Este lunes, miles de estudiantes en Morelos regresan a las aulas. Las rutinas se reactivan, los salones vuelven a llenarse y parece que la vida académica retoma su curso. Pero no en todos lados. ¿Qué pasa en la UAEM? El calendario escolar del semestre avanza con los ajustes pero… no hay una fecha que devuelva certidumbre a toda la comunidad universitaria.

Cada semana sin clases presenciales no es un dato abstracto. Se traduce en horas perdidas de formación, en contenidos que difícilmente se recuperan con la misma profundidad, en trayectorias académicas que comienzan a fragmentarse. La continuidad del semestre deja de ser una certeza y se convierte en una posibilidad condicionada.

En términos prácticos, el costo es acumulativo. Si se considera que un semestre universitario promedio tiene entre 16 y 18 semanas efectivas, una interrupción prolongada compromete no solo el avance temático, sino también procesos clave: evaluaciones, prácticas, servicio social, titulación. La universidad no se detiene sin consecuencias, y eso hay que tenerlo claro.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos no es cualquier institución. Es un espacio clave para la formación de profesionistas en el estado, un punto de referencia para miles de jóvenes. Pero también, la universidad no es únicamente un espacio de discusión política o de organización estudiantil, aunque ambas cosas formen parte de su historia. Es, antes que nada, un lugar donde el tiempo tiene un valor específico: el de la formación. Cada semana que pasa sin clases no se queda en el calendario, se traduce en contenidos que no se revisan con la misma profundidad, en procesos académicos que se fragmentan, en estudiantes que comienzan a preguntarse cómo se va a recuperar lo que hoy está en pausa. Ya lo hemos vivido con el temblor en 2017, la huelga en 2018, y no se diga en la pandemia de 2020, donde las clases se tornaron virtuales: sinceramente es complicado aprehender (sí con “h”) y prender de manera significativa tantos contenidos en poco tiempo.

El conflicto, por supuesto, no surge de la nada. Tiene causas, demandas, inconformidades que, en su origen, son legítimas. Nadie podría sostener seriamente que la universidad deba ser un espacio ajeno a la crítica o al desacuerdo. Sin embargo, con el paso de los días, la discusión ya no gira únicamente en torno a esas demandas, sino a la forma en que se están procesando.

Las mesas de negociación existen, pero los acuerdos no terminan de aterrizar. Se anuncian avances, se abren espacios de diálogo por parte de la Universidad, pero la solución se mantiene a la distancia. Mientras tanto, la vida académica sigue detenida, ya sea por “x” o “y” según la Resistencia Estudiantil.

Es ahí donde comienza a aparecer una tensión y la distancia entre quienes sostienen la movilización y quienes empiezan a resentir sus efectos, porque no toda la comunidad vive el conflicto de la misma manera. Hay estudiantes que ven comprometidos sus procesos de egreso, otros que dependen de calendarios para becas o trámites, docentes que no pueden desarrollar sus programas, y una institución que, en los hechos, deja de cumplir con su función principal. Cuando una situación así se prolonga, surge una pregunta: ¿qué es lo que los está impidiendo?

No siempre tiene que ver con la ausencia de diálogo. A veces tiene más relación con la forma en que los intereses se reconfiguran al interior del propio conflicto. Lo que en un inicio responde a una demanda concreta puede ir adquiriendo otras capas, otras prioridades, otros ritmos que ya no necesariamente coinciden con el interés general de la comunidad estudiantil. Y conforme pasa el tiempo, esa legitimidad parece irse diluyendo.

No porque la protesta deje de ser válida en sí misma, sino porque sus efectos empiezan a impactar de manera directa en aquello que dice defender aparte de la seguridad: el derecho a la educación. Mantener la presión puede ser una estrategia, pero cuando esa presión se traduce en una interrupción prolongada del proceso formativo, el costo ya no es abstracto.

Y en esa tesitura, regresar a clases no debería ser un desenlace incierto. Debería ser la base mínima sobre la cual se construye cualquier diferencia, en virtud de que, si la universidad deja de cumplir su función académica, todo lo demás (incluida la protesta) pierde su sentido. Este lunes, mientras gran parte del sistema educativo retoma actividades, en parte de la UAEM no será así. 

Lo que está en juego no es menor. No se trata sólo de resolver un conflicto coyuntural ni de ver quién cede primero en una mesa de negociación. Lo que se está poniendo a prueba es la capacidad de la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos para no perder de vista su razón de ser; ya que una universidad que se detiene demasiado tiempo deja de ser espacio de formación y comienza a convertirse en terreno de desgaste.

Ninguna causa, por legítima que sea, puede sostenerse indefinidamente si en el camino termina afectando a quienes dice representar. La presión, cuando se prolonga sin resultados, deja de ser herramienta y empieza a convertirse en obstáculo. Hace falta, entonces, algo más que voluntad de diálogo: hace falta sentido de proporción. Entender que los tiempos del conflicto no pueden imponerse sobre los tiempos de la formación. Que cada día sin clases no es un símbolo, es una pérdida concreta, porque al final, más allá de consignas o posicionamientos, hay una realidad que no admite matices, ya que el semestre no se recupera con discursos, se recupera en las aulas. Es cierto, el tema de la inseguridad ha mermado a la ciudadanía, pero la mesa está puesta, es cuestión de que la Resistencia Estudiantil quiera.

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