Víctor Martínez Orduña Muñoz y Guillermo Valls Esponda, magistrados del TFJA, coincidieron en que sí existió el daño al erario federal por un monto de 239.3 millones de pesos, ya que no sólo se comprobó que hubo violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Relacionadas y su reglamento, así como con la cláusula tercera del convenio firmado entre la Sedesol y la UAEM el 6 de mayo de 2013 que prohibía la subcontratación, sino que la ASF presentó evidencia de que los ex funcionarios participaron en el proceso irregular de licitación, contratación y pago de la empresa Evyena Servicios SA. De C.V.

También en ambos proyectos, se consideró que la ASF sustentó debidamente la responsabilidad de Gerardo Ávila García, quien al momento de los hechos imputados se desempeñaba como secretario de la Rectoría, y del encargado del encargado de proyectos especiales de la UAEM, Winstano Luis Orozco García.

Una semana antes, con 10 votos a favor y solamente uno en contra, el Tribunal aprobó el proyecto del magistrado Manuel Hallivis Pelayo, quien propuso ratificar la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la cual le impuso a Vera Jiménez el pago por 22 millones 462 mil pesos, derivado de la auditoría que se le practicó a la UAEM.

“Del análisis de los argumentos de ambas partes y de los hechos resulta que el actor (Vera Jiménez), no desvirtuó las conductas que se le imputan, que fueron las que generaron el daño a la hacienda pública y que el actor aduzca que él no lo hizo materialmente, no lo exime del hecho que él licitó y firmó el contrato del que resultaron todos los daños y las supuestas inexistencias de los servicios para imponerle una responsabilidad resarcitoria que lo que busca es compensar, reparar el monto de los daños estimables en dinero que se hubieran causado a la hacienda pública, aquí son poco más de 20 millones de pesos”, dice la resolución.

Como ya se ha difundido ampliamente, el gobierno federal dispuso de siete mil 670 millones de pesos QUE le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo bautizado por el portal Animal Político como “La Estafa Maestra”, que tuvo su experimentación en el estado de Veracruz cuando gobernaba el priísta Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

De acuerdo a la base de datos elaborada por tres reporteros de Animal Político, no hubo ninguna empresa morelense involucrada en el fraude, todas provienen de otras entidades. Al parecer, fue una operación ya diseñada desde muy arriba con la finalidad de quedarse con la mayor cantidad de dinero que fuera posible.

Una de ellas es Comercializadora Cónclave S.A de C.V. propiedad de Saúl Elías Álvarez Mercado y Rodolfo David Dávila Cordova, con domicilio fiscal en Ciudad de México, pero que resultó ser un consultorio médico.

Según la Auditoría, no declaró el ISR del dinero que recibió. Como únicos antecedentes, tuvo dos contratos con Caminos y Puentes Federales en 2010 para servicios de banquetes por 81 mil y 260 mil pesos. No hay evidencia de que los bienes pagados por Cónclave fueron adquiridos y entregados, ni de su distribución ni del acompañamiento en las 32 delegaciones federales de la Sedesol para su entrega en los municipios, por lo que se presume un esquema de facturación a través de la simulación de operaciones, que evidencia a una empresa que factura una presunta prestación de bienes o servicios y a la dependencia contratante, la cual supuestamente los recibió de conformidad. La dirección del accionista mayoritario coincide con las de las empresas Comercializadora Kardiel, Publicidad y Servicios Kirman y Textiles Unidos Kayutt.

CEO Marne México, S. A. de C. V. empresa registrada en Compranet. Recibió transferencia de la UAEM en el mismo lote que Fortalitia, It Guardian, Comercializadora Servs y PBM Progress. La ASF dice que la Universidad no entregó convenios, entregables por lo que se presume que los recursos otorgados por la Sagarpa para la ejecución del objeto del convenio no fueron aplicados para los fines del mismo.

Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V., con domicilio fiscal en San Pedro Garza, Nuevo León. Según el SIEM, tiene de 0 a 10 empleados. Esta empresa recibió transferencia de 10 prestadores de servicios contratados por la Universidad Autónoma del Estado de México en el convenio SPI-AD-057/2014 por 14 millones 505 mil pesos pero no se conoce el desglose para cada una: Administración y Desarrollo Empresarial Mega, Evyena Servicios, Consolidación de servicios y sistemas administrativos, estas sin antecedentes registrales. También a Icalma Servicios y Consultoría, Interamericana de Negocios y Comercio y a Jesús Fernando Ortega Martínez. No se especifica cuánto a cada quien. Recibió transferencia de 10 prestadores de servicio; Sedesol; Recibió transferencia de Comercializadora Integral de Productos Villaregia, S. A. de C. V; Recibió transferencia de Evyena, la empresa ganadora en la licitación. La ASF acudió al domicilio solicitando información el 18 de septiembre de 2015, pero no la entregó por lo que fue multada. En la licitación con la UAEM la universidad no entregó factura del proveedor, contrato ni entregables.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que tres mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

HASTA EL LUNES.