeres.

Asimismo, en combate a la impunidad y procuración de justicia Edgar Maldonado informó que en este periodo se realizaron 117 operativos estratégicos en todo el estado, lo cual representa un aumento del 457 por ciento, y se ejecutaron 378 órdenes de aprehensión, un incremento del 21.7 por ciento, así como 344 cateos, es decir un 215 por ciento más.

En general, los diputados y las diputadas se portaron a la altura, sin protagonismos ni faltas de respeto al hacer sus preguntas.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, hizo uso de la palabra su coordinador, el diputado Rafael Reyes Reyes, quien reconoció que una herencia tan complicada de años de abandono no se puede resolver en siete meses, y consideró que “estamos todos obligados a seguir trabajando para construir juntos la paz y tranquilidad que requiere Morelos”; también, solicitó informes sobre el estado que guardan las carpetas que le fueron heredadas como titular de la Fiscalía.

En representación del Grupo Parlamentario del PAN, su coordinador, Oscar Daniel Martínez Terrazas, solicitó informar sobre diversos homicidios cometidos tales como el del activista Samir Flores Soberanes, la exdiputada local Gabriela Marín Sánchez y el caso de los jóvenes asesinados en una avenida de la ciudad y de la colonia Antonio Barona.

Horas después, las y los diputados de la LVI Legislatura del Congreso local, recibieron en sesión plenaria al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien acudió para informar sobre los resultados en la materia desde el inicio de su gestión, así como responder a cuestionamientos de legisladores.

Al inicio de la sesión, Urrutia Lozano expuso los resultados y los retos que enfrenta la Secretaría a su cargo, y con relación a la Estrategia Estatal de Seguridad destacó los rubros de Dignificación policial; Inteligencia policial; Coordinación institucional con gobierno federal, entidades vecinas y los 36 municipios; Sistema penitenciario; Atención a las causas; Capacitación; Atención a las víctimas; asimismo, reconoció el decidido apoyo de la administración estatal a favor de la seguridad y los retos prevalecientes en el rubro.

La mayoría de las y los legisladores cuestionaron al responsable de la seguridad en el estado sobre la violencia que prevalece en todo el territorio morelense.

Y es que, de muy poco sirven las explicaciones del funcionario, cuando al mediodía un grupo de sicarios entraron a un fraccionamiento ubicado en el municipio de Yautepec, para ejecutar a una familia de tres personas. Una cuarta víctima fue asesinada casi al mismo tiempo pero en otro punto de la localidad gobernada por la familia Alonso.

HASTA EL LUNES.

Las comparecencias de ayer de los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado ante el Pleno del Congreso, se desahogaron en un ánimo de civilidad en el que imperó el respeto por escuchar los puntos de vista de todos quienes hicieron uso de la voz.

Si bien hubo algunos cuestionamientos incisivos a la labor que se realiza en ambas instituciones, al menos por este ejercicio parece que sigue siendo válido el argumento de que se trata de una administración aún incipiente e, incluso, que todavía transita por un periodo de curva de aprendizaje.

En la jornada de ayer en el Congreso, el mayor número de cuestionamientos fue para el fiscal del estado, quien supo sobrellevarlo sin sobresaltos. Con Miguel Ángel Urrutia los legisladores fueron más mesurados.

Para el próximo ejercicio de rendición de cuentas la coyuntura será diferente, sobre todo si no hay mejores resultados en temas sensibles para la ciudadanía, como la extorsión, el feminicidio, los homicidios y en general la percepción de inseguridad. Para entonces, los cuestionamientos podrían intensificarse.

El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que entre las víctimas del multihomicidio registrado la tarde de este jueves en el fraccionamiento Tabachines de Yautepec, se encuentra una mujer identificada como pareja sentimental de un presunto líder criminal.

En el lugar fueron halladas cartulinas con mensajes de extorsión, lo que refuerza la principal línea de investigación: un ataque directo. Autoridades también indagan si las personas asesinadas tendrían relación con la operación de un bar en la zona.

“Tenemos reportes de que, al interior de un domicilio, fueron dejadas cartulinas con denuncias de extorsión, y ahí mismo fueron asesinadas las personas”, señaló Urrutia Lozano. Agregó que ya se revisan diversas cámaras de videovigilancia con el fin de identificar a los agresores.

El funcionario explicó que, hasta el momento, la línea de investigación más sólida apunta a un ataque directo, aunque se mantiene abierta la hipótesis de que las víctimas pudieran estar vinculadas a la propiedad de un bar en la región.

*Ante diputadas y diputados, Miguel Ángel Urrutia destacó la disminución de delitos de alto impacto, modernización tecnológica, fortalecimiento policial y atención a víctimas*

*El funcionario estatal ratificó plena colaboración con fuerzas federales y municipios para consolidar la paz en Morelos*

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, compareció ante las y los diputados de la LVI Legislatura para exponer los avances y resultados de casi 12 meses de la Estrategia Estatal de Seguridad, diseñada en alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el Gobierno de México. Subrayó que la coordinación interinstitucional ha fortalecido el trabajo operativo y generado resultados medibles en beneficio de las familias en la entidad.

Urrutia Lozano informó que, gracias a las acciones conjuntas con la federación, municipios y corporaciones estatales, los homicidios dolosos disminuyeron 30 por ciento y los feminicidios bajaron 34.62 por ciento en comparación con el mismo periodo 2023-2024. Estos logros derivan del uso de inteligencia policial, la instalación de cámaras lectoras de placas, operativos interinstitucionales y una atención fortalecida a víctimas.

También, destacó el aseguramiento de decenas de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la recuperación de cientos de vehículos con reporte de robo, así como el desmantelamiento de dos narcolaboratorios uno en Yautepec y otro más en Huitzilac.

Miguel Ángel Urrutia indicó que, durante el 2025 se han desplegado más de dos mil 400 operativos interinstitucionales junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Marina), lo que permitió garantizar saldo blanco en ferias, carnavales, fiestas patrias, eventos deportivos y culturales.

Además, dijo, el combate al uso de permisos vehiculares irregulares de Guerrero y los operativos Moto Segura y Tecatl, derivaron en el envío al corralón de motocicletas y vehículos, evitando su uso en actos ilícitos.

El funcionario estatal resaltó la modernización del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), con nuevas cámaras, arcos carreteros y drones que incrementan la capacidad de vigilancia y reacción. En materia de derechos humanos, señaló que, se redujeron de 132 a 36 las quejas pendientes ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y se cumplieron 11 resoluciones mediante disculpas públicas.

De la misma manera, en cuanto a la dignificación de los Centros de Reinserción Social, mencionó la instalación de la Comisión para el Mejoramiento del Sistema Penitenciario encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, así como proyectos productivos y programas de reinserción con perspectiva de derechos humanos, que benefician especialmente a mujeres privadas de la libertad.

En atención a víctimas, refirió que, la SSPC brindó 852 apoyos directos, amplió el uso de pulseras inteligentes de reacción inmediata y consolidó un área especializada para acompañamiento jurídico y psicológico, evitando la revictimización. Asimismo, expuso que, más de 60 mil estudiantes participaron en programas de prevención y cultura de paz en escuelas, comunidades y comercios, y se reforzaron redes comunitarias de mujeres para prevenir la violencia.

El titular de la SSPC Morelos subrayó la formación continua y dignificación policial, por lo que comunicó que, este año egresaron más de 100 elementos estatales y municipales de programas de formación inicial, mientras otros 136 cursan bachillerato en la Academia Estatal. Además, apuntó que, se incrementaron 33 por ciento los salarios reales de las y los policías estatales y custodios de los Centros de Reinserción Social, junto con mejoras en condiciones laborales, becas y acceso a educación superior.

Previo a concluir su comparecencia, el secretario reiteró que la prioridad de esta administración es consolidar un modelo de seguridad cercano a la ciudadanía, con tecnología avanzada, profesionalización y coordinación plena con la federación y los municipios.

“Nuestro compromiso es claro, reducir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar que las y los policías cuenten con las condiciones para servir con dignidad al pueblo de Morelos”, concluyó.

*Diputadas y diputados coinciden en priorizar el rubro de seguridad durante la próxima discusión del Presupuesto de Egresos del estado para 2026*

Las y los diputados de la LVI Legislatura del Congreso local, recibieron este día en sesión plenaria, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Morelos, licenciado Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien acudió para informar sobre los resultados en la materia desde el inicio de su gestión, así como responder a cuestionamientos de legisladores.

Al inicio de la sesión, Urrutia Lozano expuso los resultados y los retos que enfrenta la Secretaría a su cargo, y con relación a la Estrategia Estatal de Seguridad destacó los rubros de Dignificación policial; Inteligencia policial; Coordinación institucional con gobierno federal, entidades vecinas y los 36 municipios; Sistema penitenciario; Atención a las causas; Capacitación; Atención a las víctimas; asimismo, reconoció el decidido apoyo de la administración estatal a favor de la seguridad y los retos prevalecientes en el rubro.

Más tarde y acorde al protocolo de aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se dio paso a las preguntas de diputadas y diputados de todos los grupos y fracciones parlamentarias, quienes lo mismo señalaron logros que desafíos, y comprometieron considerar como prioridad esta área en la próxima discusión del presupuesto estatal 2026.

En representación del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, resaltó que “en la unidad es donde vamos a encontrar los resultados en favor de la seguridad pública”; preguntó al titular de la Secretaría hasta dónde llega su compromiso para garantizar que en el estado de Morelos exista esa construcción de la paz y la seguridad y sobre todo podamos vivir en una entidad tranquila.

Por otra parte, la legisladora Brenda Espinoza Lopez, de Morena, se refirió a la inseguridad que se registra en el municipio de Cuautla; al respecto pidió informar sobre las acciones específicas que contempla la Secretaría para acelerar la conexión del C2 de dicho municipio con el C5 estatal, así como para reforzar la estrategia contra la extorsión, de manera que los habitantes del municipio puedan sentir con mayor rapidez los resultados.

Por Morena, además, participó el diputado Sergio Omar Livera Chavarría, quien reconoció la voluntad de la Gobernadora para mejorar las condiciones salariales de los policías, luego pidió informar sobre las acciones de la SSPC para combatir los delitos cometidos en las unidades de transporte público y que afectan tanto a choferes como a usuarios.

En uso de la palabra por parte del PAN, el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala se refirió a los delitos de alto impacto cometidos en la Zona Oriente del estado y señaló que una de las principales preocupaciones ciudadanas es la extorsión o cobro de piso, al respecto preguntó sobre la estrategia que se aplica para revertir esta crisis, qué resultados puede mostrar a la sociedad, cuántas detenciones relevantes se han logrado y, de esas, cuántas corresponden a objetivos prioritarios que realmente representen un golpe a la delincuencia organizada y con ello se merme esta terrible situación.

En tanto, el coordinador parlamentario del PAN, Oscar Daniel Martínez Terrazas, pidió detallar los protocolos para intervenir establecimientos y pequeños negocios de manera directa por parte de la policía estatal. Al citar datos de las personas detenidas en flagrancia, dijo que el 50 por ciento de ellas lo han sido por los municipios, más del 20 por ciento por autoridades coordinadas, el dos por ciento por autoridad federal y sólo el 12 por ciento por la autoridad estatal, por lo que pidió informar los protocolos que hay para intervenir antes de las denuncias.

El diputado panista Gerardo Abarca Peña, cuestionó las cifras sobre delitos de homicidio que hablan de una disminución y solicitó información para justificar el hecho de que la entidad concentre más de estos ilícitos que otros estados del país, lo cual calificó como un parámetro para advertir que la estrategia de seguridad no está funcionando, señaló que Morelos necesita resultados, seguridad y paz.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, se refirió a la normatividad que rige el Servicio Profesional de Carrera y pidió informar las acciones que se han tomado para su actualización; por otra parte, el número de elementos operativos a los que se le ha dado el grado de policía segundo y de policía tercero, así como la estrategia de seguridad pública para el estado.

Luz Dary Quevedo Maldonado, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, cuestionó sobre si las condiciones actuales del C5 ya no son obstáculos para alcanzar la pacificación estatal; qué acciones se toman para capacitar a los elementos de seguridad preventiva de los municipios y los estatales para elaborar adecuadamente las cadenas de custodia cuidando los indicios y en general todo el protocolo legal al poner a disposición a sujetos detenidos por la comisión de algún delito.

