Faltan políticas públicas que generen confianza y estabilidad en sector privado: Canaco.
La inseguridad en el oriente del estado ha provocado el cierre de al menos 250 unidades económicas en el último año, denunció Juan Ambrosio Díaz Olvera, director de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cuautla.
El representante empresarial explicó que la jurisdicción de la cámara abarca nueve municipios de la región y la situación ha generado una seria preocupación entre el sector, debido a la falta de políticas públicas claras que brinden confianza y estabilidad.
“Esto nos preocupa bastante porque deja en evidencia que no existe una política pública, ni municipal, ni estatal, ni federal que genere confianza, tranquilidad y bienestar”, afirmó.
De acuerdo con Díaz Olvera, el principal factor que ha llevado al cierre de negocios son las extorsiones del crimen organizado, aunque también reconoció que la baja en las ventas ha impactado en algunos casos.
El dirigente empresarial señaló que la violencia no sólo afecta al comercio, los servicios y el turismo, sino también al sector educativo. “Los niños y jóvenes ya no pueden ir solos a la escuela; esta situación genera intranquilidad y un reclamo legítimo de la ciudadanía, que exige vivir en paz y con bienestar”, agregó.
Respecto al trabajo con las autoridades, Díaz Olvera reconoció que ha habido acercamientos con el Ayuntamiento de Cuautla, pero consideró que los esfuerzos aislados no son suficientes.
“Si no hay un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, no habrá resultados. No basta con enviar elementos del Ejército, de la Guardia Nacional o de la Policía estatal; necesitamos saber qué acciones concretas están tomando: ¿a quiénes detienen, qué confiscan, qué avances existen?”, cuestionó.
El líder de la Canaco subrayó que los comerciantes y empresarios formales cumplen con sus obligaciones fiscales, pero lamentó que además se les pretenda imponer “otro tipo de cobros” a través de la delincuencia organizada.
Finalmente, advirtió que algunos agremiados ya evalúan retirarse de la cámara o cerrar definitivamente sus negocios, lo que representa un golpe adicional a la economía regional.