Aunque la competencia por los puestos de elección popular en el Poder Judicial Federal como consecuencia de la reforma judicial se ha centrado en los 9 lugares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina y los Tribunales Colegiados de Circuito, hay un espacio que resulta fundamental para la vida productiva de este país: los juzgados de Distrito especializados en la materia laboral.
Un Juzgado de Distrito especializado en materia laboral es una autoridad judicial federal encargada de resolver conflictos laborales individuales y colectivos cuando estos corresponden al ámbito federal. Su creación está relacionada con la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 1 de mayo de 2019, y su implementación se ha dado de forma gradual desde 2021. En Morelos hay dos de estos Juzgados que pertenecen al decimoctavo circuito federal.
Y como ya es del dominio público, el primero de junio de este año se llevarán a cabo elecciones para determinar quiénes ocuparán esos cargos en cuyas manos estarán los conflictos entre patrones y trabajadores. Se presume que, para acatar el principio de paridad de género, uno de estos juzgados será ocupado por un hombre, y el otro por una mujer.
Hasta ahí no hay mayor problema, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo una flamante idea: dividir al estado de Morelos en dos distritos; el primero que abarca la capital (Cuernavaca) y su zona conurbada (Temixco, Emiliano Zapata y Jiutepec); y el segundo distrito el resto de los municipios.
De acuerdo con la boleta electoral (que ya puede usted consultar por internet), los ciudadanos morelenses según la sección que les corresponda podrán optar por las siguientes candidatas y candidatos:
Primer Distrito: Diana Jaimes Villanueva y Martha Alicia Robles Godoy por las mujeres; y por los varones Francisco Canizales Saldivar, Adrián López Sosa y Miguel Ángel Miranda Rojas.
Segundo Distrito: Daniel Martín Vargas Jiménez, Fernando Zaragoza Díaz, y como única representante del género femenino, Stephani Soriano Aguado.
En honor a la verdad, al único que conocemos es a Daniel Martín Vargas Jiménez, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la UAEM y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Colegio Jurista, además de una Especialidad en Relaciones Laborales en el Instituto de Posgrado en Derecho.
Su trayectoria en la administración pública y la Iniciativa Privada es muy variada: desde la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (INE), el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, hasta el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como subdirector en áreas como la Dirección de Constancias de Representatividad y la Dirección de Revisión y Contratos Colectivos, con domicilio en la Ciudad de México.
Actualmente es director jurídico de la recién creada Coordinación de Movilidad y Transporte, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Morelos. De acuerdo con el portal del INE, su propuesta concreta sería el fortalecimiento en la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) como una forma de reducir los juicios laborales.
De los demás candidatos sabemos poco. Diana Jaimes Villanueva es nacida en Cuernavaca pero ha desarrollado su actividad profesional fuera del estado. Es licenciada en Derecho por una Universidad incorporada a la Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una Maestría en Derecho Laboral y un Diplomado de Especialización en Justicia Laboral por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Actualmente, es doctorante en Derecho en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y magistrada en funciones en otra entidad.
Alicia Robles Godoy es litigante en un despacho y tiene, además de la carrera de Derecho en la UNAM, la de Psicología.
Francisco Canizales es egresado de la UAEM, actualmente es servidor público en la Junta Federal de Conciliación y en su currículum admite haber sido representante de un partido político ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), sin mencionar a qué partido en específico.
Adrián López Sosa es egresado de la Universidad del Tepeyac y actualmente es funcionario del Consejo de la Judicatura Federal. Miguel Ángel Miranda Rojas es egresado de la Universidad Metropolitana y trabaja en el despacho Barrera & Miranda como litigante.
Fernando Zaragoza Díaz también tiene su propio despacho (obviamente en material labora) y es egresado de la Universidad del Valle de México.
Finalmente tenemos a Stephani Soriano Aguado, quien ha resultado toda una revelación, pues a pesar de su juventud tiene una enorme trayectoria profesional. Tiene la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac); una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Colegio Jurista de Morelos; y una especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca, España.
Se inició en la vida laboral en un despacho jurídico como litigante, después como apoderada legal del Ayuntamiento de Temixco y como asesora de la Regiduría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Bienestar Social.
Posteriormente se integra al Ayuntamiento de Cuernavaca en la Dirección General de Asuntos Contenciosos en materia laboral y amparos y más recientemente en el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos (IDEFOM) y a partir del 2022 se desenvuelve como abogada del Sindicato de Trabajadores de los Centros de Abastecimiento, Mercados y Empleados del Ayuntamiento de Cuernavaca, además de dar clases en el Colegio Jurista.
Como podrán ver, estimados lectores, no hay mucho de dónde escoger, y ojalá que quienes ganen el puesto de Jueces de Distrito en materia laboral a través del voto popular actúen realmente como servidores encargados de aplicar la Constitución, y no se sientan con el compromiso de resolver a favor de aquellos que votaron por ellos.
HASTA MAÑANA.
