El Congreso de Morelos vive una fuerte tensión desde hace ya varios meses. Al arrancar la LVI Legislatura se formaron dos bloques: el primero denominado G12 donde están integrados los diputados de Morena que son 10 más una diputada de Nueva Alianza y un diputado del Partido Verde y que se supone son aliados de la gobernadora. Por otro lado está el G8 que integra a los 4 diputados de Acción Nacional, los dos diputados del Partido del Trabajo, la diputada del PRI y una más de Movimiento Ciudadano.
El grupo mayoritario es el G12, pero es una mayoría que se convirtió en inservible porque requieren de 2 votos más para prácticamente aprobar cualquier cosa. Esa mayoría también les dio la posibilidad de presidir la Mesa Directiva con la diputada Jazmín Solano.
Lo complejo ocurre al interior de este mismo grupo, porque al arranque de este año ya son varios que están pensando en ocupar la Presidencia del Poder Legislativo lo que ha derivado en pugnas internas y disputa por el poder y control del dinero de esta Legislatura que ahora es de más de 600 millones de pesos al año.
El martes quedó esto en evidencia con algo tan simple como es un partido de fútbol en el estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, donde la gobernadora Margarita González anunció un torneo cuadrangular que se disputará en junio, pero este no es el punto, sino que, al término del anuncio, existió una “cascarita” que convocó la gobernadora para presidentes municipales y diputados locales.
A esa cascarita llegaron todos los alcaldes emanados de Morena y otros más provenientes de otros partidos políticos, lo curioso es que no llegó ningún diputado local de Morena y si llegaron todos los diputados locales del G8 que todos supondríamos que no son afines a la gobernadora.
Ahí estuvieron en primerísima fila y debidamente uniformados el anfitrión José Luis Maya Torres; el de Jojutla, Alan Martínez; el de Yautepec, Eder Alonso; el de Xochitepec, Chalo Flores; el de Temixco, Israel Piña, y -no podía faltar- el director del Instituto del Deporte del Estado de Morelos, Juan Felipe Domínguez.
Entre los legisladores pudimos ver a los panistas Francisco Sánchez Zavala y Gerardo Abarca; el petista Alberto Sánchez y hasta el diputado federal Agustín Alonso.
Este vacío que le hicieron a la gobernadora los diputados locales de Morena quedó patente y pareciera que están más ocupados en ver cómo quitarán a Jazmín Solano de la Presidencia del Congreso y apoderarse del Legislativo.
EL PRONUNCIAMIENTO DE CIPRIANO SOTELO. – Interesante y contundente el pronunciamiento publicado ayer por el Dr. Cipriano Sotelo Salgado, uno de los juristas de mayor prestigio en el estado de Morelos:
El próximo 17 de mayo se tiene previsto el quinto informe de labores que como presidente del Tribunal Superior de Justicia debe rendir ante el pleno de magistrados Jorge Gamboa Olea. En sus anteriores informes, Gamboa se refirió a los avances que -dijo-, bajo su administración logró la justicia morelense.
No vamos a debatir ahora, si es o no verdad lo afirmado en aquellos informes; lo que hoy nos llama la atención es el informe venidero.
En teoría, a Jorge Gamboa le queda un año más al frente del tribunal. Solo la publicación de la reforma judicial podría acortar su temporalidad e irse a su casa en breve.
La reforma judicial aprobada el 4 de abril por el Congreso de Morelos indica que, una vez publicada en el periódico oficial, el pleno de magistrados debe sesionar para integrar una terna, la cual será calificada por los diputados.
En caso de avalarla, de sus integrantes deberá votarse y elegirse al nuevo presidente del TSJ.
Han pasado 40 días desde la aprobación de la reforma judicial. El Poder Ejecutivo se ha abstenido de publicarla, permitiendo con ello que Jorge Gamboa se siga ostentando como magistrado presidente.
Desde la aprobación de la reforma, la gobernadora de Morelos había reconocido públicamente la labor de Gamboa como presidente; lo que hace suponer su decisión de aplazar su relevo, permitiéndole así dar su último informe de labores.
No sabemos si Jorge Gamboa podrá dar su informe. No sabemos si el grupo oponente de magistrados querrá impedirlo o lo dejará pasar.
No queremos reflexionar ahora sobre la legalidad de Jorge Gamboa o Juan Gabriel Vargas en el cargo.
Ambos se dicen presidentes; pero lo cierto es que ambos carecen de legitimidad.
Ninguno logra el reconocimiento legal, ni moral.
A ninguno le hacen caso los de adentro, ni los de afuera.
Lo único cierto es que esto tiene a la justicia morelense sumida en una crisis.
No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de desechar la controversia constitucional 145/2025 promovida por el magistrado Juan Gabriel Vargas que alegaba la comisión de los poderes ejecutivo y legislativo de reconocerlo como presidente del TSJ, lo que de suyo daría a Jorge Gamboa un aire de legalidad, pero -se insiste- no de legitimidad.
HASTA MAÑANA.
