La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) fue una invención del fiscal Uriel Carmona Gándara como “cuerpo élite” de la Fiscalía General del Estado para combatir el homicidio, robo de vehículos, narcomenudeo, entre otros ilícitos, y se la crearon especialmente para Adriana Pineda Fernández, quien dio los resultados que se esperaban. Sin embargo, actualmente esta área ya no tiene razón de ser y sólo ha servido para poner en vergüenza a la institución.
La súper fiscalía fue definida en el acuerdo 08/2020 publicado en el periódico oficial como la “unidad administrativa de investigación élite dependiente del Fiscal General, de superior jerarquía a las Fiscalías Regionales y Especializadas con excepción de la Fiscalía Anticorrupción; competente en todo el estado de Morelos y a cargo de la investigación de las conductas delictivas que, por su trascendencia, relevancia, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate, un estudio, investigación y seguimiento de índole especial”.
Con una inversión del orden de los 79 millones de pesos, se construyó la sede de la FIDAI, en el espacio de dos mil 600 metros que ocupaba un antiguo hotel utilizado de manera reciente para oficinas de control vehicular y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
A la FIDAI estarán adscritas ocho fiscalía y unidades: la Fiscalía Antisecuestro; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas; la Unidad de Análisis Financiero; la Unidad de Extinción de Dominio; la Unidad de Cooperación Internacional y la Unidad de Técnicas de Investigación.
Además, la titular de la FIDAI podrá atraer la investigación de los siguientes delitos: homicidio, robo de vehículos, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y demás delitos que determine, previo acuerdo con el Fiscal General.
Como decíamos al principio de la columna, esta nueva figura jurídica se la hicieron exprofeso para la que era titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, quien sí tenía la preparación académica y la capacidad para ocupar tal cargo. De hecho, resolvió satisfactoriamente varios casos. Sin embargo, cuando fue nombrada magistrada del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), Uriel Carmona puso en el cargo no al más preparado, sino a quien le demostrara mayor lealtad.
Así llegó a la titularidad Luis Eduardo Flores Barrios, quien se ganó el puesto cuando acudió, acompañado de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a tratar de evitar la toma de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando Uriel Carmona estaba preso en el Penal del Altiplano.
A falta de una persona con mayor experiencia y preparación, y para no entorpecer las investigaciones ya iniciadas con anterioridad, el nuevo fiscal general Edgar Maldonado Ceballos lo ratificó en el cargo.
Sin embargo, en los últimos meses la FIDAI ha tenido diversos errores que ha puesto en evidencia no sólo a la AIC sino también a las corporaciones federales que han apoyado en los operativos. De los que se ha sabido, tenemos los siguientes casos:
Cinco personas detenidas el pasado 3 de julio en Cuernavaca por posesión de metanfetamina y fentanilo enfrentan ahora cargos menores luego de que un Juez Especializado de Control reclasificó la imputación inicial hecha por la Fiscalía en Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).
Ignacio Manuel B. B., Kevin Sebastián C. E., Luis Fernando G. P., Owen Jesús E. S. y Mauricio C. R., fueron detenidos en una vivienda ubicada en la calle Justo Sierra 332, colonia El Empleado, inicialmente acusados de posesión con fines de comercio. Sin embargo, el juez determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía carecían de fundamentos objetivos que acreditaran tal delito.
En su resolución, el juzgador enfatizó que la sola cantidad de droga encontrada (entre seis y diez bolsitas por persona) no era evidencia suficiente para inferir comercialización. Además, destacó la ausencia de compradores o transacciones verificables en el lugar del operativo, por lo que reclasificó los cargos a posesión simple de metanfetamina para los cinco detenidos y posesión simple de fentanilo únicamente para Ignacio Manuel y Kevin Sebastián.
Asimismo, durante la audiencia salió a la luz una demora de 12 horas entre la detención de las personas implicadas y su ingreso (7:00 A. M.) al área de separos (10:00 P. M.), un hecho que, según el juez, podría constituir una violación a sus derechos humanos. El Juez ordenó a la Fiscalía investigar dicha demora, que esta atribuyó a un traslado a otras instalaciones, justificación que fue considerada insuficiente por el juez.
En otro caso, el Juez Especializado de Control, César Augusto Galán Delgado dictó un auto de no vinculación a proceso en favor de Adrián R. M., conocido como «El Belicón», debido a graves inconsistencias en el operativo policial realizado el pasado 3 de julio de 2025 en Cuernavaca, Morelos.
Adrián R. M. y Jesús Antonio L. M. habían sido imputados por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, resistencia de particulares y portación ilegal de arma de fuego.
Sin embargo, en la audiencia celebrada la noche del miércoles 9 de julio, la defensa presentó una serie de videos y las declaraciones de testigos, y logró demostrar múltiples irregularidades en la actuación policial de agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos, lo que a la postre sirvió para que decretaran su libertad.
Por lo anterior, se presume que la salida de Luis Flores Barrios sólo es cuestión de tiempo, y la desaparición de la FIDAI es inminente como consecuencia de los cambios a nivel nacional que incluyen que las Fiscalías vuelvan a depender del Poder Ejecutivo.
HASTA MAÑANA.
