El TEPJF falla contra lo que dice el video divulgado en una página de información sobre Cristina Xochiquetzal Sánchez.

En una inédita resolución, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí existió violencia política contra la diputada local del Partido Humanista, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, y vinculó al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos para capacitar y sensibilizar a los periodistas y comunicadores en materia de perspectiva de género.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano SCM-JDC-60/2020, promovido por la legisladora en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), la Sala Regional modificó la resolución por considerar que los magistrados no analizaron debidamente el caso, al no considerar el contexto y violencia que han vivido las legisladoras.

El caso tuvo su origen en una entrevista realizada por los conductores de la plataforma digital Círculo de Poder, Rafael Lara Ballesteros, conocido como Rol Lara, y Francisco González, conocido como Paco Vox, en la que los conductores fueron incisivos, cuestionaron y desestimaron el desempeño de la legisladora.

Posteriormente, la plataforma digital transmitió, con imágenes tomadas  de las redes sociales personales de la legisladora donde ella aparece bailando,  un video musicalizado con la canción “Mesa que más aplauda” del grupo Clímax (que alude a las bailarinas de table dance) y con la descripción: “Lo que nos encontramos en las redes sociales de la legisladora; hoy la Diputada Cristina Xochiquétzal, demuestra su verdadero talento que es “La bailada”, ¡y entonces todo se explica!”.

En la resolución de origen, el TEEM consideró infundados los agravios expresados por la diputada, ya que el contenido difundido por la plataforma digital fue al amparo del ejercicio de la libertad de expresión.

Respecto a la entrevista realizada por conductores del medio digital y que cuestionó el desempeño de la legisladora plurinominal, la Sala Regional consideró acertado el criterio adoptado por el tribunal local, “pues las entrevistas están amparadas por el ejercicio de la libertad de expresión y periodismo político, al cuestionar los mecanismos de asignación de puestos de elección popular, el costo al erario de cada diputación y el trabajo de la actora como diputada; sin que se advierta que están basadas en elementos de género o prejuzguen la capacidad de la actora de desempeñar un cargo público por el hecho de ser mujer”.

Además, recalcó que la crítica es una parte esencial del control de la gestión pública y no debe perderse de vista que las personas que ejercen un cargo público deben tener un grado más elevado de tolerancia a la crítica, aun cuando pueda llegar a ser dura o insidiosa.

Respecto a la difusión del video musicalizado, en el que se afirmó sugerentemente que el verdadero talento de la diputada “es “La bailada”, ¡y entonces todo se explica!”, la Sala Regional consideró que el tribunal local analizó indebidamente el caso y omitió analizar los agravios con perspectiva de género.

“La determinación del Tribunal Local pasó por alto de manera absoluta los roles y estereotipos asignados socialmente en México a las mujeres y los hombres, así como el impacto que tienen en las oportunidades de unas y otros en su desarrollo profesional y ejercicio de sus derechos.

“Lo anterior, pues existen situaciones que cuando se ven a la luz de un contexto específico (como parte de la desigualdad estructural que sufren las mujeres –especialmente en el ámbito público-, la construcción de estereotipos con base en el género o el ambiente de violencia que viven las mujeres en México), cobran un significado distinto cuando se analizan de manera aislada”.

La resolución federal consideró que el video fomenta prejuicios sexistas, dando una imagen relacionada con el sexo y no con las capacidades y aptitudes personales. Además, el tribunal local no consideró en su análisis el contexto de violencia en las que se han visto inmersas las diputadas de Morelos.

Contrario a lo afirmado por el tribunal local, la Sala Regional afirmó que “sí existió violencia política contra la actora por ser mujer, por lo que la publicación del video no está dentro de los límites de la libertad de expresión”.  

“No debe perderse de vista que, como ya se ha referido, la Suprema Corte determinó que el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites en la vida privada, la imagen, la moral y el honor de las personas, cuando se utilice un discurso de odio y un lenguaje discriminatorio.

“Específicamente en el contexto del género, del lenguaje discriminatorio puede manifestarse como lenguaje sexista, basado en prejuicios que existen sobre las mujeres y reflejan el papel social atribuidos a los hombres y mujeres durante generaciones, lo que reproduce roles de género y perpetúan una imagen de las personas relacionadas con el sexo y no con sus capacidades y aptitudes personales”.

