Como ya es del dominio público, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos interpuso una controversia constitucional en contra del nombramiento de seis magistrados y un Consejero de la Judicatura, actos atribuidos a la anterior legislatura, y el 24 de julio del 2009 la SCJN concedió una suspensión del acto reclamado para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo a través del consejero jurídico Manuel Díaz Carbajal interpuso un incidente solicitando que se revoque dicha suspensión en virtud de que está provocando graves daños a la impartición de justicia en el Estado, lo que fue avalado por tres magistrados del propio tribunal morelense a través de un escrito.

Como podrán darse cuenta, este escrito firmado por los magistrados Carmen Verónica Cuevas López, Andrés Hipólito Prieto y Valentín González García, fue el principal punto de discusión entre los ministros y donde más se dejaron entrever las filias y fobias de los ministros.

Ese día, el 25 de marzo, los enemigos de Ricardo Rosas tenían todo preparado para la celebración. Algunos se fueron a la Suprema Corte a presenciar la sesión en vivo, mientras que otros se juntaron en un restaurante para ver la transmisión televisiva como si se tratara de una final de futbol.

Su felicidad no era para menos. Sabían que el proyecto de resolución que presentaría el Ministro Juan Silva Meza proponía modificar el auto de suspensión, permitiendo que tomaran protesta los seis magistrados y el consejero, e incluso ordenaba que se les adscribiera a las salas y se incorporaran a la nómina en forma retroactiva desde que fueron designados.

De haberse aprobado tal propuesta, la situación hubiese cambiado radicalmente pues el punto medular de la controversia son precisamente esos nombramientos. Como ya se sabe, al final, el proyecto fue rechazado por seis de los nueve ministros presentes, estando ausentes el presidente Guillermo Ortíz Mayagoitia (por lo que la sesión fue presidida por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano) y el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

He aquí los comentarios esgrimidos por los ministros en torno a Ricardo Rosas y al escrito firmado por los magistrados, y en general de la situación que priva en Morelos:

JUAN SILVA MEZA:

“…La actitud de ampliar hasta en seis ocasiones la demanda de controversia constitucional (…) parecen evidenciar (…) que se intenta retrasar la emisión de la resolución durante el mayor tiempo posible. El cúmulo de amparos promovidos en contra de diversos actos relacionados con las normas y decretos legislativos impugnados (…) ponen de manifiesto también la existencia de un serio conflicto no sólo de la parte actora con los otros poderes demandados, sino además entre los integrantes del propio Poder Judicial al que pertenecen (…) todo lo cual repercute indudablemente hacia los justiciables”.

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ:

“… sería inadecuado tomar en cuenta como prueba de algo tan delicado este escrito de los señores magistrados (Carmen Cuevas, Andrés Hipólito y Valentín González) si tomamos en cuenta que no son parte de la controversia constitucional, pues no representan legalmente al Poder Judicial. Además, pareciera que el proyecto concede a los promoventes de este incidente una especie de representación de los intereses difusos del pueblo morelense…”.

“…el informe de tres magistrados no puede ser considerado ni como el reflejo del interés de la parte actora, ni mucho menos como prueba irrefutable de que en Morelos no hay acceso a la justicia…”.

“…pareciera que ha sido esta Corte la que ha obstaculizado innecesariamente o razonablemente el acceso a la justicia pronta y expedita; estas cuestiones por supuesto que no las puedo compartir”.

SERGIO VALLS HERNANDEZ:

“Yo tampoco comparto la propuesta del proyecto de modificar el auto de suspensión dictado el 24 de julio del año pasado, pues esta conclusión se apoya en lo afirmado por el Poder Ejecutivo del Estado y unos informes, opiniones de tres magistrados del tribunal local dándoles pleno valor probatorio cuando por una parte dichos magistrados refieren su propia situación personal..”.

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES:

“…en el escrito que presenta el magistrado (Ricardo Rosas Pérez) se anexaron distintas pruebas que son básicamente tres: una certificación de que en cumplimiento al Acuerdo del Pleno del 4 de agosto del 2009 se ordenó suspender el turno de los asuntos a las ponencias uno, seis y doce, circunscritas a la primera sala, y los tocas en trámite fueron turnados a la segunda, quienes informaron que el 9 de septiembre del mismo año habían resuelto la totalidad de los asuntos penales y sólo quedaban por determinar algunos asuntos civiles…”.

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA:

“…se afirma por quienes solicitan la modificación, que esta suspensión está generando graves daños a la impartición de justicia, lo que querría decir es que precisamente esta Suprema Corte quien está causando con su determinación esos daños, afirmación que no sólo es falsa sino inaceptable”.

“Esto es como querer utilizar un subterfugio a través de la modificación de hecho superviniente para impugnar una resolución que ya no es impugnable”.

“Los magistrados (Cuevas, Hipólito y González) lo único que realizan son una serie de afirmaciones gratuitas que no demuestran absolutamente nada (…) lo que nos están diciendo los magistrados es: como tenemos mucho trabajo con la suspensión, revoquen la suspensión”.

“Lo que está haciendo la suspensión es evitar que se causen a la gente del Estado correspondiente una serie de daños y perjuicios de imposible reparación”.

“¿qué es de mayor entidad? (sic) ¿que se tarden ciertos juicios o que estos juicios sean fallados de manera pronta por magistrados que no tienen las cualidades y las calidades que la Constitución exige?”.

“…lo que dice el gobernador (Marco Adame Castillo) ya está resuelto en la reclamación y no es hecho superveniente”.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO:

“Pienso que (revocar la suspensión) va a beneficiar la funcionalidad del Poder Judicial y que va a evitar de alguna manera lentitud en la emisión de las resoluciones, y si no hay rezago, bueno, pues evitará entonces el rezago”.

MARGARITA LUNA RAMOS:

“…yo pregunto: ¿puede un magistrado atender simultáneamente dos ponencias, una en la ciudad de Cuernavaca y otra en la ciudad de Cuautla? ¿Tiene el don de la obicuidad?”

“Yo creo que no necesitamos estadísticas para entender que un Tribunal Superior de Justicia de una entidad federativa no puede funcionar de esta manera, ni puede entenderse que un magistrado pueda ocuparse simultáneamente de dos o más ponencias”.

FRANCO GONZÁLEZ SALAS:

“…¿vamos a correr el riesgo de que lleguen servidores públicos al más alto tribunal del Estado que eventualmente puedan no reunir los requisitos para ello?”.

SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO:

“…quiero afirmar que en este caso ha existido una extraña –cuando menos- conducta procesal de la parte actora (Ricardo Rosas Pérez); pienso que cuando se resuelva en definitiva este asunto debemos de poner especial cuidado en este tema”.

Ahí están ya los comentarios preliminares. Gente del PAN-Gobierno y del TSJ-PRI-PRD están cabildeando a los más altos niveles, y ya solamente falta la sesión final. Hagan sus apuestas y preparen chelas y botanas para ver la sesión en los próximos días.

REYES ADAMS Y SU CAMISETA AZUL

Y ya que hablamos del pleito entre el TSJ de Morelos y el Ejecutivo Estatal, fue evidente la actuación partidizada de la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Reyna Valencia, al negar la toma de nota al naciente Sindicato Único de Servidores Públicos del Poder Judicial por órdenes del Secretario del Trabajo, Víctor Reyes Adams .

No hay que olvidar que Reyes Adams es cuñado del jerarca blanquiazul José Raúl Hernández Ávila y que hoy más que nunca “la Sagrada Familia” no quiere dejar ningún hilo suelto.

Y es que mientras el Sindicato de Jesús Millán Toledo cada día pierde fuerza, el de Cristina Lorena Morales Jiménez (que legalmente todavía no existe) está sumando adeptos y mañana se van todos a un balneario de la zona sur a celebrar el día del niño.

PRI: TAN MALO EL PINTO COMO EL COLORADO

Más que claro fue el mensaje de la lideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes, en su reciente visita a Morelos: pónganse de acuerdo entre ustedes. La oferta es en el sentido de que, si van todos juntos a decirle que ya se pusieron de acuerdo en la repartición de puestos y todos están conformes, ella no meterá las manos en el proceso interno del PRI-Morelos.

