Las universidades, en cualquier sociedad democrática, representan algo más que espacios de enseñanza, se trata de arenas de pensamiento crítico, de debate y de formación de ciudadanía. De tal manera que cuando una universidad enfrenta momentos de tensión, el desafío no consiste únicamente en resolver una coyuntura inmediata, sino en preservar la esencia misma de la institución y no perder de vista este aspecto. Y en esta tesitura, eso es precisamente lo que hoy está en juego en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde el proceso de diálogo entre autoridades y comunidad universitaria es la ruta para el retorno gradual a las actividades académicas presenciales.

El anuncio de que determinadas unidades académicas, entre ellas la Preparatoria 5 y la Facultad de Medicina votaron por regresar a clases constituye un hecho significativo. No se trata de un simple retorno, sino de una decisión colectiva que refleja la voluntad de la comunidad universitaria de continuar con su vida académica sin dejar de atender las demandas estudiantiles en materia de seguridad.

La discusión que se ha generado en torno a la seguridad universitaria es legítima y necesaria. Los estudiantes han manifestado inquietudes válidas respecto a su integridad y a las condiciones en que desarrollan su vida académica. Sin embargo, también es cierto que el debate comenzó a adquirir tintes políticos que amenazaban con desvirtuar el fondo del problema. En distintos espacios se escucharon voces que planteaban soluciones inmediatas y mediáticas como la destitución de autoridades universitarias, como si cambiar nombres o “cortar cabezas” fuera suficiente para resolver una problemática mucho más compleja.

En realidad, esa lógica pertenece más al terreno del espectáculo político que al de la solución estructural de los problemas públicos. La universidad no es, ni puede ser, una institución encargada de garantizar la seguridad pública en un sentido pleno; esa responsabilidad corresponde al Estado, es decir, a las instancias gubernamentales encargadas de diseñar e implementar políticas de seguridad, prevención del delito y protección ciudadana. Pretender trasladar esa responsabilidad exclusivamente a una institución educativa no sólo es injusto, sino también improductivo.

El debate de fondo debe situarse en un plano más amplio. La inseguridad que preocupa a estudiantes y docentes no surge en el vacío, es reflejo de una realidad social compleja que atraviesa a toda la sociedad mexicana. En ese sentido, la universidad es también un espejo de las tensiones y fracturas que caracterizan a la vida contemporánea. El sociólogo Zygmunt Bauman habló de la “sociedad líquida” para describir un mundo en el que las certezas se desvanecen, las instituciones se vuelven frágiles y los valores tradicionales pierden su capacidad de cohesión. En un contexto así, la violencia y la inseguridad no pueden entenderse únicamente como fallas de infraestructura o de vigilancia; son síntomas de un proceso más profundo de fragmentación social.

Por eso, las respuestas simplistas como colocar cámaras (se está creando un panóptico en ideas de Foucault), instalar arcos de seguridad o reforzar controles de acceso pueden ser útiles, pero resultan insuficientes si no se acompañan de una reflexión más amplia sobre el tejido social y el respeto por la vida. La seguridad no se construye exclusivamente con tecnología o dispositivos físicos; se construye también con valores, con cultura cívica y con una ética social que reconozca la dignidad del otro.

En este punto, la universidad tiene un papel fundamental, aunque distinto al que algunos pretenden asignarle. Su función principal no es convertirse en una institución policial, sino formar ciudadanos críticos, profesionales responsables y personas capaces de contribuir a una convivencia social más justa y respetuosa. La educación, en ese sentido, es una de las herramientas más poderosas para enfrentar la violencia estructural que afecta a la sociedad.

El retorno a clases, entonces, no debe interpretarse como el cierre del debate, sino como el inicio de una nueva etapa. Las demandas estudiantiles expresadas en los pliegos petitorios siguen siendo relevantes y merecen atención seria y responsable. El hecho de que la comunidad universitaria haya decidido regresar a las aulas no implica renunciar a esas exigencias; significa, más bien, que la universidad debe optar por continuar el diálogo sin paralizar su función académica.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que en todo conflicto surgen actores que buscan aprovechar la coyuntura para promover agendas particulares. En el caso de la UAEM, no han faltado voces que intentan politizar el problema y convertirlo en un escenario de confrontación permanente. Son actores que, muchas veces desde el anonimato o desde posiciones externas a la comunidad universitaria, alimentan e impulsan narrativas de desestabilización que poco tienen que ver con el bienestar real de estudiantes y profesores.

La universidad, por su propia naturaleza, debe ser un espacio de pluralidad y debate, pero también de responsabilidad colectiva. Cuando los conflictos se utilizan como instrumentos de presión política o mediática, se corre el riesgo de dañar a la propia institución que se pretende defender. Por eso resulta fundamental distinguir entre la crítica legítima y la manipulación interesada.

Recordemos que en una democracia el diálogo es el instrumento por excelencia para resolver conflictos. No siempre es un camino rápido ni sencillo, pero sí es el más sólido y duradero. La decisión de distintas unidades académicas de retomar actividades mientras continúa las propuestas de diálogo es, en ese sentido, una señal alentadora. Demuestra que la comunidad universitaria, la verdadera comunidad estudiantil, reconoce la importancia de mantener abiertas las vías de comunicación y de construir acuerdos que permitan avanzar.

Ahora bien, este proceso también interpela al gobierno estatal. Si la inseguridad es una preocupación real para los universitarios y para la sociedad en general, las autoridades deben asumir su responsabilidad con acciones concretas. No basta con discursos o promesas; se requiere una estrategia integral que combine prevención, investigación, fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.

La coyuntura que vive la UAEM puede convertirse, paradójicamente, en un punto de inflexión. Un momento que obligue a todos los actores: universidad, gobierno y sociedad a replantear la forma en que se enfrentan los problemas de seguridad. Más que soluciones superficiales, lo que se necesita es una visión de largo plazo que coloque en el centro la dignidad humana y el respeto a la vida.

En última instancia, el desafío no es sólo garantizar condiciones seguras para el regreso a clases, sino recuperar algo más profundo y medular, que es la sensibilidad social frente a la violencia y la indiferencia que a veces se instala en la vida cotidiana. Si la sociedad líquida de la que hablaba Bauman se caracteriza por la fragilidad de los vínculos y la pérdida de certezas, entonces la tarea de las instituciones, y en particular de las universidades, consiste en reconstruir esos vínculos desde el conocimiento, la ética y el compromiso social.

La universidad no puede resolver sola los problemas de seguridad que enfrenta la sociedad, pero sí puede contribuir a formar generaciones capaces de enfrentarlos con inteligencia, sensibilidad y responsabilidad. Ese es, en última instancia, el verdadero sentido de defender la vida universitaria.

El paulatino regreso a clases en la UAEM es una buena noticia. Pero más importante aún es que ese regreso se acompañe de diálogo permanente, acciones gubernamentales firmes y una reflexión colectiva sobre el tipo de sociedad que queremos construir, porque la educación, cuando se defiende con inteligencia y compromiso, sigue siendo uno de los pilares más sólidos para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, esperando que lleguen mejores días.

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