Por tal razón, dice la sentencia, el video, tanto en su contenido como en su publicación reproduce estereotipos de género y una imagen de la actora como incapaz para ejercer la política por el simple hecho de ser mujer,  ya que para los conductores de la plataforma digital la diputada “no sirve” para desempeñar el cargo y su talento es ‘la bailada’”.

“Esta frase podría parecer una crítica fuerte a la diputada como servidora pública, (pero) en realidad no es una crítica válida en un democracia porque la discriminó por ser mujer, al basarse en roles y estereotipos de género”, recalcó.

En consecuencia, ordenó al TEEM modificar su sentencia con el fin de que prevalezca el criterio de la Sala Regional, que concluyó que sí hubo violencia política contra la diputada, y estableció que quizá los agravios cometidos por los conductores pudo derivarse de “la ignorancia de los victimarios respecto a qué es dicha violencia, qué es discriminación por razones de género, qué son los roles y estereotipos por razones de género”.

Por ello, incluyó en la resolución una síntesis sobre en qué consiste cada tipo de violencia y conminó a los comunicadores para que, en lo sucesivo, no incurran en este tipo de conductas.

Ante esta peculiar resolución, que sienta un precedente en el estado de Morelos, la Sala Regional vinculó al Instituto de la Mujer para que en un plazo de seis meses, posteriores a la notificación del fallo, realice por lo menos un curso de capacitación y sensibilización dirigido a periodistas y comunicadores respecto a los roles, estereotipos y violencia por razones de género, que impiden la consolidación de un sociedad igualitaria.

 

 

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Jueves, 09 Julio 2020 05:13

El PES busca partidos para una alianza

Jorge Argüelles dice que están abiertos incluso al PAN, PRI o el PRD.

El Partido Encuentro Social (PES) Morelos sí puede ir en coalición en las próximas elecciones y está abierta la puerta para todos los partidos, aseguró el dirigente estatal Jorge Argüelles Victorero, quien reconoció que en el proceso federal no podrá participar bajo dicha modalidad.

El diputado federal recientemente sancionado por el INE -por difundir en sus redes sociales los apoyos que entregaba con motivo de la pandemia- reconoció que a nivel federal no pueden efectuar coaliciones, pues en la elección del 2018 el Instituto Nacional Electoral declaró la pérdida de su registro al no alcanzar la votación necesaria.

Cabe recordar que el PES, siempre argumentó que el INE se negó a realizar el conteo voto por voto, y posteriormente la organización política realizó todo el proceso legal para obtener otro registro nacional, bajo el mismo nombre. Sin embargo, la ley establece que los partidos nuevos no podrán ir junto con otros a la contienda.

Sin embargo, sostuvo que irán a las elecciones intermedias solos y "será suficiente".

En el ámbito local, anotó que ya comenzaron las pláticas con líderes de diferentes fuerzas partidistas, con miras al proceso electoral que inicia en septiembre.

El PES (partido al que pertenece el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo) mantuvo el registro como partido local dada la votación obtenida en los comicios estatales. El dirigente expresó que están abiertos a todos los institutos políticos, incluso al PAN, PRI o el PRD, “siempre y cuando quieran hacer buena política”.

 

 

 

 

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El Partido Encuentro Social (PES) Morelos sí puede ir en coalición en las próximas elecciones y está abierta la puerta para todos los partidos, aseguró el dirigente estatal Jorge Argüelles Víctorero.

El lider partidista reconoció que a nivel federal no pueden efectuar coaliciones, pues el registro es nuevo, pero sostuvo que irán solos y "será suficiente".

En el ámbito local, anotó que ya comenzaron las pláticas con líderes de diferentes fuerzas partidistas, con miras al proceso electoral intermedio que inicia en septiembre.

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*De manera inmediata*

Mediante un comunicado, el Congreso del estado informó que se exhortó al Poder Ejecutivo para que impulse, de manera inmediata, un "plan emergente para la reactivación económica de Morelos" y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

Durante la sesión ordinaria del viernes pasado, el Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado por la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien lamentó que hasta la fecha no se haya impulsado un programa estatal de ayuda para evitar el cierre de miles de negocios.

