El individuo que jaló del gatillo para asesinar a Sandra Rosa Camacho jamás imaginó la trascendencia de su abominable acto. Generalmente, quienes ejecutan ese tipo de acciones desconocen el contexto de sus víctimas y, por lo tanto, cobran lo mismo por quitar de en medio a un simple vendedor de drogas que a una mujer activista indígena y defensora de los derechos afromorelenses.

Quizás ni siquiera la persona o las personas que pagaron por esa ejecución, supieron el problema en que se han metido. No tomaron en cuenta que el 11 de agosto de 2025 durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en la región oriente, encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia en Temoac, Sandra Rosa advirtió que había extorsiones en Temoac y, —quizás lo más determinante— alguien grabó un video.

Frente al alcalde Valentín Lavín Romero, la activista pidió la presencia de la Guardia Nacional, asegurando que la comunidad podía proporcionar alojamiento y apoyo logístico: “Queremos que la paz vuelva a Temoac… no tenemos nada en contra de nadie, pero sí nos molesta que vengan a abusar de la gente. Son negocios muy pequeños y les cobran cantidades que no tiene idea, gobernadora”.

Mediáticamente, lo más importante fue que hizo una advertencia: “mi vida está en riesgo porque soy la única que se está inconformando”. 

De no ser por ese video, el hecho hubiese desapercibido. ¿Sabe usted cuántas personas se quejan de la inseguridad en Morelos durante los eventos de la gobernadora?

También, el lamentable acontecimiento le cayó “como anillo al dedo” a la televisora de Ricardo Salinas Pliego y otros medios de comunicación que sólo están esperando un motivo para golpear a Margarita González Saravia.

Siendo objetivos, todo el país se encuentra en la misma situación: grupos de delincuencia organizada (surgidos durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto pero fortalecidos durante el mandato de López Obrador), se disputan palmo a palmo el territorio nacional, matándose entre ellos por cinco mil pesos y/o unas grapas de cocaína, sin importar que las víctimas sean hombres mayores, jóvenes, mujeres e incluso menores de edad.

La otra realidad es que esos mismos grupos del crimen organizado se están apoderando de los gobiernos municipales, principalmente los más alejados y con menos población.

Lo peor está en Michoacán y Guerrero, pero Morelos no se salva. Basta con ver Amacuzac, donde el alcalde asegura que la Familia Michoacana se ha aliado con su síndica y una regidora, así como su tesorero, para controlar el presupuesto municipal y extorsionar a comerciantes.

Sin embargo, los imputados sostienen que es el edil quien está apoyado por el CJNG, que se está enriqueciendo exageradamente y que incluso podría haber desaparecido a un regidor que no estaba de acuerdo con él. Ese tema mantiene al Cabildo desunido y desde hace varias semanas que no sesionan.

Y eso se repite en gran parte de los 26 municipios de la entidad morelense. Lamentablemente, el asesinato de Sandra Rosa Camacho se sumará a la lista de personas cuyas muertes en apariencia están ligadas a la narcopolítica. Para empezar, ocurrió en el municipio de Temoac, donde hace siete años fue ultimado —también en su casa— el activista Samir Flores.

Antes, la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, fue ultimada por sicarios (algunos menores de edad que al salir de prisión fueron asesinados) contratados por un grupo político cuya identidad no ha sido esclarecida.

No alcanzaría este espacio para mencionar todos los casos similares a la ex candidata del PT a la Alcaldía de Temoac —hoy occisa—, casi todos impunes.

Es interesante analizar las diferentes reacciones de los sectores sociales y gubernamentales en torno a este feminicidio. Por principio de cuentas, el gobierno de Margarita González Saravia emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente y lamenta profundamente la agresión armada directa en la que perdió la vida Sandra Rosa Camacho Flores, habitante del municipio de Temoac y reconocida líder social”.

Luego de expresar solidaridad con familiares, el gobierno del estado tuvo que recurrir a la frase de cajón: “la ley se aplica con firmeza y no habrá impunidad”, que es más un ferviente deseo que una realidad.

Y, como ocurre siempre y seguirá dándose, le deja el paquete a Fernando Blumenkron (y éste a Jorge Hernández Narez, jefe de la Policía Ministerial), al señalar que la Fiscalía General “activó los protocolos correspondientes para el esclarecimiento del caso, con estricto apego al marco legal, a fin de identificar y sancionar a quien o quienes resulten responsables”.

El mensaje suena a cliché, pero no emitirlo también hubiese sido criticado. La institución aludida, tuvo que emitir su propio boletín en el que se compromete a “agotar todas las líneas de investigación en torno a los hechos en los que perdiera la vida Sandra Rosa Camacho Flores, suscitados en el municipio de Temoac”. Es su obligación, pero hay que recalcarlo.

“La Secretaría de las Mujeres condena los hechos de violencia y reconoce a Sandra Rosa Camacho Flores como una mujer comprometida con su comunidad”, comienza diciendo el comunicado de la dependencia que encabeza Clarisa Gómez Manrique.

Y el que nuevamente “salió con su batea de babas” fue el subsecretario de Gobierno, Miguel Peláez, ya que cuando la prensa le preguntó si la víctima había solicitado la activación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Peláez Gerardo respondió:

“No es defensora de derechos humanos ni tampoco periodista. La información que yo manejo es en ese sentido”. Obviamente, las organizaciones de defensoras comunitarias calificaron sus declaraciones como “machistas, misóginas y patriarcales” y exigieron a la gobernadora Margarita González Saravia evaluar su desempeño y capacitarlo en perspectiva de género y derechos humanos.

Del muro de la senadora Juanita Guerra:

“Los hechos acontecidos constituyen una grave vulneración al Estado de Derecho y evidencian la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para quienes participan en la vida pública y comunitaria”.

“Con dos de los más de quince escoltas de la Guardia Nacional que trae la Senadora quizá Sandra estuviera viva”, comentó en Facebook la siempre mordaz periodista Yohali Resendiz.

HASTA MAÑANA.