Mientras buena parte del sistema educativo en Morelos retoma actividades, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el conflicto sigue abierto. Las clases no se han normalizado del todo y las instalaciones continúan parcialmente tomadas y generando una fricción en la comunidad estudiantil: quienes quieren ya regresar a clases presenciales y quienes se oponen a ello.

Hay que precisar que toda inconformidad estudiantil merece ser escuchada. La universidad pública no puede entenderse sin crítica, sin debate y sin la capacidad de sus estudiantes para señalar aquello que consideran injusto o insuficiente, esto es muy legítimo. Las demandas en materia de seguridad, condiciones universitarias o representación no tendrían por qué minimizarse. Forman parte natural de la vida universitaria. No obstante, no hay que perder la esencia de la universidad, que es la formación académica de jóvenes para que tengan las herramientas para abrirse camino en el campo laboral para así contribuir con la sociedad a la que se deben; y por otro lado está el tema de seguridad, que sí es netamente una obligación del Estado ser garantizada, de acuerdo a la teoría política en lo que es el contrato social, como lo expuso Thomas Hobbes.

De tal manera que, en este caso de la UAEM, el problema comienza cuando el conflicto deja de avanzar hacia una solución y empieza a girar sobre sí mismo. En las últimas semanas, diversas unidades académicas han retomado actividades, mientras otras continúan afectadas por la toma de espacios o por la falta de acuerdos definitivos. Entonces, lo relevante aquí es que la comunidad estudiantil no es un bloque homogéneo. Hay quienes respaldan la movilización, pero también quienes consideran urgente volver a clases y recuperar el semestre. Y esa diferencia importa porque cada semana sin actividad presencial tiene efectos concretos. No se trata solamente de mover fechas en el calendario. Se comprometen evaluaciones, prácticas, procesos de titulación, trámites administrativos y dinámicas académicas que no siempre pueden resolverse con ajustes improvisados. Un semestre universitario no se recompone con facilidad cuando pierde continuidad. Y por otro, hay quienes dicen que un semestre se puede recuperar, pero la vida no. Este último aspecto hay que tenerlo presente. La universidad no es policía, para eso está el gobierno, quien es el responsable de ello. No hay que perder de vista este punto.

Ahora bien, muchos estudiantes ya conocen esa experiencia de perder clases por diferentes motivos. La vivieron tras el sismo de 2017, durante la huelga de 2018 y más tarde en la pandemia. La educación interrumpida deja rezagos, desorden y una sensación persistente de aprendizaje incompleto. Pensar que todo se resuelve acelerando contenidos al final del periodo o poniendo calificaciones aprobatorias es desconocer cómo funciona realmente la formación universitaria.

También hay que mencionar otro efecto sobre esta situación que no es menor: el económico. El campus Norte, mejor conocido como Chamilpa, no existe aislado de su entorno. Alrededor de la universidad se mueve una economía cotidiana sostenida por el flujo estudiantil. Rutas de transporte público, fondas, papelerías, copias, pequeños comercios, renta de habitaciones y servicios diversos dependen, en buena medida, de la actividad universitaria. Cuando miles de estudiantes dejan de acudir en un tiempo ya prolongado, como es el caso, ese movimiento se resiente de inmediato. Entonces, una universidad detenida no solo afecta a quienes estudian dentro de ella. También golpea a quienes viven de lo que ocurre alrededor, y por eso el conflicto dejó hace tiempo de ser exclusivamente interno.

Otro elemento que comienza a hacerse visible es la disputa por la representación. Algunas voces dentro del movimiento han planteado nuevas formas de interlocución y reconocimiento formal, lo cual abre una discusión legítima sobre quién habla en nombre del estudiantado y bajo qué mecanismos. Sin embargo, toda disputa de representación entraña riesgos evidentes. Y en esa vertiente, cuando una movilización se prolonga, suelen aparecer agendas paralelas; al convertirse el conflicto en el centro de atención, surgen beneficiarios indirectos. Y cuando la discusión se desplaza de las demandas iniciales hacia la lucha por ocupar espacios de poder, la causa original corre el riesgo de diluirse. Y al parecer, este el caso, y no se necesita afirmar más para advertir la situación.

Toda protesta obtiene fuerza cuando expresa una necesidad colectiva. Comienza a debilitarse cuando una parte importante de esa colectividad empieza a sentirse rehén del conflicto. Ahí es donde la legitimidad se quiebra, no por el derecho a manifestarse, sino por los costos que se van acumulando.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos necesita acuerdos, no prolongaciones indefinidas. Necesita volver a clases, no como concesión de una parte a otra, sino como condición mínima para que cualquier diferencia pueda seguir discutiéndose, y no estar condicionada a un grupo que ya opera con otros intereses: poder y visibilidad. Es importante señalar que se debe alzar la voz, señalar las injusticias, pero también tener presente que la universidad no es botín, como para que en cualquier momento ciertos grupos se alcen como en la época del caudillismo del siglo XIX, en donde el país no tenía estabilidad política, solo fracturas y supuestos líderes mediáticos. Si esto se normaliza, todos pierden.

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