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Los hombres del General Toledano
A petición de algunos lectores, y en virtud de que la pasada columna se publicó en sábado y no en los acostumbrados viernes, reproduzco un fragmento de lo que se dijo ese día, específicamente en lo que se refiere a comentarios de una fuente interna del PAN a nivel central sobre la repartición de candidaturas a cargos de elección popular para el 2012 en Morelos.
Por lo que respecta a la candidatura para gobernador, se confirma lo que ya es del dominio público: que contra todas las críticas (aún las de sus compañeros de partido), el abanderado del blanquiazul para la elección del 2012 es Adrián Rivera Pérez. Creo que después del discurso pronunciado por Germán Castañón en el informe del senador en el WTC de Xochitepec a nadie le queda la duda de que “su gallo” es quien lo puso en la presidencia del Partido. Favor con favor se paga dice el dicho, de tal manera que Alejandro Villarreal y Demetrio Román deben ir haciéndose a la idea de que pueden ser candidatos a diputados locales o federales, pero no para la grande.
Mi sorpresa fue mayúscula al saber que el Partido Acción Nacional sí está contemplando en la repartición de candidaturas al ex gobernador Sergio Estrada Cajigal. Todo parece indicar que después de la zarandeada que les dio “Sergio el bailador” con declaraciones sobre hechos que ocurrieron durante su gobierno, y no obstante que se declaró “asesor de Manuel Martínez Garrigos”, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, mecánico, aviador y empresario restaurantero buscará regresar a la política por ese partido.
Otro ex gobernador que tendría un lugar en la lista de candidatos es Jorge Morales Barud, a quien mandarían como abanderado más que nada para aprovechar su capital político y obtener algunas posiciones plurinominales que, como ya lo hemos mencionado en columnas anteriores, estarán reservadas para Oscar Sergio Hernández, José Raúl Hernández, Germán Castañón y sus respectivas familias.
Según esta misma fuente, al actual gobernador sólo le piensan dejar una posición plurinominal, ya sea para el hijo o la esposa, pero no para los dos.
Y se confirma lo que César Cruz Ortíz dio a conocer como primicia a sus cientos de seguidores en Facebook: que Edgar Adame Castillo es el virtual candidato a presidente municipal de Xochitepec por el PAN.
Para Cuernavaca ya solamente falta que se pongan de acuerdo entre Luis Miguel Ramírez y Oscar Cano. Situación similar ocurre en Cuautla, donde Javier Lezama y Juana Barrera quieren buscar la presidencia municipal.
De los demás municipios los propios panistas admiten que no tienen buenos “gallos”, sobre todo para municipios de la zona conurbada como Huitzilac (posición que dan por perdida tras la desastrosa administración de Arturo Cortéz Cueto), Jiutepec, Temixco y Zapata. A Irving Vargas, presidente municipal de Yecapixtla, lo ponen como virtual candidato a una diputación local, lo mismo que a Bernardo Pastrana.
Ahí está ya la primera lista de posibles candidatos. Veremos si va cambiando conforme se acercan los comicios o se queda como está.
LOS HOMBRES DEL GENERAL
No aparece en ningún directorio oficial ni en la página de transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero lo cierto es que el controversial coronel Pablo Castellanos García está trabajando nuevamente en la SSPE al amparo del General Gilberto Toledano Sánchez.
El nombre de Pablo Castellanos no sólo es conocido en el ámbito militar por haber amenazado a un subordinado pistola en mano, lo que provocó su arresto durante varios días, sino también por su estadía en diversas cárceles castrenses en calidad de interno durante casi cuatro años por violaciones al Código Penal Militar.
El coronel Pablo Castellanos García fue detenido en las instalaciones de la SEDENA el 3 de abril de 1997 luego de que una investigación ordenada por el General Enrique Cervantes Aguirre, entonces titular de la Defensa Nacional, estableció que el militar extrajo documentos y disquetes confidenciales con datos sobre operaciones antidroga e investigaciones en contra de un grupo de mandos castrenses mismos que había entregado a la revista Proceso.
Difundida por el semanario Proceso en su edición 1082, del 27 de julio de 1997, la información ahí contenida provocó de manera indirecta el asesinato de Irma Lizzete Ibarra dos días después.
