Una de las razones por las que Juan Salazar Núñez aceptó sin chistar dejarle su lugar a Leonel Díaz Rogel, es porque -sin torcer ninguna ley- en poco tiempo estará ganando el mismo sueldo que su sustituto y con el mismo personal de seguridad e incluso vehículos para transportarse. Sí, tendremos dos fiscales anticorrupción que mantendremos con nuestros impuestos, sólo que uno trabajará, y el otro sólo disfrutará de su pensión vitalicia, y las prerrogativas que autorizó la anterior Legislatura para los exfuncionarios de la Fiscalía.
La cuestión de su pensión se fundamenta en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma que -de acuerdo con una columna que publicamos recientemente- es la más magnánima de la república mexicana, pues establece en su artículo 58 que la pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los municipios, con tan sólo 18 años para las mujeres y 20 para los hombres.
El artículo 59 refiere que la pensión por cesantía en edad avanzada se otorgará al trabajador que, habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 10 años de servicio. Juan Salazar Núñez reúne los requisitos para ambas modalidades, de ahí que solamente requiere que la Comisión del Trabajo y Previsión Social le apruebe su jubilación para seguir viviendo del erario como lo ha venido haciendo desde hace muchos años.
Quizás se tenga que enfrentar con la diputada Tania Valentina Rodríguez, presidenta de dicha comisión legislativa y dirigente del Partido del Trabajo en la entidad, a quien intentó desaforar con base en una carpeta de investigación sobre una camioneta que alguna vez estuvo a su nombre y que años después fue asegurada con droga.
Fueron ocho votos a favor y 12 abstenciones con los cuales se dio por desechado este asunto que solicitó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) desde septiembre y se resolvió el 24 de octubre del año pasado. Quizás Tania Valentina “se la quiera hacer cansada” pero para eso es abogado el exfiscal y a base de amparos puede obtener su jubilación cuyo monto lo sabremos muy pronto.
Ahora bien, por cuanto a su seguridad personal debemos recordar que el 28 de diciembre de 2022 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, el Acuerdo 09/2022 por el que se reglamentan las prerrogativas por servicios prestados a que se refiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
“…debe exponerse que con la autonomía que el constituyente local le otorgó a este organismo, se concedió también la facultad reglamentaria, la cual debe ser entendida como la posibilidad que le ha sido concedida para expedir sus propias disposiciones normativas, con el propósito de regular las acciones que desarrolla en el ámbito de su competencia, delimitar las atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las políticas permanentes de especialización técnica, profesionalización y rendición de cuentas, debiendo respetar en todo momento la Constitución Federal, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte, los Códigos y Leyes Nacionales, Generales y Federales que rijan su actuar procesal, la Constitución local y, en general, toda disposición jurídica aplicable”, dice el referido acuerdo en sus considerandos.
Y bajo esa premisa, ordena en el Artículo 7 que, conforme el artículo 100 de la Ley Orgánica, “desde el momento en que la persona titular de la Fiscalía General, o las personas titulares de la FIDAI, la Fiscalía Antisecuestro, las Fiscalías Regionales o las Especializadas, dejen de ocupar el cargo que venían ostentando, cualquiera que sea el motivo de su separación o por fallecimiento a causa del servicio, así como sus familias, mantendrán el mismo dispositivo de seguridad que tuvieron asignado durante el ejercicio de sus funciones”.
Más adelante explica que los escoltas que integran el dispositivo de seguridad no podrán ser sustituidos ni reducido en su número, “tampoco los vehículos, equipamiento, armamento, pertrechos y demás elementos asignados para su seguridad y protección”, y no podrán recibir órdenes del nuevo servidor público, sino de quien fue su jefe en funciones.
Es decir, que Juan Salazar y Adriana Pineda deben agradecerle a Uriel Carmona el que los haya incluido en ese grupo selecto de personas protegidas por el Estado. Uriel se asignó un beneficio exclusivo para él: el permiso para portar arma, bajo la figura de “personal operativo honorario de acuerdo a lo que establece el inciso c) del apartado B de la fracción I del artículo 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.
Lo anterior se lo informamos para que, si uno de estos días ve a Juan Salazar Núñez llegando a un restaurante con dos vehículos llenos de escoltas armados hasta los dientes, sepa que todo es legal, y que lo está pagando usted con sus impuestos.
Ahora falta ver qué tan “faramalloso” es el nuevo fiscal, Leonel Díaz Rogel, porque si también va a querer un dispositivo de seguridad como el de su antecesor, no habrá suficientes elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para cuidar a tanto funcionario, tanto en retiro, como en funciones.
Por cierto, una acertada decisión de Leonel Díaz Rogel fue la creación de la “Unidad de Atención Temprana” de la FECC, que ofrecerá “servicios cercanos, oportunos, con empatía y profesionalismo a las personas que han sido víctimas de delitos relacionados con hechos de corrupción. Esto, en un horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 14 horas”, según informó ayer su oficina de Comunicación Social.
Esta unidad brinda atención inmediata y personalizada, con apoyo legal, psicológico y emocional, garantizando un trato sensible, ético y eficiente. Desde este primer contacto, se pueden iniciar investigaciones preliminares para identificar el tipo de delito cometido y definir la ruta adecuada para su atención, ya sea mediante la apertura de una carpeta de investigación o canalizando el caso a otras áreas especializadas.
Y es que, como lo señalamos repetidamente en este espacio, la FECC se caracterizó por su falta de empatía no sólo con los justiciables, sino también con los servidores públicos de otras instituciones. Aquí reproducimos las quejas de los actuarios de los diferentes juzgados del Poder Judicial, que cuando llegaban a notificar a la Fiscalía, tenían que esperar bajo los rayos del sol a que el guardia de seguridad fuera a ver si estaba el funcionario requerido, y hasta entonces le abrían la puerta.
Abrir una oficina donde la gente pueda llegar a buscar orientación y no esté bajo los rayos del sol no resuelve los grandes problemas de procuración de justicia, pero es un buen principio en la nueva etapa de la polémica Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos.
HASTA MAÑANA.
