En un comunicado, el Ayuntamiento de Cuernavaca informó que la síndico municipal Marisol Becerra de la Fuente y el secretario general Erick Santiago Romero Benitez participaron en la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, realizada la mañana del viernes en la plaza de armas "Emiliano Zapata", en la capital de Morelos.

Representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, estudiantes y maestras de educación primaria y secundaria y público en general, presenciaron la demostración de las destrezas de los binomios caninos de Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.

Entre ellas, exhibieron la detección de enervantes y explosivos, defensa en situación de ataque y para inhibir atracos y ataques en la vía pública.

De igual modo, se anota que la Mesa de Coordinación Territorial consiste en la estrategia conjunta de los tres niveles de gobierno para combatir la violencia e inseguridad, cuyos representantes montaron módulos de información a la población en materia de prevención del delito y cualquier tipo de abuso.

Asistieron también a este evento miembros del cabildo, delegados y funcionarios municipales.

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Diputados locales se reúnen, este viernes, con alcaldes para impulsar un rescate financiero a favor de los municipios.

Previo al encuentro, los ediles afirmaron que escucharán las propuestas de los legisladores, pero reconocieron que buscan se aplique un ajuste en el cobro de derechos.

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*En más del 50% del padrón de beneficiarios*

La Secretaría de la Controlaría del gobierno del estado detectó graves irregularidades en el proceso de regularización de taxis del 2014, en más del 50 por ciento del padrón de beneficiarios.

Al respecto, el secretario de la Contraloría, César Santana Nava, informó que de estas anomalías tendrían responsabilidades los ex secretarios de Movilidad y Transporte, como principales responsables de dicho proceso.

Lo anterior, derivado de la conclusión de la investigación iniciada por la Contraloría, desde el 2018, según anotó Santana Nava.

El contralor explicó que al haber concluido el proceso y por las anomalías detectadas, se turnó a la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, la cual definirá si el caso se turna al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

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*Para el organismo*

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, reiteró la necesidad de que el Poder Ejecutivo autorice una ampliación presupuestal para el organismo, ya que los más de 50 millones de pesos aprobados para este 2020 son insuficientes.

Refirió que se buscará un encuentro con las autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso local, a fin de plantearles la solicitud; de lo contrario, aseguró que sería complicado el inicio del proceso electoral 2021.

León Trueba señaló que el Impepac enfrentará gastos muy altos en operatividad, que el gobierno del estado debe prever, a fin de que se pueda lograr el buen desarrollo de las elecciones de las autoridades municipales y diputados locales.

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*En investigaciones iniciadas en contra de jueces*

El fiscal anticorrupción deberá responder por la falta de resultados en las investigaciones iniciadas en contra de jueces, afirmó hoy el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro.

En entrevista, el legislador indicó que se presume que Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), pretende proteger a los jueces señalados por presuntos actos de corrupción.

Lo anterior, lo sostuvo el diputado local al hablar sobre la problemática en el tema de seguridad, además de anotar que se requiere de una mayor coordinación entre las autoridades estatales.

Al respecto, Zapotitla Becerro insistió en que mientras la Comisión Estatal de Seguridad (CES) trabaja para combatir la inseguridad, desde el Poder Judicial se señala a jueces.

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*En todos los niveles de gobierno*

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, sostuvo que es necesario revisar el trabajo de las autoridades en todos los niveles de gobierno sobre el combate a los feminicidios.

Ante la alta incidencia de este delito a nivel nacional, la legisladora consideró que se deben revisar las políticas públicas que se aplican para atender el tema.

Morales Sandoval señaló que más allá de medidas punitivas, como la condena de 60 años que se establece por el feminicidio, insistió en que se deben aplicar medidas preventivas.

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El Congreso del estado debe iniciar un proceso de evaluación en contra del fiscal anticorrupción por su falta de resultados, así lo sostuvo la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

En entrevista, la legisladora afirmó que derivado de la integración de la glosa del informe, el Congreso local debe concretar dicho proceso, pues es claro que Juan Salazar Núñez no ha cumplido con su trabajo.

Mazari Espín también refirió que es facultad del Congreso avanzar en el tema y sólo hacer recomendaciones al Ejecutivo, si es necesario, sobre el trabajo de los secretarios de despacho.

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Luego de que se diera a conocer por parte del secretario de Gobierno que se investiga a 11 jueces por la liberación de 64 presuntos secuestradores en Morelos, y de hacer un llamado al Poder Judicial, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles sentenció que sin justicia difícilmente en Morelos se encontrará la paz social que las familias y la sociedad demandan.

También puntualizó que "al poder judicial le urge un cambio de rumbo para recuperar la credibilidad y la confianza de la gente en este pilar de la democracia tan seriamente cuestionado en los últimos cuatro años. Estamos llamados a revisar nuestros procedimientos de designación de jueces, pues en los últimos años se hicieron designaciones sin exámenes de concurso de oposición".

De igual modo, Arenas Ángeles aseveró que "por ello es urgente retomar el mandato de la constitución y los tratados internacionales, que exigen que nuestros jueces para ser designados sólo sea a través de convocatorias transparentes que impulsen la carrera judicial, como garantía de autonomía e independencia de nuestros jueces, en donde su único jefe sea la constitución, la ley y su conciencia".

Añadió que "quizás fue un error por parte de la actual administración dejar de aplicar exámenes de concurso para designar a nuestros jueces; la falta de evaluación permanente, la falta de aplicación del código de ética, etcétera".

Concluyó afirmando que "a la sociedad de Morelos le urgen jueces no sólo autónomos e independientes, sino valientes pero con valores. En síntesis, no sólo con conocimientos del derecho sino además 'buenos seres humanos', porque la tarea de juzgar a nuestros semejantes no es una tarea fácil".

El magistrado continuó afirmando que seguro está que "en el poder judicial hay muchas mujeres y hombres comprometidos con la justicia pero desafortunadamente, por la falta de planeación, unidad y liderazgo de la actual administración, la situación ya se salió de control".

El magistrado Iván Arenas ya había advertido de estos temas el año pasado, por escrito, a la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, y a través de denuncia pública.

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El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que son investigados 11 jueces por la liberación de 64 presuntos secuestradores.

El encargado de la política interna en Morelos indicó que el Ejecutivo estatal hace un respetuoso llamado al Poder Judicial, para que se revise esta situación.

Por otra parte, Ojeda Cárdenas dio a conocer que se pondrán en marcha operativos de fuerzas federales y estatales, para proteger hospitales cuando haya detenidos o presos lesionados en calidad de pacientes.

Esto para prevenir casos como el ocurrido en Tetecala, donde un grupo armado atacó a policías y liberó a un presunto secuestrador.

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*Ante el Congreso local*

El diputado morenista Javier García Chávez adelantó que promoverá una propuesta para obligar a que los encargados en las áreas de seguridad, procuración de justicia y hacienda comparezcan semestralmente ante el Congreso del estado.

Al respecto, el legislador refirió que la iniciativa se impulsaría para que la rendición de cuentas deba darse ante el Pleno del Congreso local.

La propuesta busca reformar la Constitución Política del Estado de Morelos, que actualmente señala que la obligación de comparecer semestralmente para rendir un informe es del fiscal general.

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