Cristian Velasco Alcocer, quien dijo aspirar a la presidencia de la Barra de Abogados, consideró inaplazable la renuncia de Jesús Alberto Capella al frente de la Comisión Estatal de Seguridad, y agregó que si no se modifican las políticas en la materia, también el gobernador Graco Ramírez deberá separarse del cargo.

Criticó los argumentos del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, en el sentido de que los abogados sólo cuestionaban pero no proponían, pues sostuvo que “les hicimos una invitación para hablar del tema y nos dejaron plantados, tanto él, como Graco y Capella, la verdad es que tienen miedo a comprometerse públicamente y quieren hablar en lo oscurito”.

Acusó además al gobierno de actuar con perversidad y dolo, criminalizando a las víctimas, sugiriendo que los sucesos obedecen a actividades de dudosa reputación, cuando todos conocimos el profesionalismo de Rodolfo García. Por eso insistió en que “si Graco no puede, que se vaya antes de que siga causando más daño a los morelenses”.

EN DEFENSA DE CONNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS

En otro asunto, también ayer, el presidente de la Confederación Internacional de Morelenses, Pablo Antonio Castro Zavala, dijo que son unos 50 mexicanos recluidos en cárceles de Estados Unidos, quienes se encuentran sentenciados a muerte, y entre ellos el morelense, nacido en Cuernavaca, Víctor Manuel Miranda Guerrero, quien vive en una jaula de acero.

Sólo en la cárcel de máxima seguridad de San Quintín, en California, hay 39 que esperan la muerte letal; 12 más en Texas y por quienes la confederación desarrolla una intensa lucha legal, a fin de evitar que sean ejecutados. Por ello solicitaron ya el apoyo del Senado de la República y del gobierno mexicano, a fin de que fortalezca la defensa jurídica de los mismos. Mencionó que ya respecto a Miranda, se ha solicitado una apelación que se espera prospere positivamente.

Incluso, abundó Castro Zavala, se viene pidiendo la intervención también de la Corte Internacional de Justicia, porque en la mayoría de los casos se violan derechos contemplados en acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos.