La mañana de este miércoles comparece ante legisladores locales el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés Román, como parte de la glosa del primer informe de gobierno.

Los diputados cuestionaron al funcionario estatal acerca de las obras de bacheo que ha llevado a cabo en Cuernavaca; la diputada Alejandra Flores Espinoza sostuvo que se ve un interés partidista en esos actos.

Valdés Román sostuvo que no hay interés político, sino el de atender las zonas más afectadas en sus vialidades.

Durante la comparecencia, Flores Espinoza también pidió al secretario de Obras que deje el cargo para evitar que siga haciendo uso de los recursos públicos del estado para hacer proselitismo.

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Miércoles, 11 Marzo 2020 05:11

Expulsa el Verde a Fernando Aguilar Palma

El alcalde de Emiliano Zapata ejerce violencia política contra la síndica Ana Olivia Albarrán Salazar; fue denunciado penalmente.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció ayer la expulsión del alcalde de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma de ese instituto político contra quien también se inició una denuncia penal por ejercer violencia política en contra de la síndico municipal Ana Olivia Albarrán Salazar.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

El Partido Verde señaló que el edil José Fernando Aguilar Palma desde el inicio de su gestión ha mostrado una conducta misógina en contra de la síndico.

En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el líder estatal Javier Estrada González, así como Juan Miguel Serrano Gastélum, secretario general del Partido Verde en Morelos, y Everardo Villaseñor González, secretario de Organización Electoral; el maestro en derecho penal Leonel García Grajales y la síndico de Emiliano Zapata, se anunció la expulsión de Fernando Aguilar, tras considerar que es grave la violencia política de género que ejerce, en su modalidad de negación de permitir llevar acabo el cabal desempeño y permanencia del cargo Constitucional de la síndico, lo que viola directamente el artículo 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el artículo  7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones II y III, 5 fracciones IV, VII, VIII, X y XI, 6 fracciones I, IV, y VI, 10, 11, 24 fracciones I y II, 27, 28, 31 fracciones II, 49 fracciones XXII y XXV y 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los artículos 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.

El líder del Partido Verde, Javier Estrada, dijo que “la expulsión moral de Fernando Aguilar Palma, obedece a qué en la vida como en la política se debe de conducir con congruencia y lealtad", y que los actos donde se violenten los derechos de las mujeres y más por un integrante de este instituto político debe ser denunciado e investigados hasta las últimas consecuencias legales, toda vez que la ciudadanía exige que hoy sean respetados los derechos humanos.

Por su parte, la síndico municipal Olivia Albarrán advirtió que desde el inicio de la campaña Fernando Aguilar siempre mostró un rechazo a su persona y que incluso nunca ha permitido que ella ejerza sus funciones a cabalidad, toda vez que cuando existe oportunidad el edil trata de evidenciar que por el simple hecho de ser mujer es una inepta para ejercer sus funciones.

Enla conferencia de prensa, el Partido Verde invitó a las demás instituciones, tanto de gobierno federal, como estatal y municipales, así como a las distintas fuerzas políticas, a que se sumen para evitar que se siga dando este tipo de actos violentos contra las mujeres y que en las próximas elecciones, quienes sean electos para ser representantes a ocupar cargos de elección popular sean personas de una verdadera moral y congruencia, “pues Morelos no necesita más políticos como Fernando Aguilar Palma”.

 

 

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El edil de Emiliano Zapata, José Fernando Aguilar Palma será separado del cargo e inhabilitado de 4 a 10 años para ocupar cualquier cargo público de elección popular, tras comprobársele el delito de Violencia Política de Genero, en contra de la Síndico Municipal, Olivia Albarrán Salazar, señaló el maestro en derecho penal, Leonel García Grajales, quien dijo que la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales fue en su modalidad de Sometimiento, acoso laboral, denigración a su cargo, discriminación y negación de desarrollar su cargo y restricción de espacios públicos necesarios para desempeñar su encargo y extorsión de obligarla a dejar el cargo en mes y medio.

El jurista detalló los tipos de violencia ejercidos contra la síndico municipal: la Institucional, donde el servidor público la comete por acción u omisión cuando discrimina, dilata, obstaculiza o impide el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres; y la laboral, que comete la persona que tiene vínculo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica y que por acción u omisión en abuso de su poder daña la autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad y le impide su desarrollo.

En este caso, explicó que la ley también sanciona con cárcel a quien no respete o que condicione la permanencia laboral, descalifique, amenace, intimide, explote y discrimine por condición de género; despida o coaccione a la víctima para que renuncie por estar embarazada, cambie de estado civil o por el cuidado a sus hijos discapacitados; imponga o autorice que se impongan a una mujer trabajos peligrosos para su salud, degradantes o injustificados.

En ese sentido expuso que la violencia política trata de evitar que por acción u omisión, por sí o a través de terceros, dañe física, psicológica, económica o sexualmente a una o varia mujeres y/o a sus familias para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales o la induzca a tomar decisiones en contra de su voluntad, hecho que Fernando Aguilar Palma ha incurrido en cada uno de esos delitos. 

Este delito, estableció, será sancionado con seis meses a dos años de prisión, sanción pecunaria de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) e inhabilitación de 4 a 10 años. "La idea es hacer visibles esta  situaciones y Olivia Albarrán lo ha hecho público cuando ha sido presionada, lastimada en sus derechos, debemos de evitar la violencia de género en contra de la mujer", enfatizó el abogado.

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La tarde del martes, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, compareció ante legisladores locales con motivo de la glosa del primer informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Ante los diputados que integran la Junta Política y de Gobierno (JPyG), el encargado de la política interna en el estado admitió que existe una grave cifra de personas desaparecidas.

