En la lista figuran un líder sindical, altos funcionarios de la FGE y la hermana de la magistrada presidenta del TSJ.

Un líder sindical, altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y hasta la hermana de la representante del Poder Judicial fueron beneficiados con decretos pensionarios por la anterior legislatura.

Daniel Hernán López Rodríguez, quien ingresó a la burocracia como músico, culminó en medio de la polémica y golpeteos entre sus agremiados como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

A diferencia de una larga lista de trabajadores en espera de la publicación de sus decretos de jubilación, el líder sindical obtuvo ya su retiro al 100% de su último salario que, dice el decreto publicado el 5 de septiembre en el órgano de difusión oficial, tenía como pasante de topógrafo, adscrito al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 de enero de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2017.

Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas, fue otra de las beneficiadas con el decreto exprés expedido por la anterior legislatura y publicado por la Secretaría de Gobierno.

La hermana de la magistrada, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia Dieciséis de la Sala Auxiliar, obtuvo su pensión al 75% de su salario. Este caso cobra mayor relevancia tomando en cuenta que el TSJ atraviesa una crisis financiera para el pago de pensiones y hay trabajadores de base y hasta jueces en espera de que, en algunos casos, se publiquen sus decretos y, en otros, que se haga efectivo el pago de sus jubilaciones para disfrutar de su retiro.

En vísperas del cambio de administración, también Angélica Danae Velázquez Luna, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del fiscal general, obtuvo su pensión al 60% de su último salario.

También Norma Angélica Toledo Camacho, quien laboraba como fiscal de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la FGE, se retiró con el 70% de su última remuneración.

 

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Entró en vigor al publicarse el decreto que le otorga el pago del 95 por ciento de su último salario; inconsistencias ponen en duda su supuesta antigüedad laboral.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la “pensión dorada” de Karina Arteaga Gutiérrez, otrora directora de Recursos Humanos del Congreso local y cuyo decreto de jubilación presenta presuntas irregularidades, al no cumplir la ahora ex funcionaria con la antigüedad para obtener como pensión el 95% de su último salario y al existir dudas sobre la autenticidad de sus constancias laborales.

Una revisión al decreto pensionario 3400, publicado este miércoles en el órgano oficial de difusión y al currículum vitae de Arteaga Gutiérrez, hace visibles varias inconsistencias que ponen en duda que la ex funcionaria haya laborado “a la fecha de su solicitud 27 años, 1 mes, 27 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido”.

Según el decreto, durante su trayectoria pública Karina Arteaga ocupó nueve cargos en administraciones municipales en el extinto Instituto Estatal Electoral y el Congreso de Morelos. El primero de ellos, cuando apenas había cumplido 16 años de edad y ya atendía asuntos financieros del Ayuntamiento de Tepalcingo.

Nació en Cuernavaca en agosto de 1973 (según su hoja laboral que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y actualmente tiene 45 años.  Siendo una adolescente, el 10 de septiembre de 1989 ingresó como auxiliar contable a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, donde laboró hasta el 31 de mayo de 1997.

En esta temporada no sólo laboró en el municipio ubicado en la región oriente de Morelos sino que paralelamente estudió la Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo egresada de la generación 1991-1996; y laboró o realizó su servicio social en la Contraloría General del Estado entre septiembre de 1995 y febrero de 1996, pues en un currículum vitae aseguró que desempeñó el cargo de auxiliar auditor (aunque este empleo no fue contemplado en el decreto).

Al culminar su labor como funcionaria de Tepalcingo, de inmediato se incorporó también como auxiliar en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, donde laboró del 1 de junio de 1997 al 30 de septiembre de 2003, es decir 6 años con 3 meses.

Pero es en este periodo donde se nota la primera inconsistencia en el cómputo de años trabajados al servicio del estado.  Al revisar el formato electrónico de dos diferentes currículos vitae de Arteaga Gutiérrez, uno del Congreso y otro del órgano electoral, se advierte que durante estos seis años no laboró en el ayuntamiento  de Atlatlahucan sino en dos empresas del rubro farmacéutico establecidas en la Ciudad Industrial de Cuernavaca  (Civac) en el municipio de Jiutepec.

De acuerdo con la hoja laboral de la ex directora de Recursos Humanos del Congreso, ella trabajó en el consorcio Inter MG S.A. de C.V.  de marzo de 1997 a mayo 2001 como analista contable y en la empresa Investigación Farmacéutica S.A. de C.V. de agosto de 2001 a julio a 2003 como asistente de gerencia.