En tribuna, el legislador Luis Eduardo Pedrero González en su carácter de coordinador de la Fracción Parlamentaria del PVEM y presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, solicitó datos sobre el número de cámaras de seguridad con los que cuenta el C5, cuántas realmente funcionan y qué se está haciendo al respecto; asimismo, información de los mecanismos implementados para acabar con la corrupción en los penales.

La diputada Eleonor Martínez Gómez, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI, solicitó información sobre las acciones que se llevarán a cabo para incrementar el número de elementos certificados en cada uno de los municipios del estado, así como sobre los programas específicos puestos en operación para reducir la percepción de inseguridad y el impacto que han tenido hasta ahora.

De su lado, la diputada de Nueva Alianza Ruth Cleotilde Rodríguez López cuestionó al Secretario sobre la estrategia de seguridad implementada en el sistema penitenciario, y qué acciones firmes pueden garantizar que hoy la corrupción no sigue operando desde el interior como ocurrió de manera evidente en gobiernos pasados, así como, qué acciones concretas está implementando para la profesionalización de los cuerpos de seguridad de manera que ello se traduzca en una mayor eficacia en las calles.

*Destacan representantes populares nueva relación entre FGE y Legislativo y un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas*

Esta mañana compareció ante las y los diputados de la LVI Legislatura el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien rindió su Primer Informe Semestral de Gestión correspondiente al periodo comprendido del 6 de febrero al 6 de agosto de 2025; durante el encuentro, legisladores coincidieron en realizar cuestionamientos respecto a los avances en los casos de personas desaparecidas, feminicidios y medidas para combatir la inseguridad en el estado.

Para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los legisladores llevaron a cabo dicha comparecencia en la que se destacó una nueva relación entre FGE y Legislativo, y el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en cuyo protocolo se concedió el uso de la palabra al Fiscal hasta por 30 minutos a efecto de que rindiera su informe.

A efecto de realizar sus intervenciones, los grupos y fracciones parlamentarias tuvieron tres y dos oportunidades respectivamente, con un tiempo de hasta tres minutos para formular sus preguntas con su respectiva réplica, de hasta un minuto; en tanto, el Fiscal contó con un tiempo de hasta cinco minutos para dar respuesta a las mismas.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, hizo uso de la palabra su coordinador, el diputado Rafael Reyes Reyes, quien reconoció que una herencia tan complicada de años de abandono no se puede resolver en siete meses, y consideró que “estamos todos obligados a seguir trabajando para construir juntos la paz y tranquilidad que requiere Morelos”; también, solicitó informes sobre el estado que guardan las carpetas que le fueron heredades como titular de la Fiscalía.

Por su parte, la legisladora Jazmín Solano López, externó el reconocimiento de la bancada de Morena, de que esta nueva Fiscalía se ha colocado del lado de la ciudadanía y ha enfrentado a la delincuencia y a los delitos que más aquejan a los morelenses; cuestionó sobre ¿Cuáles son las bases operativas y logísticas que facilitaron el aumento sustancial de la confianza ciudadana para la presentación de denuncias, así como los principales logros obtenidos en la lucha contra la delincuencia organizada y de alto impacto en la entidad?

Del mismo Grupo Parlamentario, la diputada Martha Melissa Montes de Oca Montoya, se refirió al asunto de Andrea Maylin y preguntar si ya ha sido formalmente reclasificado como feminicidio conforme al protocolo aplicable en Morelos y de qué manera garantiza la Fiscalía que la familia recibe información puntual de los avances, acceso pleno a las pruebas y resultados de los peritajes, así como el acompañamiento legal, emocional y psicológico necesario durante todo el proceso.

En representación del Grupo Parlamentario del PAN, su coordinador, Oscar Daniel Martínez Terrazas, solicitó informar sobre diversos homicidios cometidos tales como el del activista Samir Flores Soberanes, la ex diputada local Gabriela Marín Sánchez y el caso de los jóvenes asesinados en una avenida de la ciudad y de la colonia Antonio Barona; asimismo sobre ¿Cuál es la diferencia que resalta entre la fiscalía anterior y la que representa?