Pero ¿quién era Lizzete Ibarra?
Además de estar acusada de establecer contacto entre grupos de supuestos narcotraficantes y jefes militares adscritos a Jalisco, la guapa mujer había sido amante por mucho tiempo del antecesor del general Gutiérrez Rebollo en Jalisco, el desaparecido general Vinicio Santoyo Feria, colaborador del general Arévalo Gardoqui, cuyo secretario particular Héctor Ixtláhuac Gaspar fuese acribillado casualmente días antes que la señora Ibarra.
Pablo Castellanos García fue acusado de “infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército” y “ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de autoría intelectual”. Fue procesado por la Justicia Militar junto con el capitán segundo oficinista Miguel Ángel Hernández Torres y condenado a 12 años y ocho meses de prisión, pero salió el 5 de marzo del 2001 tras ganar dos amparos y pagar una fianza de mil 850 pesos.
Y decimos que es una persona controversial porque mientras una parte de la milicia le reprocha su “traición al ejército”, otros lo consideran víctima del secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, y su hermano Pedro.
Isabel Arvide escribió en el año 2000 que “cuando los rumores más recientes colocan a los generales Gastón Menchaca Arias, Manuel Avila Pérez y Guillermo Alvarez Nahara como otros de los que pueden estar a punto de ser detenidos por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, vale la pena regresar a las tarjetas de "inteligencia militar" que fueron dadas a conocer hace tres años por el coronel Pablo Castellanos”.
Y enseguida enumeraba:
Los generales Javier García Morales, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiróz Hermosillo, Gastón Menchaca Arias, Juan Félix Tapia, José Ángel García Elizalde, los hijos de los generales Arévalo Gardoqui y Godínez Bravo.
Obviamente los antes mencionados no lo pueden ni ver, pero en cambio, tiene la simpatía de muchos otros generales.
En el 2005 fue acogido en el Estado de Morelos por el General Jorge Emilio Doring y Aburto, en ese entonces secretario de Seguridad Pública del Estado con el gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez. Ocupó el cargo de director de operaciones tácticas y estuvo bajo las órdenes del entonces subsecretario operativo Luis Ángel Cabeza de Vaca, hijo del también general Luis Ángel Cabeza de Vaca Ávalos.
En enero del 2011 fue designado coordinador del C4 en la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, bajo las órdenes del General Heliodoro Guerrero Guerrero.
Durante el tiempo que el General Gastón Menchaca Arias estuvo al frente de la SSP de Morelos el coronel Castellanos se mantuvo fuera de la corporación por obvias razones, pero a la llegada del General Gilberto Toledano Sánchez, regresó a Morelos.
En la práctica está a cargo del proyecto de la Policía Acreditable, pero orgánicamente no aparece en ningún puesto. Lo importante es que es de la confianza del secretario, no así el General Rafael García Aguilar, subsecretario operativo de la dependencia.
Y la semana pasada hablábamos de otro hombre de las confianzas del General Toledano Sánchez: Miguel Ángel Machuca Ramírez, recientemente designado director del Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos”.
Machuca no es gente de Toledano, pero sí de su antecesor, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Fue él quien lo hizo director de la Policía Preventiva del Estado en las regiones Metropolitana, Oriente y Sur, así como de la Policía Estatal de Caminos y Auxilio Turístico y del Agrupamiento Montado de la misma Policía Estatal.
Cuando se modifica la Ley y el rubro penitenciario pasa a depender de la SSP, Luis Ángel Cabeza de Vaca nombra a Machuca como director general de Reclusorios.
A la salida de Cabeza de Vaca por las circunstancias que ya todos sabemos, Machuca deambula por el estado de Guerrero donde se encarga de la seguridad de los Penales de Iguala y Chilpancingo, para después regresar a su tierra natal, Tlaltizapán, donde su amigo Ennio Pérez lo mantiene en la nómina con un cargo de “asesor en seguridad”.
Hoy es el director del Penal de Atlacholoaya, de donde salen muertos o millonarios.
LO QUE NO ESCRIBIÓ EL GENERAL
Para seguir con el tema de los generales, y no obstante que no he podido conseguir el libro escrito por el General Jorge Carrillo Olea, de todos modos estoy seguro que en su obra literaria no viene nada de lo que a continuación comento.
