Publicado en Estrategias Viernes, 24 Enero 2014 07:45

La herencia de Oscar Sergio Hernández

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Por enésima ocasión mencionaremos la millonaria operación orquestada por Sergio Estrada Cajigal Ramírez en los últimos días de su gobierno  para la repartición de miles de concesiones para taxis que legalmente tenían un costo irrisorio de mil 500 pesos que se depositaban en la tesorería, y 70 mil pesos que se entregaban a funcionarios de la Dirección del Transporte para ser repartidos entre los autores intelectuales de ese negocio.

Algo parecido había hecho René Sánchez Beltrán en el ocaso del gobierno de Antonio Rivapalacio López, cuando se publicó un decreto mediante el cual cualquier persona que tuviera un vehículo podía dar servicio de taxi y después se procedió a su “regularización”. Gabriel Rivas Ríos se acuerda muy bien de eso.

Pero los neopanistas (como se les denomina a los que llegaron al gobierno en el año 2000 pero que no pertenecen a la “sagrada familia”) superaron a los priístas y obtuvieron tanto dinero que muchos siguen viviendo de lo que recolectaron.

Como ya es sabido, al término de la administración estradista los panistas de alcurnia asumieron casi por completo el control del gobierno. Entre Marco Adame Castillo, Sergio Álvarez Mata (hoy beneficiario de una concesión en Infonavit), Javier López Sánchez y José Raúl Hernández Ávila, entre otros, condujeron como Dios les dio a entender este estado, hasta que perdieron la gubernatura en las elecciones del 2012.

Católicos recalcitrantes, moralistas como sólo ellos, pero bien que les endulzaba el oído la posibilidad de repartir otras miles de concesiones. Pero les faltaron agallas e imaginación.

Hicieron un primer ensayo con la liberación de concesiones para servicio de transporte de carga. Las repartieron a los líderes transportistas para que las negociaran, pero a nadie le interesó, por lo que terminaron vendiéndolas en 30 y 40 mil pesos. Apenas para recuperar gastos.

El indicado para hacer el verdadero negocio era el ex árbitro y contador público Francisco Alva Meraz, pero a la mera hora se echó para atrás porque hasta se andaba enfermando por tantas presiones.

Cuando ya fenecía la administración de Marco Adame, el número dos en el gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez se reunió con los líderes más influyentes del transporte.

Les comunicó que no iba a haber liberación de concesiones. Que la situación estaba “muy caliente” y que el gobierno prefería no meterse en problemas.

Ya para ese tiempo Víctor Manuel Mata Alarcón, el líder de la UCLAT, había aceptado compartir sus concesiones que viene peleando desde hace una década, con tal de que dejaran de oponerse a que trabajaran sus taxis “piratas”.

“Lo único que podemos ofrecerles es esto”, dijo el polémico secretario de Gobierno. Y sacó un documento de tres hojas.

“Lo vamos a publicar en el Periódico Oficial, con eso estamos dejando todo listo para que el nuevo gobierno esté en condiciones de liberarles sus concesiones”, acotó.

El escrito, cuya copia obra en nuestro poder, es un documento “sui géneris” que no se sabe si es acuerdo, decreto, oficio, carta o qué.

“Me refiero a su escrito de fecha 18 de septiembre del presente dirigido por ustedes al Dr. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en que le exponen el trabajo conjunto desarrollado por ustedes con la Dirección General de Transportes desde el mes de marzo del 20011, en la búsqueda de una solución efectiva para afrontar conjuntamente el añejo problema de la prestación no autorizada del servicio público de transporte sin itinerario fijo.

Al respecto, hago de su conocimiento que este Gobierno Estatal, consciente de la problemática que representa la prestación no autorizada del servicio público de transporte de pasajeros sin itinerario fijo para los concesionarios debidamente autorizados y para el público usuario promovió, con la participación de las Organizaciones del Transporte en el Estado, la construcción del Programa Estatal de Desarrollo del Transporte, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4948 de fecha 25 de enero del 2012, en cuyo punto II. Participación Social en la Formulación del Programa establece, como uno de los temas recomendados por los participantes en las mesas de trabajo, atender a corto plazo este problema.

“Por otra parte, los procedimientos jurídicos que se han interpuesto en contra de actos de autoridad del Gobierno Estatal en materia de transporte público de pasajeros han generado falta de certeza en la prestación del servicio para cubrir las necesidades de transporte de los ciudadanos y ponen en riesgo una fuente de ingresos para quienes operan las unidades en que este tipo de servicio se presta.