De la misma bancada, la diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, habló sobre el delito de feminicidio y solicitó informar sobre ¿Cuánto tiempo necesita para que la tasa de impunidad en el estado, que es de más del 97 por ciento, empiece a reducir y cuántas denuncias han obtenido una sentencia condenatoria?

De igual manera, el legislador Gerardo Abarca Peña, quien se refirió a la fosa común del Panteón Pedro Amaro del municipio de Jojutla, cuestionó sobre ¿Qué acciones colectivas ha implementado para garantizar la integridad de las evidencias, la identificación genética de las víctimas y el respeto a los derechos de los familiares?, así como las medidas que han tomado contra los funcionarios responsables que no atienden los respectivos protocolos.

Por otra parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, se refirió al delito de feminicidio y solicitó información sobre el número de carpetas de investigación abiertas y qué rezago existe; también habló sobre la inseguridad en la zona oriente del estado y solicitó informar sobre las acciones que se están implementando para recuperar la paz.

Posteriormente, la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PMC, preguntó sobre qué deficiencias encuentra en el SEPASE y cuáles son las acciones que estima conveniente que realicen las dependencias que integran dicho sistema, las cuales permitan prevenir de manera efectiva la comisión de delitos contra mujeres en la entidad; de igual manera, se refirió a la denuncia en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, y ¿Qué medidas de protección se han otorgado a la denunciante para salvaguardar su integridad física y emocional mientras avanza el proceso?.

Enseguida, hizo uso de la voz el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PVEM, Luis Eduardo Pedrero González, para cuestionar sobre las estrategias que ha tomado la Fiscalía con relación a los casos de los ataques en contra de servidores públicos, y las acciones que implementadas en el rezago de la integración de las carpetas de investigación; asimismo, se refirió al atentado contra el ex parlamentario Javier Estrada González, para preguntar por qué no ha existido detención ni acción penal en contra de los supuestos responsables.

La legisladora Eleonor Martínez Gómez, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI, subió a tribuna para solicitar información sobre los protocolos institucionales implementados para mejorar la relación con los colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas y para mejorar su relación con los mismos; asimismo, sobre cuántos de estos casos han resultado en localización o identificación gracias a esta coordinación y en cuánto tiempo.

En tanto, la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PNA, pidió informar sobre la solicitud de desafuero en contra del actual diputado federal y ex gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, derivado de una denuncia por presunto abuso sexual y las acciones realizadas por la Fiscalía después de que la Comisión Instructora devolviera su expediente para la correcta integración.

El evento inició con la presentación del Fiscal, quien afirmó que la FGE no es de venganzas políticas ni de fabricación de delitos, sino de resultados; explicó que la labor en el periodo que se informa, se basa en cinco ejes estratégicos: Atención a víctimas; Atención a la ciudadanía; Atención prioritaria a mujeres, niñas, niños y adolescentes; Combate a la impunidad y procuración de justicia; y reestructura operativa.

*La población puede acudir a cualquier UMF del Seguro Social en el estado*

*Importante acudir con la Cartilla Nacional de Salud*

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos comenzó la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas y niños de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizados.

Asimismo, serán vacunadas las niñas de 12 a 16 años, siempre y cuando no hayan recibido al menos una dosis de vacuna contra VPH en años previos (población rezagada).

La vacunación está abierta a la población en general en los grupos antes mencionados, y los padres de familia o tutores pueden llevar a sus hijas al Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1 en Cuernavaca; Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 5 en Zacatepec; HGZ/MF No. 7 en Cuautla, así como a cualquiera de las 24 Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS en la entidad.  

El VPH es la causa de infección viral más frecuente del aparato reproductor y algunos tipos se presentan clínicamente como verrugas que pueden progresar hacia cáncer de cuello uterino (CaCU) y se desarrolla en órganos genitales, zona perianal, boca o garganta.

La vacuna contra VPH se aplica de forma intramuscular en el brazo no dominante y puede recibirse de forma simultánea con otros biológicos.

El IMSS Bienestar realizó una exitosa Jornada Quirúrgica de Cataratas en Cuernavaca, Morelos.