El 10 de abril de 1996 se conmemoró el 77avo aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. El presidente mexicano Ernesto Zedillo y el gobernador de Morelos Jorge Carrillo querían celebrar la ocasión con visitas en Tlaltizapan, Morelos.
En la mañana del miércoles 10 de abril, cerca de 800 tepoztecos y sus seguidores también conmemoraban la muerte del héroe de los campesinos. Este año, el legado de Zapata poseía un significado más íntimo. Después de haber peleado contra KS y el gobierno, cansados por la falta de progreso y desconsolados por encarcelación continua de "nuestros prisioneros", los tepoztecos necesitaban recargar energías. El presidente municipal Lázaro Rodríguez y sus seguidores querían recordar a la gente que la continuación de la historia de su estado era la que los había orillado a tomar este camino, y que por esta continuación, nunca estaban solos.
El grupo, que incluía muchas mujeres, ancianos y niños, viajaba en automóviles y autobuses en una ruta que pasaría por lugares significativos en la vida de Zapata: Anenecuilco, donde nació; Cuautla, donde luchó; y Chinameca, donde murió asesinado en una emboscada. La procesión terminaría en Tlaltizapan, donde le entregarían una carta frente a frente al Presidente de la República.
Vestidos de adelitas y zapatistas, los niños cargaban rifles de madera y machetes de cartón. Algunos lucían bigotes como los de Zapata. Los peregrinos dejaban flores en cada pueblo del camino. Al entrar a Cuautla colocaron una corona al pie de la estatua de Zapata, dirigiéndose después a la Villa de Ayala. Los viajeros habían alcanzado un paraje aislado en el camino, justo a las afueras de Tlaltizapan, cuando cientos de granaderos y policías estatales armados los rodearon y detuvieron. "Nos emboscaron, tal como le hicieron a Zapata", dice Lázaro.
La policía les gritó que llevaban órdenes de prevenir que los peregrinos continuaran a Tlaltizapan. Mientras que los niños lloraban, los adultos gritaban a los policías. El jefe de la policía Juan Manuel Ariño demandó "Queremos ver al Presidente Municipal y a los demás tepoztecos". "¡No nos tienen porqué obstruir el paso, pinche viejo!" gritó una mujer. Los participantes se lanzaron en contra de la policía al grito de "¡Viva Zapata, viva Tepoztlán!" hasta que se convirtió en un canto estruendoso.
La policía se lanzó en contra de los manifestantes. "Golpearon a nuestros viejitos" confesó después la maestra Leticia Moctezuma. Se oyeron los disparos. Marcos Olmedo, un hombre de 65 años también conocido como "El Chipi", se derrumbó. "¡Corran, mataron al Chipi!" gritó una mujer mientras los disparos seguían resonando en el aire. En realidad, a Marcos le habían disparado, pero no estaba muerto. "Yo iba junto a Marcos," dijo Refugio Marquina, "y en la corredera lo vi caer después de los balazos. Todavía los granaderos lo golpearon cuando cayó." Los soldados lo arrastraron para esconderlo. Se oyeron más disparos. "¡Ya déjenlo!" rogó un hombre.
Los manifestantes zapatistas fueron detenidos durante cuatro horas. A los niños los encerraron todos apretujados en una camioneta, mientras que a los heridos los dejaron agonizar hasta que el presidente Zedillo había abandonado el área. Casi 40 tepoztecos fueron arrestados, acusados de destruir cuatro patrullas y de portar armas ilegales. El agente gubernamental José Abraham Mejía (José Abraján Mejía, secretario de Seguridad Pública) emitió una declaración que afirmaba: "Cabe hacer notar que los elementos de la policía no portaban armas de fuego". Se anunció oficialmente que Marcos Olmedo estaba muerto "de una bala en la cabeza; tiene muestras de haber sido arrastrado y permanecido muchas horas al sol."
El problema de Tepoztlán se resolvería pronto, el proyecto del Club de Golf podría proceder y el PRI retornaría y retomaría el control. Excepto por un detalle muy importante. Dos periodistas extranjeros y un miembro del CUT habían filmado y fotografiado toda la emboscada.
