La fiscal Antisecuestro, Adriana Pineda Fernández, defendió los resultados de su gestión.

La fiscal Antisecuestro Adriana Pineda Fernández defendió los resultados de su desempeño, al asegurar que disminuyó en más de 70 por ciento los casos de secuestro y logró consolidar institucionalmente la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Ante las críticas del legislador José Casas, quien exigió su dimisión al frente de la Fiscalía Antisecuestro, y las cifras tanto del gobierno federal como de la organización civil Alto al Secuestro que ubican a Morelos entre las entidades con mayor incidencia de plagios, afirmó que desde la creación de la UECS a la fecha puede notarse el antes y el después, tanto estadística como institucionalmente.

Afirmó que mientras en el 2013 el estado Morelos llegó a registrar un promedio de 12.5 casos de secuestro por mes, en los últimos tres años el descenso fue notable, ya que en el 2018 la cifra promedio mensual de casos se redujo a 3.8, en el 2019 a 5.8 y en primer semestre de 2020 el promedio fue 3.4 casos.

También, dijo en su defensa, en los últimos siete años han sido sentenciados 517 secuestradores, lo que significa que cada cuatro días un plagiario recibió una condena. En el mismo periodo, fueron detenidas tres personas implicadas en un secuestro, lo que significa que cada tres días hubo una detención relacionada con este delito.

Sostuvo que en los últimos años se ha logrado una coordinación y consolidación institucional para combatir el secuestro y abatir la impunidad, pese a que Morelos es una entidad que se encuentra en medio de otros estados con altos índices delictivos y de movilidad.

“Esa es la diferencia entre el ahora y el pasado. En el pasado no había infraestructura, no había personal ni había integralidad (sic) institucional como lo hay ahora”, expresó Pineda Fernández, que en los próximos días será oficialmente designada como titular de la recién creada Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

Indicó que se ha trabajado fuerte en lograr la confianza ciudadana y la socialización de la labor de la UECS y la prueba es que mientras en el 2013 había 80 denuncias por el delito secuestro ante las autoridades federales por la desconfianza hacia las autoridades locales, actualmente no existe ninguna.

Adicionalmente, dijo, no existe ninguna denuncia o investigación que involucre a algún elemento antisecuestro con algún caso de corrupción o implicación con el crimen organizado.

 

 

 

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Jueves, 14 Noviembre 2019 05:10

Junio y julio, meses más violentos: fiscal

Son los periodos en que suele registrarse mayor violencia contra las mujeres: García Betanzos.

La fiscal especializada para la Investigación y Persecución del Delito del Feminicidio, Fabiola García Betanzos, señaló que junio y julio suelen ser los meses en los que se registra mayor violencia contra las mujeres y en los que la temperatura suele ser uno de los factores que provocan este aumento. 

Adelantó que está por lanzarse la convocatoria para seleccionar a quienes integrarán la Unidad de Análisis y Contexto de la fiscalía especializada, lo que permitirá estudiar y observar metodológicamente la violencia contra la mujer con base en las estadísticas y los casos que investiga la fiscalía.

Precisó que de enero a la fecha la fiscalía registró 28 feminicidios  y 56 muertes violentas de mujeres, pero hasta concluir el 2019 estará en condiciones de concretar un análisis comparativo que permita con claridad establecer si se mantuvo la estadística, si los casos disminuyeron o aumentaron. 

 “La comparativa la vamos a hacer al cierre de año, eso es algo que debemos de hacer. Obviamente los meses más violentos siempre serán junio y julio, esto es por una situación criminológica, implica obviamente, ustedes no lo van a creer, pero uno de los factores es el clima, que en determinado momento puede influir como otros factores. El feminicidio es multifactorial y entonces debemos de atender esa situación. 

“Hoy tenemos esta incidencia delictiva, pero al cierre del año podremos hacer un balance de si está en aumento o no”, indicó.

Explicó que los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar también suelen tener un repunte en ambos meses, y estos indicadores deben ser susceptible de estudio, no nada más por parte de los abogados, sino también de los sociólogos, criminólogos, antropólogos sociales, “y ese es uno de los objetivos de integrar un equipo multidisciplinario para la Unidad de Análisis y Contexto, para que nos den estas causas, que nos digan cómo lo vamos a atacar y cuál es el mapa criminológico”.

 

 

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Lunes, 15 Julio 2019 05:14

Hoy nombrarán al titular de la ESAF

La designación de comisionado del IMIPE será hasta agosto.

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Sus ambiguas declaraciones hacen referencia a Francisco Moreno Merino, quien también encabezó el Poder Legislativo.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, confirmó que se investiga a por lo menos otro ex diputado de la LIII Legislatura que pudiera estar involucrado en la comisión de algún delito, por no haber enterado las aportaciones de los trabajadores del Congreso local ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado.
"No les puedo decir exactamente, (pero hay)  otro ex diputado, que fue presidente de la Mesa Directiva a quien le señala por el hecho de no haber enterado las aportaciones que tenían que haberse pagado a este instituto", detalló.
Es que los actuales diputados, así como el asesor Anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez, cuestionaron el hecho de que Francisco Moreno Merino, ex diputado priista y quien fue por más de un año presidente de la Mesa Directiva del Congreso en la pasada legislatura, no haya sido imputado al igual que sus ex homólogas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, ya que presuntamente también está relacionado con actos de corrupción.
Salazar Núñez afirmó que ningún ex legislador está exento, pues la actual legislatura promovió denuncias en contra de quien resulte responsable por el daño causado al Poder Legislativo.
En cuanto al caso de la ex diputada Beatriz Vicera, dijo que aunque está amparada por la justicia federal, el proceso judicial en su contra debe seguir, por lo que están en espera de que el juzgado de control llame a nueva audiencia y aseguró que existen elementos para vincularla a proceso por el delito de peculado.
"La exdiputada Beatriz " N" deberá presentarse ante el juez que giró la orden de aprehensión, la suspensión que tiene es una suspensión provisional", explicó.

 

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Pese al llamado de atención de los legisladores, la fiscalía anticorrupción asegura que trabaja “respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo”.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rechazó haber puesto en riesgo la investigación que se sigue en contra de las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, por considerar que los datos sensibles de la indagatoria permanecen reservados.

A través de un breve comunicado, la dependencia rechazó la postura del Congreso local, que exigió a la fiscalía especializada y a su titular, Juan Salazar Núñez, “conducirse con secrecía en todas las investigaciones y ponerse a trabajar”, “más cuando se trata de asuntos tan delicados donde se ha dañado tanto al erario público y donde la sociedad morelense exige justicia, ya que a tres años de la creación de esta Fiscalía no ha dado resultados”.

La fiscalía anticorrupción afirmó que nunca reveló datos sensibles y que la institución continuará su trabajo respetando la legalidad y el debido proceso.

“En relación al comunicado emitido por el Congreso de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción aclara que en ningún momento se ha puesto en riesgo el proceso derivado de la denuncia iniciada por dicha instancia, en virtud de que los pormenores y detalles de la investigación son reservados y estos datos serán revelados hasta la audiencia respectiva.

“Esta institución siempre actúa y seguirá haciéndolo respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo, con total apego a la legalidad y de manera transparente, honesta e imparcial”, estableció en su comunicado.

La postura del Congreso surgió a raíz de que el martes la fiscalía dio a conocer que retiró la formulación de imputación contra las exlegisladoras y robustecerá la investigación con nueva información aportada por la exsecretaria de Administración del Congreso, Patricia Bandera Flores, quien inicialmente sería imputada junto con Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera, pero la fiscalía retiró los cargos y ahora será su testigo.

 

 

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Uriel Carmona Gándara comparecerá hoy ante legisladores.

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Ciudadanos cuestionan el desempeño de Juan Salazar Núñez y la falta de resultados al frente de la FECC; “ataque a la libertad de expresión”, proceso contra reportera, señalan.

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" se manifestaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en apoyo a la periodista Maciel Calvo y en protesta por lo que calificaron como "ataque a la libertad de expresión". Exigieron la salida del fiscal Juan Salazar Núñez por no cumplir con su función.

