La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, adelantó que se revisará la aprobación de un aumento presupuestal para los organismos autónomos, a raíz de la acción de inconstitucionalidad que está revisando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicha acción fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM) y el Poder Judicial.

Barrera Vázquez también señaló que esperarán a la definición de la SCJN, sobre todo porque el ajuste podría darse a partir de este año.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció la legitimidad del organismo para solicitar la invalidez del presupuesto estatal.

Asimismo, manifestó su confianza en que la resolución de fondo de la Corte determine la invalidez del presupuesto 2020 y se le puedan autorizar más recursos al organismo.

De igual forma, Hernández Cruz dijo que se espera que la SCJN ordene al Congreso local fortalecer el recurso anual para la CDHM en el 2021, ya que este año fue de 15 millones de pesos; añadió que se requiere un presupuesto de al menos 41 millones de pesos.

Legisladores locales se reúnen esta mañana con la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, para revisar la propuesta del paquete económico 2021.

Así mismo, la funcionaria estatal explicará a los diputados sobre la solicitud de refinanciamiento de la deuda pública estatal.

Con esta reunión, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública iniciarán de manera formal el análisis del paquete económico del próximo año.

Al término del encuentro, la secretaria de Hacienda aseguró que se lograron avances importantes para la aprobación del refinanciamiento de la deuda.

Sin embargo, el asunto no se puedo votar por la inasistencia de una mayoría de diputados a la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Mónica Boggio, secretaria de Hacienda

*Ante posibilidad de candidaturas comunes*

La dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristina Balderas Aragón, confirmó que han tenido acercamientos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con Movimiento Ciudadano (MC), ante la posibilidad de ir en coalición o candidaturas comunes en algunos municipios para los comicios del 2021.

No obstante, Balderas Aragón refirió que la determinación de dichas alianzas se definirá con consulta a las bases y a la ciudadanía, misma que se llevará a cabo en las próximas semanas, para tomar una decisión a más tardar el dos de enero.

Lo anterior lo reveló en el anuncio de actividades para promover acciones para erradicar la violencia en contra de la mujer.

Al respecto, anotó que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, a partir de mañana se realizarán jornadas informativas.

*Sobre proceso iniciado para desafuero*

Los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado acordaron, esta tarde, notificar mediante edictos al diputado Marcos Zapotitla Becerro sobre el proceso que se le inició para desaforarlo, ante la denuncia en su contra por el delito de violación.

La solicitud de declaración de formación de causa presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) fue admitida desde el cinco de octubre pasado; sin embargo y tras varios intentos de notificar a Zapotitla Becerro en el domicilio personal y laboral del legislador, finalmente se determinó que fuera mediante edictos.

José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, explicó que el procedimiento se retrasó también porque la citada comisión no había logrado sesionar por falta de quorum.

Sin embargo, dijo que una vez notificado por edictos, en un plazo de cinco días la comisión deberá emitir un dictamen sobre la procedencia de su desafuero.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF ordenó medidas cautelares a favor de la sindica municipal de Emiliano Zapata Ana Olivia Albarrán Salazar, quien denunció ser víctima de violencia política por parte del alcalde Fernando Aguilar Palma.

La resolución de la Sala Regional Ciudad de México del citado tribunal en un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ordena al alcalde -entre otras cosas- notificar a la síndica de todas las convocatorias a sesiones de cabildo y demás actividades inherentes al cargo que desempeña y a que le sean contestados todos los documentos que ella curse a las diferentes áreas del Ayuntamiento.

También le prohíbe a Fernando Aguilar Palma acercarse o estar a solas con Albarrán Salazar, y solo le permite coincidir en el mismo espacio en los actos públicos inherentes al cargo, como cuando sesione el cuerpo edilicio, además de que ordena que la Policía Federal brinde protección permanente a la sindica municipal.

Aguilar Palma fue acusado de hostigar a la síndico desde el inicio de la actual administración, lo que fue denunciado en las instancias locales mientras el Partido Verde, que postuló a ambos en las elecciones pasadas, determinó expulsar al alcalde por su conducta en contra de su compañera de fórmula.

Las medidas de protección a la denunciante se mantendrán al menos mientras dura el proceso contra el edil de Emiliano Zapata, que también fue denunciado penalmente por el acoso.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Julio César Solís Serrano, admitió que les preocupa que no esté garantizado el proceso electoral, pues hasta el momento el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) no les ha informado si se está cumpliendo con el calendario electoral, así como respecto de las acciones en materia de seguridad para los ciudadanos y los partidos políticos.

Solís Serrano además sostuvo que les preocupan los conflictos internos en el Consejo Estatal Electoral, que derivaron de la remoción de la consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba.

Asimismo señaló que también el Poder Ejecutivo ha sido omiso, pues no se ha convocado a los partidos políticos para informarles de los protocolos en materia de seguridad para todo el estado en el desarrollo del proceso electoral.

*De 47 denuncias ante la FECC*

Este lunes, el diputado José Casas González informó que de las 47 denuncias promovidas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de ex servidores públicos que autorizaron y se beneficiaron con las llamadas "jubilaciones doradas", 15 procesos ya se han judicializado.

Casas González admitió que al inicio de la legislatura cometieron un error que permitió que los ex funcionarios continúen cobrando sus pensiones.

Sin embargo, el legislador aseguró que de confirmarse que se cometieron delitos para la asignación de dichas jubilaciones, se obligará al Congreso local a la cancelación de esos beneficios.

Esta mañana, el Partido del Trabajo (PT) lleva a cabo la presentación de coordinadores de afiliación y estructura en Morelos, con la presencia del legislador Gerardo Fernández Noroña.

De acuerdo con los estatutos del PT son virtuales candidatos por ese instituto político, salvo que haya acuerdos de coalición con otros partidos.

Se trata de los siguientes distritos federales: 01, Amalia Fernández Salgado; 02, Ricardo Dorantes San Martín; 03, Raúl Tadeo Nava; 04, Misael Domínguez Arce y 05, María Ampudia González.

Asimismo, los distritos locales: 01, Moctezuma Serrato Salinas y 02, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

*De declaración de formación de causa*

El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local, José Casas González, acusó que existe dilación en el proceso de declaración de formación de causa en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro.

Al respecto y en rueda de prensa, informó que después de varios días de buscar al legislador en su domicilio para notificarlo del proceso, como lo marca la ley, el viernes pasado convocó a sus homólogos a sesión de la Comisión de Gobernación para acordar la notificación por edictos; agregó que sin embargo, no llegaron.

De igual modo, Casas González señaló que se presumen intereses particulares y partidistas para retrasar el procedimiento en contra de Zapotitla Becerro.

Asimismo, adelantó que mañana se convocó nuevamente a sesión del órgano legislativo y llamó a sus homólogos a asistir y cumplir con sus obligaciones.