Tenemos en nuestro poder un documento identificado con el número SEMAR/UIN.-DI.-C-033, fechado el 27/02/2019 y con un logotipo que dice “Unidad de Inteligencia Naval”, con el título “Panorama delictivo de Morelos”. Son 52 páginas que contienen informes y gráficas como las que mencionamos ayer, con un nivel de diseño muy básico pero que finalmente el hecho de que haya salido de la Secretaría de Marina le da cierta validez.
Comienza con una explicación muy general de la situación política de nuestra entidad, diciendo que Morelos “es gobernado por Cuauhtémoc Blanco Bravo para el periodo 2018- 2024, quién inició su gestión bajo el escenario de que uno de los partidos que apoyo su elección (MORENA) tiene la mayoría en el Congreso Local y presidencias municipales…”
Continúa diciendo que el Gobierno del Estado de Morelos “mantiene ríspidas relaciones con el Congreso Local y su punto más álgido se presentó durante el proceso de negociación del Paquete Económico 2019, el cual no ha sido aprobado y se encuentra a días de que se cumpla el plazo que la ley establece para su aprobación. Mediáticamente se asegura que un grupo de 15 diputados (PRI, PAN, PRD, PSD y MORENA) mantiene el control del Congreso del Estado de Morelos y se asegura que volverá a tener un capítulo más de confrontación en la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024”.
El documento que fue enviado por la SEMAR a sus superiores en el 2019 dice que el Congreso local ha intentado destituir a los fiscales General y Anticorrupción, quienes fueron designados por la anterior administración estatal, “ya que los considera que actúan de forma parcial en contra de ex-funcionarios. En este tenor, Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ex-gobernador Graco Ramírez, Rodrigo Gayosso Cepeda, su esposa Elena Cepeda y el notario público número 8, Alberto Barona, por la compra venta de dos inmuebles valuados en 22 millones de pesos. En el contexto de los primeros cien días de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, una encuesta elaborada por el periódico El Financiero afirma que el 54% de la ciudadanía del estado aprueba su gestión”.
Llama la atención en el apartado “Gabinete del Gobierno estatal”, viene la fotografía de cada funcionario y en la parte de abajo le ponen sus “aspectos negativos”. Así, del entonces secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, refieren que “fue parte del consejo de administración de “inmobiliaria Korzen S.A. de C.V., y “Contreras y Jainero, S.C.”, empresas vinculadas a José Juan Jainero Rodríguez, quien figura como prestanombres de Javier Duarte”.
Cuando llegan al apartado que corresponde al Comisionado de Seguridad Pública, el vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros tiene en blanco ese espacio, como diciendo que está “totalmente limpio”.
En la parte donde habla de Delincuencia Organizada, dice que en el estado de Morelos tienen presencia Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, escisiones de los Beltrán Leyva (Los Rojos y Los Guerreros Unidos), así como grupos delictivos locales autodenominados Los Maya, Los Linos y el Cártel del Sur, quienes mantienen enfrentamientos por el control del territorio para actividades ilícitas vinculadas a la delincuencia organizada.
Y aquí viene lo interesante:
Según la SEMAR, en ese año (2019) no había presidente municipal que no estuviera vinculado con la delincuencia organizada. Hasta Rogelio Torres Ortega (QPD), de Tepoztlán, resultó con nexos con Guerreros Unidos y Cartel Jalisco Nueva Generación.
Del gobierno estatal, vienen las fotografías del ex subsecretario de Gobierno, Jesús Guízar Nájera, del entonces consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, y del jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo, tampoco se salva, así como las diputadas Rosalina Mazari y Tania Valentina Rodríguez.
La ficha del senador Ángel García Yáñez es muy amplia. Se le relaciona con Raymundo Isidro Castro “El Ray”, Crispín Gaspar Cortéz, José Alberto Valdez Chapa, Irving Solano “El Profe” y Homero Meza Figueroa “El Inge”.
Luego viene el apartado denominado “Jueces y Magistrados que han liberado a integrantes de la Delincuencia Organizada”, pero quienes hicieron esta clasificación cometieron varios errores. Por ejemplo, dicen que César Ricardo García Bravo es juez oral cuando en realidad siempre ha sido litigante. Ponen que Rubén Jasso Díaz es juez oral cuando ya era magistrado del Tribunal Superior de Justicia y en otra gráfica lo confunden con Martín Domínguez Casarrubias.
Ese tipo de imprecisiones son las que hacen desconfiar de este documento en el que supuestamente la SEMAR se basa para tomar sus decisiones.
También, dan por cierto informaciones que son simples chismes obtenidos del Facebook. Por ejemplo, cuando hablan de Antonio Villalobos Adán refieren que “el 11 de julio de 2018, en la red social Facebook “No más corrupción”, citan a Francisco Antonio Villalobos Adán como infiltrado del ex gobernador Graco en MORENA que pretende gobernar Cuernavaca. Mencionando que Villalobos Adán fue inhabilitado en dos ocasiones por extorsión a comerciantes, violencia por excederse en sus facultades cuando fungió en el área de gobernación municipal”.
Después de haber leído el documento en mención, llegamos a la misma conclusión que hemos venido sosteniendo: el material hackeado por Guacamaya Leaks sirve para vender más periódicos o para tener más vistas y likes en internet, pero no para integrar carpetas de investigación contra los verdaderos delincuentes.
Ya habíamos analizado información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y llegado a la conclusión de que se alimenta de datos que recaba de periódicos y redes sociales; hoy lamentablemente también nos decepciona la llamada “inteligencia naval” que pertenece a la institución considerada de mayor respeto a nivel nacional.
HASTA EL PRÓXIMO LUNES.