Los inconformes lanzaron huevos al portón de acceso de la Fiscalía, en protesta porque no fueron recibidos, y “como un signo para que el titular tenga el valor de atacar la corrupción”.

El grupo de miembros de dicha asociación se congregó en el cruce de las avenidas Poder Legislativo y Vicente Guerrero, desde donde marcharon hasta la sede de la Fiscalía.

Gabriel Rivas Ríos, líder de la organización, expuso que “mientras permanezca el fiscal anticorrupción, no se van a hacer bien las cosas. Hay carpetas de investigación que les han echado abajo… han demostrado una total incapacidad, o bien, hay interés de que las cosas no caminen”. Consideró que el exgobernador “Graco Ramírez sigue metiendo las manos para que le cubran las espaldas”.

Rivas Ríos externó que decidieron manifestarse en protesta porque consideran que “hay un ataque a la libertad de expresión”; lo anterior, en relación con el anuncio hecho por el propio titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, respecto a la apertura de una denuncia (para exigir su derecho de réplica) en contra de la reportera de esta casa editorial, Maciel Calvo.

Rivas Ríos sostuvo que el actuar del fiscal “también es un ataque a la libertad de prensa, a los derechos humanos… Hoy un fiscal anticorrupción se atreve a demandar a una periodista por decir lo que otros ya saben, que fabricó pruebas para meter a la cárcel al exrector de la UAEM, Alejandro Vera”.

Aseveró que el denunciar a un medio de comunicación, en este caso a una periodista, es una clara muestra del intento por acallar cualquier crítica, ya sea de periodistas, o por parte de activistas o defensores de derechos humanos, por lo que hoy exigen un alto a las agresiones de este tipo.

Según Rivas Ríos, Juan Salazar es un funcionario impuesto y heredado por el exgobernador Graco Ramírez, a quien aparentemente pretende proteger junto a ex servidores públicos por irregularidades detectadas; de igual modo, señaló que es de dominio público que este personaje no ha rendido resultado alguno hasta la fecha.

“Ahora resulta que los corruptos nos van a demandar por denunciar la corrupción, por decirles lo que son. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó Rivas Ríos.

El dirigente de la organización se refirió así al proceso iniciado por el citado fiscal contra La Unión de Morelos y la reportera Maciel Calvo, por una nota sobre la resolución de un juez local en torno al caso de Alejandro Vera Ramírez y su esposa.

Salazar Núñez recurrió a la justicia federal para exigir lo que consideró su derecho de réplica y su escrito fue publicado en La Unión de Morelos, pese a lo cual, continuó el procedimiento judicial por algunos días, por estar inconforme por la manera en que había sido atendida su exigencia.

Finalmente se desistió y, ayer, después de la protesta, su área de prensa emitió un comunicado en el que señala que “La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) respeta la libertad de expresión, así como la de manifestación; jamás ha actuado por consigna ni por presiones de ninguna índole”.

Aunque en ese contexto dice que el martes se reunió con la reportera Maciel Calvo, el comunicado evita decir que fue para realizar una entrevista periodística (que aún no se ha publicado) a petición de la reportera.

El boletín de prensa asegura al final que “Esta Fiscalía se rige por los valores y principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, ética, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, transparencia, respeto a los derechos humanos, honorabilidad, responsabilidad, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio”.

 

 

 

 

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Una activista encaró al funcionario y le reprochó su proceder.

En lo que va del año se han registrado en Morelos 19 feminicidios, informó la representante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en la entidad, Digna Ochoa, quien este viernes demandó al fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara, que no se revictimice a mujeres desaparecidas y a jóvenes que son localizadas.

La activista abordó al funcionario estatal cuando éste salía del Palacio de Gobierno. Le expresó su preocupación por la forma en la que se ha dado a conocer la información acerca de menores de edad que estaban reportadas como desaparecidas y que fueron localizadas.

Explicó que van al menos tres casos, en los que se divulga la imagen de las mujeres de entre 14 y 15 años, se da a conocer que “se fueron por su propia voluntad” y que “estaban con el novio”. Se dice que “no estaban desaparecidas”.

Encaró al fiscal, a quien le reclamó que se exhiba a las niñas y jóvenes de esa manera porque las revictimiza, las coloca en una situación de escarnio.