Papel muy importante en la solución de esta problemática compleja, es la construcción de una opción que resuelva la problemática referida y que se sustenta en el acuerdo expresado por los Presidentes de las diferentes Organizaciones del Transporte Público en el Estado de Morelos, que se resume en que dado el proceso de regularización, los Presidentes de Organizaciones de unidades no autorizadas, sacarán del servicio todas las unidades que no sean incluidas en este proceso en función de lo establecido en el Estudio Técnico de Necesidad elaborado por la Dirección General del Transporte, así como en los acuerdos de participación aceptadas por todos y cada uno de los participantes, los firmantes no atacarán jurídicamente en ningún momento y por ninguna vía el procedimiento de regularización que se ha referido, y se desistirán los presidentes de las Organizaciones Juan Manuel Ríos Pérez de la Central de Concesionarios  Víctor Manuel Mata Alarcón de la Unión de la Clase Trabajadora, de los procedimientos jurídicos que han promovido en contra de actos de autoridad del Gobierno Estatal en materia del transporte público de pasajeros.

“En este escenario, y en respuesta a la voluntad y objetivo común que han demostrado haber alcanzado tanto las organizaciones que agrupan a los concesionarios del Transporte, como las organizaciones que agrupan a quienes prestan el servicio no autorizado, en el sentido de comprometer la terminación total del servicio del transporte de pasajeros sin itinerario fijo con la regularización parcial de algunas de sus unidades, este Gobierno Estatal estima procedente aprobar, dentro del marco legal, dicha opción de atender 74 (setenta y cuatro unidades de la Central de Concesionarios presidida por Juan Manuel Ríos Pérez, de 150 (ciento cincuenta) unidades de la Unión de la Clase Trabajadora presidida por Víctor Manuel Mata Alarcón, así como 468 (cuatrocientas sesenta y ocho) para unidades de las organizaciones del transporte público firmantes que prestan el servicio autorizado de transporte de pasajeros sin itinerario fijo en el municipio de Cuernavaca, para complementar las 692 (seiscientas noventa y dos) restantes que establece el Estudio Técnico de Necesidad ya referido, y tal como quedó establecido en las mesas de trabajo.

“El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior procederá de conformidad con lo establecido en la Ley de Transporte del Estado de Morelos y su Reglamento, así como en el Estudio Técnico de Necesidad elaborado por la Dirección General del Transporte y en los acuerdos de participación aceptados por todos y cada uno de los presidentes de las organizaciones firmantes.

“En consecuencia de lo anterior , el Gobierno Estatal asume el compromiso de publicar, en su caso, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, el Acuerdo por el que se establece la regularización del transporte de pasajeros sin itinerario fijo en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, en los términos que previamente se ha descrito”. Atentamente, el secretario de Gobierno, Ing Oscar Sergio Hernández Benitez”.

Lo más increíble de todo es que dicho texto publicado en el periódico oficial no es general sino particular. Sí, el documento está dirigido a las siguientes personas:

Apolinar Enrique Rodríguez Zagal, Abimael Quiroz Pineda, Víctor Lara Alarcón, Carlos Guadarrama Rosas, Anselmo Delgadillo Saavedra, Silvestre Mendoza Villalobos, Adolfo García Zúñiga, J. Antonio Arizmendi Quintana, Juan Quiroz Orozco, Víctor Manuel Mata Alarcón, Juan Manuel Ríos Pérez, Laurencio Díaz Morales, José Luis Lugo Rebollar, Francisco Aguilar Mendoza, Gerardo Gutiérrez Quinto y Clemente Jesús Sánchez Brambila.

Y son ellos quienes ven en este documento que carece de cualquier validez jurídica, un cheque en blanco endosado a su favor por el entonces secretario de gobierno. Esa es la razón por la que ahora “como hermanitos” se juntan cada vez que alguien amenaza con escamotearles lo que ellos ya ven como “una conquista del gremio” o una especie de herencia que les dejó el Partido Acción Nacional.

Pero tan no tiene validez legal, que el acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” sospechosamente el primero de enero pasado, no hace ninguna referencia al documento firmado por Oscar Sergio Hernández Benítez el 20 de septiembre del 2012 para quedar bien con sus amigos los transportistas.

Por lo pronto, ya varios ingenuos acudieron a Base Zapata a depositar sus 25 mil pesos para apartar sus concesiones.

HASTA EL LUNES. 

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