Refirió que del año de 1993 a la fecha suman dos mil 133 desaparecidos en Morelos; al respecto, añadió que el 53 por ciento son mujeres y el 47 por ciento hombres, mientras que de esa cifra el 67 por ciento son adolescentes.

Pablo Ojeda también refirió que es necesario construir un centro de reinserción social de alta seguridad, ante la sobrepoblación que existe en las cárceles de la entidad.

Además, sostuvo que dichas cárceles ya están obsoletas; en el caso del penal de Atlacholoa ya tiene una antigüedad de 19 años, 27 años el de Cuautla, 25 años el de Jojutla, 28 años el de Jonacatepec y 22 años el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA).

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Este martes se lleva a cabo la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, ante diputados locales, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno.

El comisionado reiteró ante los diputados que el gobierno de Morelos no pactará con la delincuencia, y que se trabaja para combatir la corrupción en la corporación que fue heredada por la pasada administración estatal.

Ortiz Guarneros admitió, ante los cuestionamientos de los diputados, que hay un retraso en la aplicación de los recursos del Fortaseg del 2019, que está destinado a la compra de equipos, uniformes y patrullas para las corporaciones policiacas de seis municipios.

Al respecto, refirió que el retraso se debe a problemas en la entrega de uniformes por parte de los proveedores y advirtió que si no se cumple al 31 de marzo, habría sanciones para los proveedores.

El titular de la CES aseguró que se trabaja en abatir la violencia de género, mediante la policía integrada por nueve mujeres que operan en un centro ubicado en Cuernavaca y quienes se desplazan al resto de los siete municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG); añadió que que existen 42 corredores seguros en espacios públicos y en planteles educativos de nivel superior.

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El 40 por ciento de los elementos estatales y municipales está asignado a alguna medida de protección, por lo que se requiere seguir trabajando en aumentar el número de policías en Morelos, señaló hoy el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, al ser cuestionado sobre las acciones de seguridad personal que se otorgarán al alcalde de Amacuzac.

Cabe recordar que el pasado cuatro de marzo fue asesinado Jorge Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, "El Carrete", procesado y señalado como integrante del grupo delictivo "Los Rojos".

El encargado de la política interna en el estado también comentó que se diseñó un plan de seguridad para estas semanas en la zona, con el fin de dar seguridad a la comunidad, al aceptar que no se incrementó la protección para el edil actual de Amacuac.

Sobre el tema en el incremento de elementos policiacos, Ojeda Cárdenas refirió que el estándar internacional marca tres policías por cada mil habitantes y actualmente no se tiene ni uno y medio, por lo que se continúa trabajando en aumentar el número de agentes, en fortalecer la academia e incentivar a que los jóvenes elijan una carrera policial.

En cuanto a las medidas de protección a las que está asignado más del 40 por ciento de los elementos de seguridad pública, el funcionario estatal apuntó que éstas fueron ordenadas por instancias tales como Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR), mecanismos de protección a periodistas y comisiones de Derechos Humanos, entre otras.

Por otro lado, Ojeda Cárdenas mencionó que se habrá de firmar un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues el gobierno estatal está comprometido con la transparencia.

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Este martes se lleva a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Morelos.

En este encuentro, presidido por el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, se instalará el Comité de Emergencias.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), Enrique Clement Gallardo, destacó la importancia de la coordinación y los puentes de comunicación entre municipios, dependencias, cuerpos de emergencias y voluntarios.

Solicitó a los enlaces de las diferentes instancias facilitar acudir a reuniones y además que se les provea con lo indispensable para atender a éstas, y cumplir con su función.

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*De dicho instituto político*

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció la expulsión del alcalde de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, de ese instituto político, por ejercer violencia política en contra de la síndica municipal, Ana Olivia Albarrán Salazar.

En conferencia de prensa, la síndica Olivia Albarrán detalló que en los cabildos no la toman en cuenta, ni le dan información para discutir y "hay demostraciones de un grupo de personas que dicen qué hacemos con la síndica, y humillan y exhiben, ya basta de protocolos, me han restringido mucha información".

De igual modo, Albarrán Salazar señaló que no le contestan los oficios y no le permiten hacer observaciones.

"Todo lo controlan y en Zapata pasan muchas cosas; hago responsable a Fernando Aguilar Palma por lo que me suceda", externó la síndica, al tiempo de denunciar que hay desvíos de recursos y por ello le pidieron que renunciara en mes y medio, para imponer a su suplente Maribel Ochoa Castrejón.

Indicó que no le firmó la cuenta anual ni los últimos trimestres, porque no había claridad en los montos; añadió que para la edificación de la nueva sede del ayuntamiento no se efectuó licitación y tampoco hay transparencia.

Ante esto, el presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Estrada González, informó que determinaron presentar una denuncia en contra de Fernando Aguilar Palma y expulsarlo del partido, a pesar de que era su candidato para la diputación federal, pero no van a permitir actos misóginos y el buen juez por su casa empieza.

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El Congreso del estado pospuso la comparecencia del jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, para el próximo jueves, a las 21:00 horas.

El diputado José Casas González informó que hasta el momento se desconocen los motivos y refirió que por ahora es el único cambio que se ha dado en estos encuentros.

Las comparecencias del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; del comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y del secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, no han registrado cambios.

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"Estoy de acuerdo con el gobernador; el que la deba que la pague", afirmó José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, ante el caso "Primavera" que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que supuestamente es en su contra.

En entrevista, Sanz Rivera se deslindó de los señalamientos hechos por algunos actores políticos como presunto responsable de las irregularidades que lo implican en un mal manejo de recursos financieros en México y en el extranjero.

El funcionario estatal acudió este domingo al Parlamento de la Mujer 2020, el cual se realizó en el Congreso local.

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