La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos presentó ayer el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP), que es el instrumento de evaluación anual que permite conocer la situación y las condiciones que imperan dentro de los centros de reclusión en el Estado. En cualquier otro gobierno, bastaría con este documento para correr a todos los funcionarios que tienen que ver con el tema de la reinserción social.

Si bien es cierto que la calificación obtenida por los centros de reclusión en general van de regular a deficiente, el diagnóstico sobre el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya es simplemente demoledor, no sólo por la calificación a todas luces reprobatoria de 4.87, sino porque el gobierno está en manos de los grupos de poder al interior del penal y no de las autoridades.

No se requiere ser un experto en sistemas penitenciarios para saber que el Penal está fuera de control, basta con observar el número de cadáveres regados en el piso, quemados, sin cabeza, a raíz de los hechos ocurridos en noviembre del año pasado.

También, el hecho de que en redes sociales proliferen fotos y videos donde las personas privadas de su libertad (PPL) hasta mandan saludos a sus familiares y amigos, demuestra que diariamente entran teléfonos celulares de todos los tamaños y marcas a través del personal de custodia, que ve en esa actividad ilícita la forma de completar sus ingresos.

Según se dijo ayer, dicho diagnostico tiene como principal objetivo hacer del conocimiento de la población y la autoridad competente en la materia la situación puntual del Sistema Penitenciario y de los Centros de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, “a efecto de que sea un instrumento efectivo que contribuya a la construcción de políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad”.

El DESP se desarrolla bajo las bases y la metodología establecida en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria (GNSP), instrumento creado por la CNDH en coordinación con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, de la cual forma parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lo anterior, ante la conveniencia de contar con una metodología uniforme para realizar las evaluaciones penitenciarias en todo el país.

Dicho diagnostico se efectúa mediante visitas y recorridos en cada uno de los Centros de Reinserción Social con los que cuenta el Estado, así como en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), donde se aplican diversos instrumentos diseñados específicamente con el objetivo de recabar información específica para posteriormente llevar a cabo el procesamiento de dicha información y el análisis de los resultados.

El Diagnostico Local consta de la aplicación de tres instrumentos, enfocados en los siguientes rubros: 1.- Entrevista con la autoridad responsable del Centro de Reinserción Social; 2.- Aplicación de cuestionarios a una muestra mínima del 10% o más de la población recluida; y 3.- Un Recorrido por las áreas que realiza el personal de la CDHM. Ahora bien, por cuanto a la obtención de resultados el ejercicio consiste en calificar en escala del 0 a 10 una gama de indicadores y sub-indicadores que representa las condiciones mínimas que deben existir en un Centro de Reinserción Social, esto de acuerdo al marco normativo nacional e internacional aplicado a la materia.

De los Centros de Reinserción Social visitados, tres presentaron una alarmante sobrepoblación, uno se encuentra a punto de llegar a su capacidad máxima de instalación, y solamente uno cuenta con una población acorde a los parámetros establecidos. Situación que de manera directa repercute en todas las demás áreas evaluadas, trayendo consigo insuficiencia en las actividades laborales, las de capacitación, los talleres, las actividades deportivas, educativas, el servicio médico e incluso la alimentación.

“En dicho sentido, el hecho de que existan áreas que rebasan de manera considerable su capacidad, trae consigo condiciones de hacinamiento, imposibilitando contar con aquellos entornos o aspectos que garantizan una estancia digna. Quedando exento de la presente observación únicamente el Centro de Reinserción Social de Jonacatepec, mismo que se encuentra acorde a su capacidad de instalación”, dice el documento.

Por otra parte, de acuerdo al Inegi, en promedio, los centros penitenciarios estatales del país han tenido de 2010 a 2016 una persona encargada de vigilar a 8.6 personas privadas de la libertad. En Morelos hay 27 internos por cada custodio, y aquí agregaríamos, que es un custodio mal pagado, sin capacitación y proclive a la corrupción.

Al hablar del autogobierno, que no es otra cosa que la aplicación de lo que conocemos como “la ley del más fuerte”, la CDH es bastante sutil para mencionarlo:

“En ese orden de ideas, es evidente que sin importar el autor o el estudio, se coincide en que la falta de personal de seguridad y custodia trae consigo escaso control por parte de las autoridades del centro, respecto a la seguridad y de las diversas actividades que se realizan al interior (laborales, deportivas, culturales, etc.), así como de los posibles servicios con los que podrían contar las PPLs (luz, agua, alimentación, entre otros); situación que propicia que algunos grupos de Personas Privadas de la Libertad ejerzan determinado control en diferentes áreas, lo que genera que en los centros prevalezcan condiciones de autogobierno y/o cogobierno”.

Lo que no menciona es que esos grupos de autogobierno están financiados por grupos externos de la delincuencia organizada, es decir, que al igual que en el exterior, cárteles como Los Rojos, Los Guerreros Unidos, y ahora los del Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan la distribución de droga al interior del Penal de Atlacholoaya, y si pueden controlar eso, pueden controlar absolutamente todo.

“Durante el 2019, se han iniciado en esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 28 expedientes de Queja, los cuales se relacionan por presuntas violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social del Estado de Morelos; de los cuales 8 han sido archivados conforme a algunas de las hipótesis jurídicas que establece el artículo 70 del Reglamento Interno de este Organismo; se ha emitido 1 Recomendación; actualmente se encuentra en Integración 15 expedientes, y 4 se encuentran en Proyecto de Recomendación”, dice el informe.

Después de conocer lo anterior, no nos sorprende que se den las siguientes estadísticas (aunque se advierte que le dieron una ayudadita): 2 riñas; 42 lesiones dolosas; 1 fuga; 2 suicidios; 9 homicidios; 21 decesos por enfermedad y un motín, todo ello tan sólo en el 2019.

 ¿No es suficiente lo anterior para hacer cambios en la coordinación de Reinserción Social? Todos creemos que sí, menos el comisionado de Seguridad Pública y el secretario de Gobierno.

HASTA MAÑANA.