Ya no podría discutirse: la policía no sólo tenía armas, también las había usado contra una multitud desarmada. Un momento especialmente escalofriante en el video del CUT mostraba al jefe de policía Juan Manuel Ariño apuntando cuidadosamente su pistola hacia la multitud. Al ver que lo filmaban, Ariño se volteó rápidamente y apuntó su arma al fotógrafo. Después parece haberse arrepentido, guardó su pistola en su cacha y desapareció entre una masa de policías.
Lo que el gobierno de Morelos había cortejado con tanto ahínco, ahora sería su perdición: la tecnología. La situación se agravó con la velocidad de una transmisión vía satélite. Unas horas después de la declaración de Mejía, los medios de comunicación mexicanos habían visto todos los videos. La televisión y los periódicos describían el contenido una y otra vez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos vio el metraje. El estado fue forzado a liberar a los 34 tepoztecos que todavía tenía bajo custodia. Ariño fue arrestado junto con otros 54 policías el viernes 12 de abril.
Esa tarde, la cadena televisiva TV Azteca transmitió una entrevista exclusiva presenciada en todo México.
Debido a la "grave alteración del orden jurídico y los hechos de violencia suscitados el pasado miércoles", Francisco Kladt anunciaba que el proyecto del Club de Golf sería "definitivamente cancelado".
La anterior narración es parte del libro The Golf War in the Sacred Valley que escribió la periodista norteamericana Julie Reynolds .
Pero lo que no aparece en ninguno de los dos libros es la “operación jurídica” que precedió a los hechos antes narrados, para que el capitán Juan Manuel Ariño y el resto de los policías salieran libres en los siguientes meses y años, en un “complot” de estado que incluyó la “misteriosa desaparición” de la pistola con la que mataron a Marcos Olmedo, de la cárcel distrital donde estaba resguardada.
A 15 años de distancia ya se puede hacer público que el comandante que se encargó de andar paseando el cadáver de Marcos para finalmente “depositarlo” en un terreno baldío a unos metros del módulo de Justicia de Jojutla, originalmente también había sido consignado junto con Ariño, pero éste amenazó con hacer pública la operación ordenada desde Palacio de Gobierno y entonces el procurador Carlos Peredo Merlo tuvo que mandar una nueva consignación ya sin el nombre de este policía hoy jubilado.
Y salvo que también haya desaparecido, ahí está el libro de registro del Juzgado Primero Penal del Cuarto Distrito Judicial donde se recibe dicha consignación contra 56 personas y después se vuelve a recibir el mismo oficio pero ya nadamás con 55 nombres.
Si el entonces gobernador y hoy escritor Jorge Carrillo Olea tuvo conocimiento de ello tiene responsabilidad junto con el resto de sus funcionarios, si no se enteró entonces de en balde fue jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con cuyo respaldo hoy se siente voz autorizada para hablar de un “México en riesgo”.
SOBRE EL CASO CASAMATA
El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá sobre los Recursos de Revisión que promovieron el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de Fiscalización, en contra de la resolución dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Juicio número 171/2010, mismo que concede el amparo únicamente para efectos al ex auditor superior de fiscalización, Gerardo Casamata Gómez.
A pesar de que no se ordenó la reinstalación de Casamata Gómez, ni pagarle cantidad económica alguna, sino que solamente se fundara y motivara el acuerdo por el cual se le suspendió en el cargo, el Congreso de Estado se inconformó en contra de la resolución dictada, como también lo hizo la Auditoría Superior de Fiscalización, que hoy encabeza como encargado Luis Manuel González Velázquez.
En la impugnación, se deberá analizar la circunstancia de que han cambiado las condiciones que existían cuando Casamata Gómez fue suspendido y las que imperan actualmente, toda vez que ya fue hallado culpable en un juicio penal (número 10/2010) del que conoció el Juzgado Primero de Distrito en el estado, quien lo condenó a dos años de prisión en sentencia definitiva.
Además, se encuentra suspendido de sus derechos políticos como resultado de ésta resolución, de allí que existe impedimento legal alguno para que pueda ser reinstalado en el cargo.
Ahora habrá que esperar cuál será la jugada que promoverán los promotores y auspiciadores de Gerardo Casamata, quien le garantizó impunidad al PAN-Gobierno durante muchos años.
