El nuevo fiscal general del Estado, Edgar Maldonado Ceballos, recibió una Fiscalía llena de deudas, y no hablamos de cuestiones de dinero, porque en eso su antecesor presumía que tenía el dinero suficiente para comprar un helicóptero. Nos referimos a las deudas con la sociedad, por los escasos resultados en materia de homicidios y feminicidios.

Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos (2018-2024), se registraron varios homicidios de figuras políticas y sociales que generaron gran consternación y señalaron posibles vínculos con disputas de poder, corrupción y violencia política. Ninguno resolvió el fiscal Uriel Carmona.

Ayer, el empresario y político morelense Faustino Javier Estrada alzó la voz mediante una carta abierta dirigida a la presidenta de la República para exigir su intervención y apoyo a fin de que se cumplan las órdenes de aprehensión en contra de las y los presuntos responsables que se asociaron para tratar de quitarle la vida en aquel atentado del 23 de junio de 2023. “Dos homicidios más están relacionados con mi caso, y la Fiscalía no ha realizado las investigaciones correspondientes”, señala el ex diputado federal y local.

Y hoy, en diversos medios de comunicación, seguramente apareció una misiva firmada por el gremio periodístico para exigir el esclarecimiento del homicidio de nuestro colega Roberto Carlos Figueroa, perpetrado el 26 de abril del año pasado. Aunque se supone que hay avances en la investigación, hasta el momento no hay ninguna carpeta judicializada.

Sabemos perfectamente que es una herencia que le dejó Uriel Carmona al nuevo titular de la FGE, Edgar Maldonado, sin embargo, él tiene la responsabilidad de acelerar las investigaciones y darle respuesta a la sociedad morelense que lo eligió indirectamente a través de nuestros representantes populares en el Congreso Local.

Y hay varios casos más que los morelenses queremos saber quién o quiénes fueron los autores materiales e intelectuales:

El caso de Samir Flores Soberanes, defensor ambiental y comunicador indígena, sigue sin esclarecerse seis años después de su asesinato el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. Samir se oponía al Proyecto Integral Morelos, que incluye una termoeléctrica, gasoducto y acueducto, y su muerte se considera un ataque a la libertad de expresión.

A pesar de que el caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en agosto de 2023, no ha habido avances significativos. La Fiscalía General del Estado de Morelos había identificado a cuatro presuntos responsables, pero uno de ellos estaba detenido en otro estado al momento del asesinato, lo que sugiere que Uriel Carmona sólo buscaba un “chivo expiatorio” para justificar su trabajo.

El feminicidio de la diputada local Gabriela Marín Sánchez, asesinada a plena luz del día en una de las principales avenidas de Cuernavaca el 5 de octubre de 2022. Esa tarde, el protagónico fiscal llegó de inmediato y, sin que nadie se lo preguntara, se aventuró a decir que era un homicidio “político”, lo que no pudo acreditar nunca más.

El artero asesinato de Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), también a plena luz del día a escasas cuadras del centro de Cuernavaca, el 21 de marzo de 2024. Tampoco hay avances, o quizás Uriel Carmona utilizó la información a cambio de favores.

Y aún hay más:

Jesús García Rodríguez (empresario y líder sindical). El 8 de mayo de 2019, fue baleado durante una manifestación de ambulantes en el Zócalo de Cuernavaca mientras reporteros entrevistaban a un funcionario público. También resultaron heridos Roberto Castrejón Jr., líder de comerciantes del Centro Histórico, y Jesús René Pérez, compañero comunicador.

Conocido como “Don Chuy”, García fue un militante del PRI y aspirante a la gubernatura de Morelos en 2018. Era padre de Juan Manuel García Bejarano, asesinado en 2017 durante la cabalgata que inauguraba la Feria de Cuernavaca.

En este caso cabe mencionar que, tanto en el caso de Jesús García como el de su hijo, los autores materiales están detenidos e incluso sentenciados, pero no se sabe quiénes les pagaron para que cometieran el crimen, o no han querido proceder contra ellos por tratarse de personajes importantes.

La lista de casos sin resolver es interminable. En abril de 2023, tres jóvenes fueron asesinados en Huitzilac, Morelos. La Fiscalía de Morelos detuvo a Luis Alberto Ibarra Ramírez, conocido como "El Diablo", como presunto responsable. Sin embargo, Ibarra Ramírez fue liberado tras alegar que fue torturado durante su detención. Además, mencionó a un hombre cercano a Carmona, apodado "Erick Criminal", como presunto responsable de las muertes, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad de la investigación.

Ahora bien, habrá que tomar en cuenta que por mucha disposición que tenga Edgar Maldonado, él no es un policía ni un investigador, de ahí que debe de apoyarse en verdaderos profesionales de la investigación para tratar de esclarecer los casos aquí mencionados y otros que vayan surgiendo.

La pregunta que surge es: ¿es Jorge Antonio Hernández Narez la persona indicada para encabezar todas esas investigaciones?

Hernández Narez era escolta del fiscal Uriel Carmona y se ganó tanto su confianza que lo nombró director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Cuando vino el relevo en la Fiscalía General, los elementos pensaban que el primero que saldría despedido sería Jorge Antonio Hernández, pero cuál sería su sorpresa que el jefe policiaco fue ratificado en el cargo. ¿Cuánto tiempo le dará Maldonado Ceballos a Hernández Narez para que ofrezca resultados tangibles?

Lo sabremos muy pronto.

HASTA MAÑANA.