Al respecto, expuso ante tribuna que el programa emergente que se cree desde el Poder Ejecutivo estatal "debe ser distinto a los programas de gobierno ya existentes y que cuenten con las reglas específicas para poder acceder a ellos", sin trámites engorrosos y de forma extraordinaria para que los apoyos financieros ayuden a los pequeños empresarios a llevar el sustento diario a sus familias.

"Sólo necesitan el impulso solidario de un proyecto económico para afianzar la reactivación de su negocio, ya sea para el pago de una renta, compra de mercancía, pago de servicios, etcétera", manifestó la diputada ante sus homólogos.

Flores Espinoza sostuvo que su compromiso como legisladora es impulsar estrategias que ayuden a la población y, en este caso, a las empresas que en la actualidad están en riesgo de cerrar de manera definitiva por las afectaciones que causó la pandemia de covid-19.

Por tal razón, convocó a las autoridades del gobierno estatal a atender su llamado y a emprender, de manera inmediata, un plan emergente que permita reactivar la economía del estado y evitar el cierre de miles de empresas.

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El Congreso local ratificó como titular de la Secretaría de la Contraloría estatal a América Berenice Jiménez Molina.

Durante la sesión ordinaria de este viernes, los legisladores consideraron que Jiménez Molina cumple con los requisitos de ley para ocupar el cargo de secretaria de la Contraloría.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso local, que finalmente ratificó por 15 votos a favor y dos en contra.

Cabe recordar que América Jiménez sustituye a César Santana Nava, quien renunció al cargo desde el pasado 15 de mayo; Jiménez Molina ocupaba hasta hoy el cargo de encargada de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

En la misma sesión ordinaria, el Pleno del Congreso tomó protesta a la nueva contralora del estado.

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*A fin de evitar colapso financiero a Morelos y sus municipios*

El Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo que pueda solicitar a la federación un adelanto de participaciones por mil 200 millones de pesos, a fin de evitar un "colapso" financiero para Morelos y sus municipios, ante las afectaciones que causó la emergencia sanitaria.

Por la vía rápida, los legisladores dictaminaron y aprobaron el decreto por el cual avalaron que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pueda participar en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), ante la reducción de las participaciones para el estado y los municipios, así como el daño económico que causó la pandemia de covid-19 en este 2020.

Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo la tarde de este viernes, se explicó que el Poder Ejecutivo podrá llevar a cabo el proceso jurídico para crear un fideicomiso no público, mismo que administrará las participaciones federales a las que se accederá como adelanto, por un monto de mil 200 millones de pesos, del cual 250 millones corresponderán a los municipios.

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En un comunicado, el Congreso de Morelos informó que al reanudar la sesión ordinaria iniciada el pasado 30 de junio, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva, presentó ante el Pleno del Poder Legislativo un paquete de iniciativas, con la intención de avanzar en los temas que han quedado pendientes a causa de la pandemia de covid-19.

Entre las propuestas presentadas por el legislador se encuentra una iniciativa para evitar la revictimización de quienes sufren el robo de su vehículo; una iniciativa de Ley contra el Acoso Sexual en Espacios Públicos y una propuesta de decreto por el que se busca tipificar el delito de fraude cibernético.

Asimismo, presentó una iniciativa para modificar la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y un exhorto para todos los municipios a fin de que promuevan el uso de cubrebocas obligatorio a las personas que transiten en los espacios públicos y de acceso público en la entidad.

En cuanto a la primera iniciativa, ésta es un proyecto de decreto para adicionar, a las leyes de Víctimas del Estado de Morelos y General de Hacienda del Estado de Morelos, artículos que permitan exentarlos del pago de gastos originados por maniobras, arrastre y almacenaje del vehículo recuperado, así como otros gastos administrativos; “es decir, el afectado no pagará ninguna cuota para que le sea devuelto su automotor”, puntualizó.

Por otro lado, en torno a la propuesta en contra del acoso sexual en espacios públicos, Sotelo Martínez detalló que “se pretende erradicar el problema de manera consistente y oportuna, para que la sociedad en sí, tenga un cambio de cultura y todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos”, sin “sentir acoso o miedo de ser objeto de alguna agresión verbal o física”.

