Está en manos del Congreso endurecer las penas contra maltratadores de animales: TSJ.
Activistas y organizaciones civiles en defensa de los derechos de los animales protestaron en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra de la resolución de un juez de control, que concedió la suspensión condicional del proceso penal y la libertad al estudiante universitario Roberto "N", quien golpeó brutalmente y provocó la muerte al perrito Baileys.
El magistrado presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde Figueroa, defendió la actuación jurisdiccional y señaló que está en manos del Congreso endurecer las penas contra maltratadores de animales, para que las personas juzgadoras puedan imponer castigos ejemplares y prisión a quienes atenten contra la integridad y la vida de los animales.
Las activistas y organizaciones realizaron un “performance” que consistió en vertir salsa de tomate sobre la estatua de Temis, diosa griega de la justicia, y su basamento, así como un bulto de croquetas como reproche a la resolución del juez, Natanael Subdias Aguilar.
Las consignas y los reclamos fueron contundentes contra la libertad del joven universitario y las medidas tanto cautelares como de reparación del daño que le fueron impuestas, porque consideraron que la resolución fue tibia.
Según la determinación del juzgador, se concedió la suspensión condicional del proceso por un año con las siguientes medidas: residir en su domicilio; no realizar actos de molestia en el domicilio de los testigos ni de la denunciante; abstenerse de consumir drogas o alcohol; someterse a tratamiento psicológico enfocado a la sensibilización hacia los animales; adquirir un empleo u oficio; someterse a la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos; y prestar servicio social en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM).
Adicionalmente, como reparación del daño, el juez impuso al imputado la obligación de entregar tres mil 280 pesos en croquetas para la persona denunciante y que recuperó al perrito Baileys para su atención médica, y 900 pesos en efectivo y dos mil en bultos de croquetas a favor de la activista Vanessa Perbellini.
"La reparaciones del daño no son dádivas, no son dádivas de nadie, este es un proceso de juguete. Roberto Neri (imputado) debió haber vivido su proceso con todas las de la ley, no con acuerdos entre fiscalía y el Poder Judicial", reprochó Perbellini, y sostuvo que a las personas juzgadoras les hace falta capacitación y sensibilización para abordar los temas referentes al maltrato animal, porque en éste y otros casos hay un desdén hacia la vida animal.
"Para ellos sólo era un perro, sólo un animal y no. Les urge capacitación, puesto que la violencia hacia los animales está ligada a la violencia social. Hay estudios que comprueban que tiene que ver con la violencia contra la mujer, con violencia intrafamiliar y la violencia hacia los niños. Entonces, están tomando muy laxamente los casos de maltrato animal", subrayó.
Vanesa Perbellini informó que el 14 de julio tendrán una nueva audiencia con el equipo de la gobernadora Margarita González Saravia para trabajar en endurecer las penas por maltrato animal en la legislación local.
“Estamos indignados, es falso que diga el magistrado (presidente del TSJ) que queríamos que el agresor se quedara en la cárcel, no somos estúpidos, sabemos que la ley no lo contempla así, sino porque la reparación del daño a los animales fueron miserables cuatro bultos de croquetas; el que no pueda salir del país eso no importa; el juez consideró que cuatro bultos fueran suficientes. Otra de las medidas ridículas fue que sólo durante un año no podrá tener animales, pasado este año, el asesino de Baileys podrá tener más animales, eso es ridículo y cruel, y vemos complicidad con la fiscalía para dar carpetazo, ya estaba pactado porque ayer el juez emitió su resolución y habían dado un mes para presentar elementos”, declaró la defensora.
Consideró que el juez pudo aplicar mayor criterio, prohibir que el asesino no vuelva a tener perros ni animales, o establecer una reparación del daño real, para evitar que el maltrato se repita.
Por último, expusieron que ya analizan con abogados la viabilidad de apelar la decisión del mencionado juez.
Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, consideró que el juzgador actuó conforme derecho y con base en lo que establece la norma vigente.
Sostuvo que está en manos del Congreso de Morelos endurecer las penas contra el maltrato animal; sin embargo, la legislación vigente prevé una pena máxima de 4 años por la comisión de este delito y esto permite que los imputados puedan acceder a beneficios como la libertad y la suspensión condicional del proceso, bajo ciertas medidas cautelares y de reparación del daño.
Consideró injustos los reclamos hacia los juzgadores en este tipo de casos, porque lamentablemente no pueden ir más allá de lo que establece y permite la ley.