15 pacientes recuperaron la visión al ser intervenidos en el Hospital General IMSS Bienestar “José G. Parres”.

Un equipo de especialistas en oftalmología y retinología realizaron procedimientos de alta especialidad para extraer las cataratas y colocar los lentes intraoculares.

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, presentó un informe sobre los resultados obtenidos en la materia, donde resaltó la detención de 389 generadores de violencia, la desarticulación de dos narcolaboratorios, la detención de 73 personas por robo de vehículos y la puesta a disposición de tres mil 900 motocicletas por presentar irregularidades.

Urrutia Lozano explicó a los diputados del Congreso de Morelos que la estrategia estatal de seguridad se sustenta en la dignificación policial, la inteligencia operativa y la coordinación institucional con el gobierno federal, entidades vecinas y los 36 municipios, además del fortalecimiento del sistema penitenciario, la atención a las causas, la capacitación, la atención a víctimas y la colaboración con la Secretaría de Marina.

El funcionario detalló que se han realizado 200 operativos conjuntos institucionales, entre los que destacó el programa Moto Segura y las acciones contra permisos irregulares provenientes del estado de Guerrero.

Asimismo, informó sobre la instalación de arcos carreteros y sistemas de videovigilancia en la zona oriente y centro de Morelos, lo que ha permitido reforzar la seguridad regional.

En cuanto al sistema penitenciario, aseguró que se han implementado acciones para su mejora, logrando la regularización de mil 700 accesos, lo que ha reducido prácticas irregulares conocidas como “el brinco”.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se encuentra en medio de una controversia legal tras ser demandado por el uso de la imagen de una vivienda conocida como “La Casita”, elemento central en la escenografía de sus conciertos y en uno de sus proyectos audiovisuales más recientes.

La denuncia fue presentada por Don Román Carrasco Delgado, un hombre de 84 años originario de Humacao, Puerto Rico, quien asegura ser el dueño original de la casa que inspiró la réplica utilizada en los espectáculos del artista.

Según el demandante, la construcción fue levantada en la década de 1960 junto a su hermano y su padre, y desde entonces ha sido parte de su patrimonio familiar.

El conflicto surgió tras el estreno del cortometraje Debí Tirar Más Fotos, que acompaña el último álbum de Bad Bunny, donde aparece la vivienda real.

Posteriormente, una réplica a gran escala de La Casita fue colocada en el escenario de la residencia de conciertos No Me Quiero Ir de Aquí, utilizada no solo como decoración, sino como punto de reunión en las presentaciones.

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Carrasco argumenta que nunca autorizó estos usos. Afirma que firmó un documento en un teléfono móvil sin comprenderlo del todo, ya que no sabe leer ni escribir, y solo se le informó que su casa aparecería en un video, sin mencionar su reproducción en conciertos, materiales promocionales o mercancía oficial.

La demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, solicita al menos un millón de dólares por concepto de daños emocionales, pérdida de privacidad e ingresos no percibidos.

El dueño de la vivienda también denuncia que su propiedad se ha convertido en un punto de interés para curiosos que llegan diariamente a fotografiarla o grabar videos, lo que considera una invasión a su intimidad.

En los documentos judiciales, Carrasco señala que recibió apenas 5 mil dólares por la aparición de su vivienda en el cortometraje, sin compensación adicional por los usos posteriores.

🚨 DEMANDAN A BAD BUNNY

El dueño de "La Casita" le pide $1M en daños.

👉🏽 El dueño de "La Casita", Román Carrasco Delgado, conocido como Don Román (84), radicó una demanda contra Bad Bunny y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

Asegura que fue… pic.twitter.com/WqJWFgVEX7

— FuentesDelGenero (@Fuentes_Genero) September 17, 2025

La querella no solo está dirigida contra Bad Bunny, sino también contra Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR, Inc. y A1 Productions, LLC, empresas vinculadas a la producción y organización de los eventos.

El demandante acusa a todos los señalados de enriquecimiento ilícito, al beneficiarse económicamente de la imagen de su hogar sin un acuerdo justo. Hasta el momento, el equipo legal del cantante no ha emitido declaraciones, ni se ha confirmado la fecha en que iniciará el proceso judicial.