SEMANA DE ”MÉXICO INFÓRMATE” EN MORELOS
“México Infórmate” es una iniciativa que busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al Gobierno bajo la lupa: para que fiscalicen el uso de recursos públicos y la forma en que las autoridades toman las decisiones que a todos afectan.
Tomando como eje el derecho a saber, el proyecto pretende fomentar el uso de las leyes de acceso a la información pública en el país y motivar a los medios de comunicación para que desafíen la impunidad exhibiendo casos de corrupción.
La primera edición de México Infórmate se desarrollará en la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2009. Esta iniciativa se realizará año con año en la semana del 28 de septiembre, fecha en que se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber.
A lo largo de la semana los medios de comunicación participantes difundirán el derecho que tienen las personas a estar informadas, a través de artículos, editoriales, mensajes en radio y televisión, así como trabajos elaborados a través de las leyes de transparencia. También se llevarán a cabo foros, talleres, seminarios y otras actividades en las que podrán participar todas las personas interesadas en hacer uso de su derecho a saber.
La iniciativa es coordinada por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), un organismo no gubernamental estadounidense con sede en la Universidad George Washington. A este proyecto se suman Alianza Cívica, el Centro de Documentación e Investigación Periodística (CEDIP), y una red de coordinadores estatales. En Morelos los coordinadores somos Leonora Valentina Jiménez Franco y un servidor.
El próximo lunes 26 se ofrecerá la conferencia de prensa en la que se darán a conocer las actividades de la Semana de “México Infórmate” en Morelos, y que incluye una serie de pláticas a estudiantes universitarios y una conferencia de Samuel Bonilla, representante en San Luis Potosí de esta organización. Es de destacarse que varias actividades se harán en coordinación con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
SEGUNDA SEMANA DE LA CULTURA JURÍDICA
Y a partir del próximo 3 de octubre en la Facultad de Derecho de la UAEM se realiza la Segunda Semana de la Cultura Jurídica y la Paz que organiza el Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Constitucionales. El año anterior contó con la presencia de Jorge Carpizo y en esta ocasión los ponentes son de primer nivel.
Entre ellos:
Olga Cristina Martín Arrieta, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Marco Antonio Alvear Sánchez, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM; Manlio Fabio Casarín León, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana; Guillermo Nares Rodríguez, director de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Roberto Rodríguez Saldaña, director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.
DE TODO UN POCO
La propuesta de Pedro Luis.- El procurador de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez, está en Boca del Rio, Veracruz. Y no es que hayan solicitado sus servicios para esclarecer el homicidio de 35 personas cuyos cadáveres fueron abandonados en una céntrica avenida, sino que ahí mismo (bajo exageradísimas medidas de seguridad) se celebra el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia.
Allá, el fiscal morelense propuso la instalación de un sistema radiofónico en las frecuencias de AM y FM a lo largo de la red carretera nacional. Este sistema radiofónico permitiría que los usuarios de las carreteras federales estén informados sobre las condiciones climáticas, reparaciones, accidentes, hechos delictivos y demás advertencias, que permitan ofrecer mayores niveles de seguridad a población que transita por la vía terrestre.
Estrenando edificio.- El pasado miércoles, el gobernador Marco Adame Castillo y el secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), Heriberto Félix Guerra, entregaron el edificio del Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que coloca a esta institución como prototipo de modernización en el rubro registral a nivel nacional, con una inversión superior a los 106 millones de pesos, por lo que actualmente Morelos es la entidad con mayor avance porcentual logrado en menor tiempo siendo el primero en implementar innovación tecnológica y brindar certeza jurídica como herramienta para la inversión.
Sin hacer mucho ruido, el director de esa dependencia, Alfredo García Reynoso, está cerca de completar los seis años al frente de esta institución.
Le salió barato.- Una amonestación, la destitución (que ya no aplica porque ya había renunciado) y la inhabilitación por cinco años para ocupar cargos en territorio mexicano, fue la sanción que la Secretaría de la Función Pública le aplicó al ex delegado de la Sedesol en Morelos, Oswaldo Castañeda. Más que para Oswaldo, es un duro golpe para el virtual candidato del PAN a la gubernatura del estado, Adrián Rivera.
HASTA EL PRÓXIMO VIERNES.
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Lo que no escribió el general Carrillo Olea.