El 1 de octubre de 2003 y hasta el 15 de marzo de 2004 ingresó como auxiliar contable en la bancada parlamentaria del partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano y del que es militante) y del 15 de marzo al 23 de noviembre de 2004 laboró como coordinadora administrativa del grupo parlamentario del partido que sigue liderado por Jaime Álvarez Cisneros, ex diputado y otrora operador político de la actual administración.

El 1 de diciembre de ese año, Karina Ortega fue designada brevemente como consejera electoral en el extinto Instituto Estatal Electoral, cargo que ocupó por poco más de 8 meses (del 1 de diciembre de 2004 al 12 de agosto de 2005).

Fue hasta el 1 de noviembre de 2006 cuando Karina Arteaga se reincorporó nuevamente, pese a su experiencia obtenida y los cargos ocupados, como auxiliar contable de la Tesorería Municipal de Atlatlahuacan hasta el 30 de septiembre de 2008.

Días después, el 14 octubre de 2008 fue designada titular de la Unidad de Evaluación de la entonces Auditoría Superior de Fiscalización, donde laboró hasta el 30 de junio de 2015.

Del 23 de septiembre al 27 de octubre de 2015 se desempeñó como subdirectora de recursos humanos del Congreso y del 28 de octubre de 2015 al 14 de mayo de 2018 ocupó su último cargo como directora de recursos humanos del Poder Legislativo.

Conforme al recuento de las fechas estipuladas en el decreto, la ex funcionaria tendría 26 años 11 meses y un día de servicio, y no los más de 27 años para obtener una pensión al 95% de su último salario como lo establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

A ello se suma que durante seis años no habría laborado en el municipio de Atlatlahuacan sino en la iniciativa privada y cuyo tiempo se tendría que restar a los años laborados al servicio del estado, así como el porcentaje de la pensión. Además, de investigarse si las constancias laborales expedidas por los ayuntamientos y dependencias gubernamentales son o no auténticas.

Hasta el momento no hay un cifra confirmada del último salario de la ex funcionaria, pues en la última nómina del Congreso disponible en internet –que data de 2016- dice que el salario mensual, sin incluir compensaciones, es de 15 mil pesos menos deducciones. Al aprobarse el decreto, se estimaba que la remuneración de Karina Arteaga oscilaba entre los 30 mil y 40 mil pesos.

Karina Arteaga Gutiérrez by uniondemorelos on Scribd

 

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Pagar pensiones implicaría dejar de liquidar sueldos a los trabajadores activos, dice regidor.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) planea suspender el pago a proveedores e, incluso, pedir a la tesorería municipal un adelanto de participaciones para pagar a los trabajadores jubilados, informó el regidor de Relaciones Públicas, Jorge Pallares Morales.

Señaló que cumplir con el pago a los jubilados es complicado, ya que en los últimos meses los ingresos del organismo bajaron a 17 millones de pesos, debido a que los usuarios no pagan por el servicio de agua.

Por eso, los integrantes de la Junta de Gobierno del SAPAC buscan otras opciones, como pedir prórroga a los proveedores de químicos para tratar el agua, solicitar un adelanto de participaciones y hasta vender algunos terrenos propiedad del municipio.

También solicitaron a la directora del organismo operador, María Luisa López Sotelo, hacer un esfuerzo y pagar las pensiones, aunque es difícil porque el pago a los jubilados implicaría dejar de pagar a los activos.

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Sin embargo, admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora" en el Congreso del estado.

La diputada perredista Silvia Irra Marín, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, justificó las jubilaciones 'doradas' aprobadas por la vía rápida en el último del periodo ordinario de sesiones y aseguró que estuvieron apegadas a derecho.

La legisladora local, quien en un primer momento se negó a dar declaraciones al argumentar que se encuentra de vacaciones, pidió a los ciudadanos que han criticado el actuar de los diputados, que lean la Ley del Servicio Civil antes de cuestionar.

"La ley dice que mientras los trabajadores tengan 18 años dentro de los poderes del gobierno, tienen derecho a una jubilación, incluso, dice, no importa la edad, y tampoco dice no importa el parentesco y, mientras a mí me ampare la ley, a mí no me importa si son funcionarios de gobierno, si son las esposas de los diputados o de los presidentes, o de quien sea. Mientras la ley los ampare, yo no tengo la capacidad de quitarles un derecho que la ley les da", declaró.

