Publicado en Estrategias Jueves, 23 Enero 2014 08:43

Entre transportistas te veas…

Escrito por

A propósito de la fotografía publicada ayer en la primera plana de La Unión de Morelos, donde aparecen “muy juntitos” Víctor Manuel Mata Alarcón y Enrique    Rodríguez Zagal amenazando con hacerle la competencia a Dagoberto Rivera en    la prestación del servicio de transporte colectivo (rutas), encontramos una columna  de este servidor publicada el 4 de marzo del 2011 con los siguientes datos: El 22 de agosto del 2005 se inició una denuncia por posibles hechos constitutivos    de delito bajo el expediente SC/4ª./5933/2005-8 en contra del entonces director  general de Transportes en el Estado, Francisco Xavier García Castellá. 

 El denunciante, Apolinar Enrique Rodríguez Zagal, le imputaba el otorgamiento de 149 concesiones nuevas para prestar el servicio público de transporte sin itinerario fijo (taxis) en el municipio de Cuernavaca, a favor de la Unión de la Clase Trabajadora (UCLAT) a pesar de que existía un decreto que impedía la liberación  de cualquier concesión o permiso para prestar dicho servicio.   

La Procuraduría de Justicia, (en aquel tiempo a cargo de Hugo Manuel Bello    Ocampo) resolvió que sí había responsabilidad penal y consignó el expediente al    Poder Judicial, quedando radicado en el Juzgado Primero Menor de lo Penal.

La resolución del Juez fue bastante extraña, pues por principio de cuentas negó la    orden de aprehensión solicitada por la PGJ en contra del funcionario mencionado,    pero hizo la siguiente anotación:    “Si bien el suscrito no advierte acreditado en autos que el activo (acusado) haya  otorgado concesión alguna para la prestación del servicio público de transporte    de pasajeros, ello no implica que no se aprecien circunstancias que pudieran    constituir irregularidades en la conducta desplegada por el activo referido”.   

Enseguida, el juzgador enumera las posibles irregularidades: 1) García Castellá argumentó que no había nuevas concesiones, sino la    regularización de unas ya preexistentes, para lo cual exhibió copia certificada de    las concesiones otorgadas supuestamente en 1990, mismas que al confrontarse    con los tarjetones otorgados por García Castellá, resulta que algunos de los    concesionarios eran menores de edad cuando recibieron la supuesta concesión,    “lo cual finca duda sobre la legitimidad de las documentales en comento”.  2) Las concesiones otorgadas supuestamente a UCLAT tienen fecha de 1990    y están firmadas por José Ignacio Ávila Piña en su calidad de director general del    Transporte, siendo que en esa fecha el director del Transporte era René Sánchez    Beltrán.    3) Obra en autos copia certificada del entonces subsecretario de Gobierno, Germán Castañón Galaviz, ante la Comisión de Tránsito y Transporte del  Congreso, quien reconoció que “los oficios mediante los cuales se ordenó la    asignación de placas de matriculación para 150 concesiones fue un error, y que    incluso estaba siendo objeto de una investigación en la Contraloría General del    Estado”.   

A pesar de lo anterior, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado no dio vista a la Procuraduría de Justicia sino hasta que el ofendido lo hizo por sus    propios medios, e incluso tuvo que recurrir al juicio de garantías para que la    Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos por servidores públicos    realizara las diligencias correspondientes.

Fue así como, al expediente ya mencionado se agregaron los delitos de    falsificación y uso de documento falso, así como encubrimiento, ahora en contra    de quien fuera secretario de gobierno en el 2005, Germán Castañón Galaviz, y el beneficiario de ese acuerdo “en lo oscurito”, Víctor Manuel Mata Alarcón,    presidente de UCLAT.    Tuvieron que pasar dos años para que la referida Fiscalía emitiera un dictamen al    respecto. El 9 de noviembre del 2009, la Procuraduría de Justicia dictó un acuerdo    de no ejercicio de la acción penal a favor de Castañón Galaviz y el dirigente de la    UCLAT.   

Ahora, “El Cancún” no solamente está a favor de que se regularice a los taxistas  que consideraba “piratas”, sino que está dispuesto a ayudarle a quitarle del camino a aquellos que están en contra de la llamada “regularización”.  Ahora bien, la semana pasada exponíamos aquí los términos en que se publicó  el “acuerdo” mediante el cual se autoriza la “regularización” de taxis y rutas.   

Sostenemos que es un texto que no tiene pies ni cabeza que sólo sirve para    justificar lo que llamamos “el negocio del siglo” que consistirá en la venta de las concesiones, 25 con recibo y otra cantidad todavía no definida “por abajo del    agua”.   

En dicho acuerdo se establece que “no obstante las acciones implementadas  y que resultan efectivas para cerrar filas en contra de la delincuencia, existen    vehículos del transporte público con y sin itinerario fijo en la referida zona    metropolitana del Estado, comprendida por los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec,    respectivamente; que tiempo atrás han venido prestando el servicio público de    pasajeros sin contar con la concesión correspondiente; no obstante eso, su labor y    su existencia son del conocimiento público, puesto a que representan el sustento de muchas familias y satisfacen la necesidad de transporte de la población”.  

Por lo anterior, “se instruye a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, para que proceda de manera inmediata atendiendo a los estudios de factibilidad respectivos, a los censos y a la necesidad misma de los    grupos más vulnerables de nuestro Estado, a regularizar en términos de la Ley  de Transporte del Estado de Morelos, al transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente en la zona metropolitana conformada por los    municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano    Zapata y Xochitepec, del Estado de Morelos; debiendo de asumir los directamente    beneficiados, el compromiso de prestar el servicio público de pasajeros, bajo los lineamientos que al efecto establece la referida Ley de la materia”.  

El referido mamotreto parece indicar que se dará una concesión a toda persona    que tenga licencia de chofer, que sea pobre y que admita bajo protesta de decir verdad, que se ha venido dedicando a la prestación del servicio de manera    irregular, es decir, que es un “pirata”.    Por eso, ya metimos a la Secretaría de Movilidad y Transporte un escrito (a    manera de prueba), en la que nos acogemos a lo que dice el periódico oficial del    primero de enero y solicitamos:    1.- Acusar recibo del presente escrito con firma y sello de la dependencia.  2.- Dar respuesta en términos del artículo octavo constitucional que a la letra    dice: LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS RESPETARAN EL    EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION, SIEMPRE QUE ESTA SE FORMULE    POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA; A TODA PETICION    DEBERA RECAER UN ACUERDO ESCRITO DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE    HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACION DE HACERLO CONOCER EN    BREVE TERMINO AL PETICIONARIO.   3.- Indicarme lugar, fecha y horario donde debo entregar las documentales que    corroboran lo aquí afirmado así como las que me requieran en la contestación del    presente escrito.    4. Indicarme el lugar donde debo pagar los derechos por la expedición de mi    concesión.    5.- Informarme del día, hora y lugar donde puedo pasar a recoger mi concesión.    A ver qué contesta la autoridad.    HASTA MAÑANA

Modificado por última vez en Jueves, 23 Enero 2014 08:44
Publicado en Estrategias

Lo último de Jesús Castillo

logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.