Nuevamente, como si se tratara de un ciclo que se repite con la precisión de lo inevitable, el tema del transporte público en Morelos ha vuelto a la agenda. Pero no por una transformación estructural, no por una política pública innovadora, sino por lo de siempre: la presión para aumentar las tarifas. La presión de quienes, desde hace décadas, han aprendido que el sistema no se reforma, se negocia. Y negociar hasta que el Estado ceda, bajo la falacia de modernizar el transporte público.

Los concesionarios, o —para ser más precisos— los liderazgos que operan detrás de ellos, han comenzado a posicionar nuevamente el discurso del aumento tarifario. El argumento es conocido: los costos han subido, la inflación ha golpeado, el negocio ya no es rentable. En apariencia, se trata de una demanda lógica dentro de un contexto económico adverso. No obstante, basta rascar apenas la superficie para descubrir que la discusión no es económica, sino política, porque el verdadero problema del transporte público en Morelos no radica únicamente en cuánto cuesta el pasaje, sino en qué tipo de sistema se ha permitido consolidar. Se trata de un sistema donde el servicio dejó de ser público hace tiempo, aunque conserve el nombre; un sistema donde el usuario no es ciudadano, sino rehén; y donde el Estado no regula, se hace de la vista gorda.

Conviene decirlo sin rodeos: el transporte en Morelos no es un servicio público, es un campo de disputa entre intereses privados tolerados por el poder político. Bajo el modelo concesionado, lo que debiera ser un derecho, el derecho a la movilidad, se ha convertido en un negocio fragmentado, opaco y profundamente desigual.

Ahora bien, se habla de la crisis del transporte, pero rara vez se señala a sus beneficiarios; porque si bien es cierto que muchos choferes enfrentan condiciones laborales precarias, jornadas extensas y esquemas de ingreso inciertos, también es cierto que el grueso de las ganancias no circula en ese nivel. El negocio real no está en el volante, sino en las estructuras que concentran rutas, permisos y decisiones. Es ahí donde se acumula el poder. Mientras tanto, el usuario queda atrapado en medio de una disputa que no eligió. Y es también en este contexto donde se puede echar andar ese discurso de la 4T del pueblo sabio y bueno y de vivir en una auténtica democracia con una consulta popular para decidir si se debe aumentar o no el pasaje, o ¿acaso los mecanismos de participación ciudadana solo se activan cuando se le ocurría a AMLO?

En esta sintonía, se vislumbra nuevamente una paradoja brutal: se pide aumentar tarifas en un sistema que no ha sido capaz de garantizar condiciones mínimas de calidad. El paradigma del transporte público es el siguiente: unidades deterioradas, muchas de ellas en condiciones francamente indignas; asientos inexistentes o rotos; filtraciones que convierten cada lluvia en una experiencia de desgaste; operadores sometidos a dinámicas de competencia feroz que derivan en conflictos constantes, gritos y agresiones. Son escenas que ya forman parte de la normalidad cotidiana.

Pero esa normalidad es, en realidad, una forma de deterioro social, porque el transporte público no es solo un medio de traslado, es un indicador de cómo se organiza una sociedad. Es, en muchos sentidos, un espejo de sus prioridades. Y lo que hoy refleja Morelos es un sistema anclado en el pasado: rancio, añejo, resistente al cambio no por eficiencia, sino por conveniencia.

Y en esa tesitura, se ha normalizado que el transporte funcione mal, que sea incómodo, que sea inseguro, que sea incierto. Y, sin embargo, se pretende que el ciudadano pague más por lo mismo, o peor, por un servicio que no solo no mejora, sino que parece deteriorarse con el tiempo. Aquí es donde la discusión debe cambiar de eje. No se trata únicamente de si el aumento es justo o injusto. Se trata de preguntarnos por qué el modelo sigue siendo el mismo. Por qué, pese a los cambios de administración, de discurso político y de promesas de modernización, el transporte permanece como una de las deudas más evidentes del Estado.

La respuesta es clara: porque el sistema funciona para quienes lo controlan. La captura del Estado por grupos transportistas no es una hipótesis, es una práctica observable. Cada intento de regulación, cada anuncio de reordenamiento, cada propuesta de modernización, termina diluyéndose en mesas de negociación donde el interés público se relativiza y el interés privado se impone mediante presión.

En ese contexto, la planeación urbana queda relegada. No existe una visión integral de movilidad. No hay articulación entre rutas, crecimiento urbano y necesidades reales de la población. Lo que hay es una suma de decisiones fragmentadas que responden más a la lógica de concesión que a la lógica de servicio. Y, por ende, el resultado es un sistema ineficiente que impacta directamente en la economía popular, porque no se trata solo del costo del pasaje, sino del tiempo perdido, de la incomodidad constante, del desgaste físico y emocional que implica trasladarse diariamente en condiciones precarias. Es un impuesto invisible que pagan, sobre todo, quienes menos tienen, y eso que según vivimos felices de acuerdo a la 4T.

Aunado a lo anterior, hay otro elemento que agrava aún más la situación, que es la narrativa de desarrollo que se pretende proyectar. Se habla de posicionar a Morelos como destino turístico, de aprovechar coyunturas internacionales, de atraer visitantes. Se construye un discurso de apertura, de modernidad, de proyección global. Pero basta mirar el transporte público para entender la contradicción.

¿Qué imagen se quiere ofrecer ahora que se viene el Mundial de Fútbol?

Imaginemos por un momento la escena: visitantes que llegan desde otros países, que recorren Morelos, que utilizan el transporte local. Se encuentran con unidades deterioradas, con servicios irregulares, con dinámicas de confrontación entre operadores. Con un sistema que no comunica orden, ni seguridad, ni dignidad. ¿Es esa la carta de presentación?

En ese sentido, no se puede aspirar a una proyección internacional sin resolver las condiciones básicas de la vida cotidiana. No se puede hablar de modernidad cuando el sistema de movilidad responde a lógicas del pasado. No se puede construir desarrollo sobre una infraestructura social que no sostiene ni siquiera la experiencia del ciudadano local. Por eso, este no es un momento para negociar aumentos. Es un momento para replantear el modelo, de reconfigurarlo. Reinventar el transporte en Morelos no es una consigna, es una necesidad. Implica pensar en unidades dignas, en esquemas laborales justos, en regulación efectiva, en planeación urbana integral. Y sobre todo, recuperar la idea de que moverse no es un privilegio, es un derecho, y los derechos no se negocian bajo presión, se deben garantizar desde el Estado, pero para que eso ocurra, es necesario romper con la inercia de acuerdos coyunturales que solo posponen el problema, y con la comodidad política de administrar crisis en lugar de resolverlas.

Por lo tanto, el transporte público en Morelos no necesita un ajuste tarifario, necesita una transformación estructural. Todo lo demás es seguir administrando el deterioro, porque los morelenses se merecen un transporte público moderno y de calidad.

Facebook: Juan Carlos Jaimes

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