Pero en el ofrecimiento también va la advertencia: si no se ponen de acuerdo entonces yo decido.

Y lo difícil es que se pongan de acuerdo personajes tan distintos como Samuel Palma César, Amado Orihuela Trejo y Víctor Saucedo Perdomo, por mencionar sólo algunos. Mientras sale la convocatoria los tres se mueven en busca de adeptos.

El sábado pasado Samuel Palma César aprovechó un evento del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) en el Centro Morelense de las Artes para darse baños de pueblo, pero sólo pudo comprobar que en Morelos es ampliamente desconocido, pues prácticamente nadie lo peló.

Amado Orihuela sigue reuniéndose con la raza y cada vez tiene más simpatizantes. Pero Amado debería comenzar por ser honesto con su gente y congruente con lo que afirma.

De Víctor Saucedo nada se sabe, pero así trabaja él, subterráneamente, “tejiendo fino” diría el populacho.

DE TODO UN POCO

Carta de un Lector.- La siguiente misiva llegó a mi correo, trae nombre y apellidos, pero ante la falta de una autorización expresa para hacerla pública, la presento de manera anónima:

“En su nota de la Unión hoy 22 de abril leí con detenimiento su magnífica investigación acerca de los titulares de Seguridad Pública y Protección Civil de los municipios, me pareció muy completa y valiente, revela un gran trabajo y sin duda es acorde a su reputación como periodista.  Le felicito sinceramente.

Al respecto me gustaría proporcionarle algunos detalles concretos del municipio de Tetecala, donde podrá usted encontrar que la Coordinadora de Prevención del Delito IRIS REYES GARCIA no cuenta con preparación alguna, no tiene experiencia laboral de ningún tipo y mucho menos realiza actividades relativas a su encargo, se trata de un verdadero pago de servicios de campaña por el Presidente Municipal.  Prueba de lo que afirmo es que se la pasa "acompañando" a uno de los elementos policiacos en la patrulla todo el día y sin embargo no existe ni siquiera designado el Consejo Municipal de Seguridad Pública, ni hay campañas de prevención del delito.

Por otro lado, existe un supuesto Subdirector Operativo ANGEL LUIS VALDOVINOS MANJARREZ, quien no realiza función policiaca alguna ni cuenta con preparación al respecto se trata de un ex montador de toros, ni siquiera porta uniforme ni acude a las oficinas de seguridad pública, en realidad se encargaba de acompañar al Presidente Municipal a todos lados hasta hace algunas semanas, pero actualmente se encarga de manejar la camioneta de "Diversiones Dani" el negocio de renta de juegos mecánicos del Presidente Municipal y asimismo despacha en la Calle Jazmines de la colonia el Charco de Tetecala, en las oficinas de la empresa de seguridad privada del Presidente Municipal.  Usted puede verificarlo cuando guste. 
Ojalá a través de su medio se investigaran estas circunstancias, pues como ciudadanos comunes y corrientes no tenemos posibilidad de difundirlo y nos encontramos amenazados por el Presidente Municipal”. Hasta ahí el correo electrónico.

Ejemplo.- La investigación periodística publicada ayer en este periódico nos permitió detectar a mucha gente que no reúne el perfil para ocupar un cargo de tanta responsabilidad, pero también para encontrar verdaderos ejemplos de disciplina y perseverancia.

Sólo por mencionar uno, el secretario de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, José Manuel Pineda Martínez, quien habiendo iniciado como cabo de infantería en el Ejército Mexicano, ingresó a la Policía Municipal de Zapata como un elemento más y fue ascendiendo hasta llegar al escalón más alto. Su currículum vitae demuestra que nunca ha dejado de prepararse, a tal grado de que hoy todavía estudia la carrera de Derecho en una universidad privada.

Pero también se debe reconocer el hecho de que el Ayuntamiento de Zapata entregó de inmediato la información solicitada a través de la Ley de Información Pública, cuando otros municipios hicieron hasta lo imposible por ocultar los antecedentes de sus jefes policiacos.