Irra Marín admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora", pues siguen en revisión en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Es que de acuerdo a la legisladora, en todos los dictámenes aprobados, previamente se realiza una investigación en los lugares de servicio de cada trabajador, y dicho procedimiento se aplicó en todos los casos. Sin embargo, las jubilaciones de las esposas de los diputados Francisco Navarrete Conde y José Manuel Tablas Pimentel, Denya Flores Sánchez y Helena Marín, se hicieron con cargo al Congreso, aunque nunca se les vio trabajar en alguna área de dicho Poder. 

Entre los integrantes de la lista de los nuevos jubilados con pensiones "doradas" están la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez; el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, Francisco Velázquez Adán; Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno, Ángel Colín, y Karina Arteaga Gutiérrez, directora de Recursos Humanos del Congreso.

También Stephanie Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales; además de Bertha Rodríguez Báez, directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.

 

 

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Anuncian que en cuanto la institución reactive sus actividades, se reinstalarán en plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta.

Trabajadores en retiro del Poder Judicial exigieron el pago de sus pensiones, luego que supuestamente el Poder Ejecutivo autorizó una reasignación presupuestal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el pago de jubilaciones.

Martha Arroyo Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados “Maestro Jesús Bello Espíritu”, explicó que la semana pasada fueron publicados los decretos pensionatorios de María Guadalupe Cervantes González, Argelia Leana Fierros, Rosalba Juárez Camacho y Alejandra Rojas Porcayo, quienes acudieron este lunes a la Dirección de Administración del TSJ a cobrar su pensión del último mes y el dinero que se les adeuda desde su retiro, hace más de diez meses.

Pero la respuesta del director de Administración, Octavio Rosales Gutiérrez, fue que no tenía ni presupuesto ni información de que debía hacerles el pago.

Arroyo Moreno dijo que esto fue devastador para sus compañeras jubiladas, algunas de ellas provenientes de la región oriente del estado, quienes tuvieron que pedir prestado para costear su traslado a Cuernavaca y regresaron a casa con las manos vacías y con la abrumadora preocupación sobre qué harán para conseguir sustento.

Recordó que recientemente fue autorizada una reasignación presupuestal al TSJ para el pago de varios decretos jubilatorios, con base en lo ordenado por la Suprema Corte sobre la resolución de diversas controversias constitucionales en las que, esencialmente, se ordenó etiquetar recursos para que el TSJ pague las pensiones de los trabajadores en retiro.

“Se siguen violentando los derechos de los trabajadores. Es lamentable que mis compañeras hayan venido desde Cuautla para que les dijeran que no hay ni autorización ni presupuesto para pagarles la pensión que se les adeuda desde hace más de 10 meses”, señaló.

Dijo que además de los jubilados que han protestado e instalado un plantón en la explanada del TSJ, hay 18 trabajadores más en espera de que se publiquen de nuevo sus decretos, ya con el presupuesto etiquetado, y otros 21 en están en espera de que se resuelva su situación.

Sin embargo, el número de jubilados afectados por el no pago de su pensión es mayor, porque el TSJ promovió más de 130 controversias constitucionales contra los decretos de pensión argumentando falta de presupuesto.

La representante de los jubilados expresó que una vez que el TSJ reactive sus actividades, reinstalarán el plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta para exigir el respeto a sus derechos humanos y el pago inmediato de sus pensiones.

 

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Los campesinos exigen la entrega de abono y los jubilados el pago a 16 agremiados de una mensualidad.

Puente de Ixtla.- Ayer un grupo de ejidatarios de este lugar tomó las instalaciones de la presidencia municipal en demanda de la entrega de fertilizante para los cultivos de sorgo y maíz. A la par jubilados y pensionados del Ayuntamiento se manifestaron en la comuna por el adeudo a 16 agremiados del pago correspondiente al mes de junio.
En el primer caso, los ejidatarios encabezados por Raúl Ciriaco Villanueva, presidente del Comisariado Ejidal de la cabecera de Puente de Ixtla, procedieron a cerrar la presidencia municipal alrededor de las 10 de la mañana para exigir la entrega de fertilizante para poco más de 60 campesinos que aún están en espera de este apoyo, para iniciar la siembra de sorgo y maíz.
"Junto con los ejidatarios decidimos tomar las instalaciones de la presidencia por la falta de entrega del apoyo del fertilizante. Faltan entre 50 y 60 productores de este ejido por recibir este insumo indispensable para la siembra; ya estamos a 11 de julio y no hemos podido iniciar, esto nos podría causar pérdidas considerables. Además de que los productores tenemos que poner el 50 por ciento del apoyo y los ejidatarios lo entregaron desde hace dos meses, pero no hemos tenido respuesta", dijo Raúl Ciriaco.
Agregó que ayer no tuvieron respuesta por parte de ninguna autoridad; por ello, advirtió que este jueves volverán a tomar el Ayuntamiento desde las ocho de la mañana hasta que reciban el apoyo ya pagado por los beneficiarios.
"Se ha insistido con las autoridades que se está pasando el tiempo de la siembra pero no dan solución. Hacemos responsable a la regidora de Desarrollo Agropecuario, Yemina Sánchez Mata, que no supo organizar el apoyo a los campesinos, que goza de un salario y no realiza su trabajo", enfatizó.
De forma paralela, el grupo de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Puente de Ixtla pretendía tomar la presidencia por la falta del pago de la mensualidad de 16 agremiados del área administrativa; sin embargo, al llegar al lugar, se sumaron a la manifestación de los ejidatarios que ya habían ocupado la alcaldía.

Jesús Urbina Pichardo, delegado de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, dio a conocer que determinaron tomar la presidencia porque no se ha pagado la mensualidad correspondiente al mes de junio a 16 jubilados administrativos.
Agregó que mantendrán las manifestaciones hasta que se cumpla con el depósito que suma alrededor de 150 mil pesos. "Ya no les creemos. Nos estaremos manifestando hasta que se haga el pago correspondiente. Sin embargo, cuando llegamos a tomar la presidencia, ya los ejidatarios la habían tomado, así que nos quedamos aquí, pero sin causas separadas", acotó.

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Representante legal asegura que desde el año 2012, a más de 300 descendientes de revolucionarios se les ha negado el beneficio.

Ayer, los integrantes del llamado Frente Zapatista de la República protestaron ante Palacio de Gobierno para exigir el pago de lo que –aseguran- por derecho les corresponde a más de 300 descendientes de los revolucionarios, a los que se les ha negado desde el año 2012, cuando se emitió un decreto por el Congreso del estado para apoyarlos en necesidades básicas como salud, alimentos y seguridad social.

Arturo Castañeda Paredes, representante del Frente, informó que ayer presentaron un escrito en la oficina de Palacio de Gobierno en el que se pide el pago de las pensiones a los descendientes de zapatistas antes de que concluya la presente administración.

Aunado a lo anterior, Castañeda Paredes dijo que recientemente se nombró a nuevos encargados de la comisión creada para atender a los descendientes de revolucionarios, lo que les hace pensar que es una acción para retrasar aún más el cumplimiento de la pensión y dejar ese pendiente a la próxima administración, con el riesgo de que tampoco le dé seguimiento.

"...no sólo se trata de un recurso que tengamos que recibir, sino la dignificación de los revolucionarios que participaron al lado del general Emiliano Zapata", agregó el representante del Frente Zapatista.

 

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La magistrada presidenta se comprometió a liquidar el aguinaldo faltante antes del 15 de enero y de agilizar los procesos de aquellos cuya jubilación fue impugnada.

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Miércoles, 02 Diciembre 2015 01:35

Burócratas anulan movilizaciones

Diputados locales se comprometen a no aprobar la reforma al sistema de jubilaciones; buscan otra opción, como un Instituto de Pensiones

La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado determinó calificar como improcedente la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que en materia de seguridad social presentó el Poder Ejecutivo, con la finalidad de desaparecer el sistema estatal de pensiones y jubilaciones.

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La iniciativa se presentó ayer; sindicalizados de los tres poderes y de diversas alcaldías protestan en el recinto legislativo

"¡Que se deseche! ¡Que se deseche! ¡Que se deseche!", exigieron decenas de trabajadores sindicalizados de los tres poderes del estado y de ayuntamientos que irrumpieron, ayer ante el Congreso del estado, para protestar en contra de la iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil, en materia de seguridad social.

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