Uriel Carmona Gándara respondió que en lo personal está de acuerdo, agradeció el comentario de Díaz Pineda, se comprometió a corregir esta situación, pero le pidió que presentara su solicitud por escrito, para darle el curso formal y remitirlo a la Visitaduría. Díaz Pineda se comprometió a entregar el oficio requerido el lunes.

En entrevista, informó que la organización tiene registrados 19 casos de feminicidio en Morelos y externó que la preocupación mayor es que la tendencia parece ir en aumento, ya que en enero de este año, el mes cerró con diez casos y hoy estamos a mitad del mes y ya hay nueve.

En cuanto a desapariciones, indicó que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa tiene un recuento de 24 mujeres desaparecidas, de las cuales 20 fichas de búsqueda y localización de la Fiscalía fueron emitidas en enero y cuatro en lo que va de este mes.

Susana Díaz expresó que no ven políticas eficaces y un indicador es que la autoridad, incluso, se niega a dar una estadística oficial de dicho delito. “Lo que nos mueve a levantar la voz es que no hay una estrategia; no hay más que declaraciones totalmente fuera de contexto, cuando no se dice que a las mujeres se les quita la vida porque forman parte de la delincuencia organizada, se les dice que son prostitutas. Estamos ante una autoridad que se niega a reconocer que el tema de la inseguridad de las mujeres está rebasado”, añadió.  

 

 

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El proceso impulsado por el Ejecutivo para remover a Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez perdió validez legal desde diciembre, por desidia de diputados: Zapotitla Becerro.

El proceso de destitución que inició el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado en contra de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, perdió validez legal desde diciembre pasado, por desidia de los mismos diputados que lo respaldaron.
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el proceso de remoción caducó en diciembre del año pasado, pues los integrantes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas no le dieron seguimiento "por alguna extraña razón" y, ahora, el Poder Ejecutivo deberá promover uno nuevo, mediante otras causales, si pretende la salida de los dos fiscales.
"Vale la pena que le pregunten al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por qué la detuvo, que le pregunten a los iniciadores de esta situación. Tenían un plazo de 15 días hábiles para resolver y se venció este plazo el 18 de diciembre. De tal manera que la Comisión de Justicia que tanto buscó tener en sus manos una resolución de este dictamen, pues de repente paró el tema, llama la atención. Lo cierto es que legalmente se venció el plazo", agregó. 
Cabe recordar que fueron los diputados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) quienes impulsaron el proceso para remover del cargo a los llamados "fiscales carnales".
Zapotitla Becerro informó que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación continúa la investigación que inició en contra de los fiscales, para sustentar su destitución y evitar que permanezcan en el cargo dos funcionarios que fueron designados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez.

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Afirma que, de concretarse, su remoción sería un mal precedente en el país.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, acusó al Congreso de violentar su derecho de audiencia y debido proceso, al explicar su inasistencia a la comparecencia convocada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, como parte del proceso para su remoción del cargo.

A través de un comunicado, el fiscal estatal manifestó no estar en condiciones jurídicas para presentarse a la comparecencia, porque el citatorio que fue enviado por la comisión legislativa, y que le fue entregado al mediodía del martes, no tenía anexado el escrito de solicitud de remoción presentado al Congreso por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ni tampoco fue informado de las supuestas causas graves que pudieran justificar su cese.

También alegó que el Congreso no le envió ningún documento con las supuestas pruebas en su contra (en las que algunos diputados afirmaron que carece del examen de control y confianza), ni le concedió ningún plazo razonable para defenderse ni para ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos, “sino que violando las garantías de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia”, se le pretende destituir.

Acusó al Congreso de pretender un atentado en contra de la autonomía de la Fiscalía General y que, de proceder su remoción, sin el cumplimiento de los procedimientos y garantías constitucionales, “se estaría dejando patente un ejemplo a nivel nacional, de que la autonomía de los órganos de procuración de justicia pudiera ser una mera simulación, puesto que la autonomía del Ministerio Público debe ser ajena a los vaivenes de los intereses políticos, de grupo y especialmente de índole personal”.

 

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