En lo tocante al fraude cibernético, el diputado explicó que se trata de un decreto por el que se busca tipificar dicho delito a través de la adición el artículo 148 bis en el Código Penal para el Estado de Morelos y con ello “salvaguardar la identidad de la persona, y evitar el robo de datos como RFC, CURP, domicilio, fecha de nacimiento y datos bancarios, entre otros”.

Además explicó las dos iniciativas relacionadas con el tema de la pandemia, la primera “para modificar la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el que se pretende ayudar a las y los trabajadores al servicio del estado que tengan un familiar menor de edad o de la tercera edad contagiado de covid-19, otorgándoles dos semanas con goce de salario íntegro para que pueda atender a sus parientes enfermos”.

En tanto que la segunda, es un exhorto para todos los municipios a fin de que promuevan el uso de cubrebocas obligatorio a las personas que transiten en los espacios públicos y de acceso público en el estado.

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*Y de dos comisionados del IMIPE* 

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que existen acuerdos para concretar los nombramientos de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y el del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en un periodo extraordinario de sesiones.

Al respecto, el legislador explicó que se busca reponer los procesos de designación que se impulsaron el año pasado, a fin de dar legalidad a los nombramientos.

Por ello, Zapotitla Becerro refirió que tendrá que ser a finales de julio o en agosto cuando se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para atender dichos asuntos y otros pendientes de la agenda legislativa.

Mientras tanto, se ha informado que este día podría llevarse a cabo una sesión ordinaria, en la que se busca autorizar al Ejecutivo del estado a participar en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), impulsado por la federación.

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A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que el jefe del Ejecutivo en Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, participó en la reunión virtual sostenida entre integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y funcionarios del Gobierno de México, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Dicha sesión se llevó a cabo con la finalidad de analizar el semáforo epidemiológico que elabora el gobierno federal, así como la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuevo acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

En esta sesión también participaron los titulares federales de las secretarías de Economía, Graciela Márquez Colín; de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela; de Turismo, Miguel Torruco Marqués; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Además, estuvieron enlazados Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); Zoé Robledo Aburto, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Luis Antonio Ramírez Pineda, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, el mandatario estatal estuvo acompañado por Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo; Mirna Zavala Zuñiga, de Administración; Margarita González Saravia, de Turismo y Cultura, así como Marco Antonio Cantú Cuevas, de Salud.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó a los municipios de Cuernavaca y Cuautla sobre la suspensión concedida al Poder Ejecutivo estatal para efecto de que no se apliquen los acuerdos de reapertura socioeconómica aprobados por los cabildos de ambos municipios, lo que significa que a partir de este jueves, el comercio y las actividades no esenciales deberán volver a cerrar como parte de las medidas para evitar los contagios de covid-19.

“Se concede la medida cautelar para que se suspendan los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado relativo a la reapertura socioeconómica en el municipio (de Cuernavaca) a partir del 22 de junio del año en curso, exclusivamente en aquello que exceda la gradualidad o los porcentajes de la normatividad federal y estatal para la reapertura y/o reanudación de actividades, y mantenga en el acatamiento estricto a las políticas establecidas para el Estado de Morelos y sus municipios, tanto del Gobierno Federal y como de la propia entidad federativa, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del asunto”, dice el acuerdo dictado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dentro de la controversia 93/2020.

En el mismo sentido fue dictado el acuerdo dentro de la controversia constitucional 92/2020, que obliga también al Ayuntamiento de Cuautla a suspender la aplicación del acuerdo de Cabildo de reapertura socioeconómica a partir de hoy.

La medida cautelar obliga a ambos municipios a acatar las disposiciones federales y estatales ordenadas por las autoridades sanitarias, en virtud de que Morelos se mantiene en contingencia sanitaria en semáforo rojo, que significa un alto riesgo de contagio del covid-19.

La tarde de este miércoles, el ayuntamiento capitalino emitió un comunicado sobre el tema, el cual señala que: “… Una vez que ha trascendido en redes sociales y medios de comunicación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, respecto del acuerdo relativo a la reapertura económica en el municipio de Cuernavaca, información contenida en el documento relativo al incidente de de suspensión de la controversia constitucional 93/2020, se manifiesta que: El Ayuntamiento de Cuernavaca esperará a ser notificado formalmente para conocer el contenido y los alcances de lo dispuesto por el máximo órgano jurisdiccional del país para fijar su postura al respecto".

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