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Como respuesta a las acusaciones de un diputado, evidencia negligencia de magistrados.

La directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruelas Zacarías, acusó en redes sociales a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de proteger a funcionarios corruptos y obstaculizar procesos sancionadores.

Luego de la comparecencia de la secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, ante el Pleno del Congreso, en la que expresamente el diputado José Casas González cuestionó la eficacia de la dependencia para fincar responsabilidades a funcionarios o exfuncionarios, y pidió tomar medidas contra empleados “flojos”, Ruelas Zacarías respondió a través de las redes sociales al legislador, para defender el trabajo que realiza junto con colaboradores en la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.

En un texto preciso, la funcionaria pidió al legislador no sólo darle el beneficio de la duda, sino la oportunidad de exponerle de frente una serie de obstáculos que enfrenta la dirección a su cargo, debido a una serie de “criterios” adoptados por varios magistrados del TJA, que “inclusive, están decretando nulidades por la derogación de algunos artículos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diputado: (y) yo no puedo ser juzgada por eso”.

“Por otra parte le quiero contar, distinguido Diputado, lo que el TJA está haciendo mal, y es que no son dueños de la verdad y están cometiendo atropellos para ayudar a sus protegidos, le daré algunos ejemplos con el compromiso de entregar los documentos que sustentan mi dicho”.

Describió que hay un aviador en el Instituto de Educación Básica (IEBEM) que litiga las resoluciones de la Secretaría de la Contraloría y que fue compañero de partido de uno de los magistrados del TJA, quien curiosamente tiene en su sala todos los asuntos de este funcionario, “pero lo más interesante son los argumentos que el magistrado invoca para anular nuestras resoluciones: imagínese, me anuló una inhabilitación aludiendo a que el servidor público sancionado tiene dos hijas menores a las que les debe sufragar alimentos e invocó el interés superior del menor. Nunca se había visto eso, en una materia en donde debe prevalecer el interés del Estado”.

Sin especificar el nombre, señaló que el magistrado aludido también radicó indebidamente una demanda de nulidad, aun cuando uno de sus homólogos la desechó por notoriamente extemporánea y, al preguntarle por qué lo hizo, dijo que no se dio cuenta.

Otro magistrado, narró, desde junio de 2017 tiene guardado en su escritorio un juicio de nulidad, donde la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas impuso 24 sanciones a ocho servidores públicos y, hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto.

Expuso que un tercer magistrado decretó erróneamente que operaba una caducidad y, aun cuando la dirección a su cargo interpuso un medio de aclaración por escrito, la respuesta fue que no entendía.

Ruelas Zacarías lamentó que las Salas Cuarta y Quinta, que fueron creadas como salas especializadas en responsabilidades administrativas, sólo integran un expediente, según declaraciones del propio presidente del TJA, Jorge Estrada Cuevas.

El texto fue posteado por usuarios de la red social al diputado José Casas, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien este martes se reunió con la funcionaria, con el objetivo de escucharla y conocer con precisión las presuntas omisiones e irregularidades imputadas a miembros del TJA. 

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