La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso federal aprobó por unanimidad la iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General contra la Extorsión.

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso federal aprobó el dictamen enviado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reformar el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión.

Con un total de 37 votos a favor, se aprobó por unanimidad el proyecto, que será enviado al pleno de la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones para ser votado. De aprobarse, se facultaría al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión.

En la ronda de intervenciones, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la cámara baja, afirmó que votaron a favor de la iniciativa debido a que el delito de extorsión afecta a una buena parte del país.

Pidió abrir un espacio para trabajar en la Ley General contra la Extorsión y escuchar la opinión de los gobiernos estatales, de los fiscales y de las barras de abogados, con el fin de analizar este fenómeno delictivo en todas sus vertientes, desde el denominado “cobro de piso” hasta la extorsión virtual.

Subrayó la necesidad de valorar hasta dónde se llegará en la parte punitiva, pues las entidades federativas viven realidades distintas respecto a este delito; también planteó cómo se abordará el fenómeno de la extorsión hacia las autoridades municipales y la importancia de dejar en claro cómo se va a apoyar a los estados y cómo se evitará que las entidades —aun cuando tengan la facultad— terminen delegando a la Federación la responsabilidad de perseguir este delito.

En su turno, la diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, destacó que según un estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante el primer semestre de 2025 se registraron cinco mil 887 víctimas de extorsión en México, lo que representa la cifra más alta en los registros oficiales y un aumento del 83 por ciento en 10 años. Por ello —dijo— se justifica la aprobación de la reforma.

Llamó a legislar para reforzar las leyes secundarias en materia de extorsión y homologar las penas a nivel nacional. Además, hizo un llamado para generar políticas públicas unificadas que atiendan la gravedad del problema desde su raíz.