Es sabido que la imagen que se tiene de los políticos por parte de la ciudadanía no es la ideal. A los políticos, en su mayoría, se les asocia como personajes que ven en la política una forma de hacer dinero rápido, como negocio, así como con corrupción e impunidad. Situación que no debería ser así, pues como lo plantearon pensadores como Platón o Aristóteles, la política debe ser atendida por personas virtuosas, quedando en el idealismo. Por ello, es necesario que la política, al menos la mexicana, deba reconfigurarse para así poder hablar de una cuarta transformación. Y para ello, una de las directrices es el tema de una reforma político-electoral que merme con esos personajes e instituciones que ven en la política solo una vía para acceder el poder y hacer negocios, pues lamentablemente, la democracia se volvió una máquina justificable para distribuir el becerro de oro entre los partidos políticos y todos aquellos actores que se encuentran en la arena pública.

Por lo tanto, durante años, la reforma electoral en México ha sido presentada como una deuda pendiente. No una menor, sino una de esas que se repiten sexenio tras sexenio, envueltas en la promesa de transformación, en la narrativa de cambio profundo, en la idea seductora de corregir aquello que la ciudadanía percibe como injusto.

Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tema fue colocado con insistencia en la agenda pública. Se habló de un sistema electoral costoso, de instituciones sobredimensionadas, de una clase política alejada de la gente. En ese diagnóstico, las candidaturas plurinominales aparecieron como sinónimo de representación sin voto directo y acceso al poder sin campaña.

No obstante lo anterior, hay reformas políticas que nacen para transformar y otras que nacen para narrarse. La reciente discusión en torno a la reforma electoral impulsada por el nuevo gobierno federal parece ubicarse en la segunda categoría. No porque carezca de contenido, sino porque desde su origen arrastra una contradicción de fondo: propone alterar estructuras que, en realidad, sostienen a quienes dicen querer modificarlas.

El punto de partida fue ambicioso. El llamado “Plan A” de la reforma electoral planteaba una reconfiguración del sistema político mexicano al plantear la reducción del Congreso, ajustes al financiamiento de partidos, rediseño institucional del árbitro electoral y, de manera destacada, la eliminación o disminución de las candidaturas plurinominales. La narrativa era potente: combatir privilegios, adelgazar la burocracia política y acercar la representación a la voluntad directa del ciudadano.

Sin embargo, la reforma no prosperó. No alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. La oposición cerró filas, pero más destacable fue el hecho de que incluso dentro del bloque oficialista existían resistencias por los partidos aliados. Lo que siguió fue el tránsito hacia el llamado “Plan B”: una versión acotada, viable en términos legales, pero sustancialmente menor en alcance. En ese proceso, el tema de las plurinominales simplemente desapareció del debate legislativo efectivo.

Y es aquí donde comienza la verdadera pregunta: ¿fue un fracaso político o una estrategia previsible?

Las candidaturas plurinominales no son un accidente del sistema mexicano. Surgen como un mecanismo de representación proporcional, diseñado para evitar que las mayorías electorales se traduzcan en hegemonías absolutas en el Congreso. Su lógica es permitir que minorías políticas tengan voz, equilibrar el poder y garantizar pluralidad. En términos teóricos, son un pilar de los sistemas democráticos modernos.

Pero en la práctica mexicana, ese principio ha sido progresivamente desvirtuado. Las listas plurinominales se han convertido en espacios de negociación interna, pago de favores políticos y refugio de cuadros que no necesariamente cuentan con respaldo ciudadano. No requieren campaña, no exigen contacto directo con el electorado y, en muchos casos, funcionan como una puerta trasera al poder legislativo. Es ahí donde emergen figuras recurrentes, los llamados “chapulines” que transitan de un cargo a otro sin pasar por el escrutinio real de las urnas. Y Morena no ha sido ajeno a ello.

De acuerdo al sistema actual, el 40% de la Cámara de Diputados se integra por representación proporcional. Esto significa que una porción significativa del Congreso no es electa de manera directa por distritos. Más aún, las dirigencias partidistas tienen un control considerable sobre la integración de estas listas, lo que refuerza su carácter vertical y discrecional.

Entonces, si el problema es tan evidente, ¿por qué no se eliminan? La respuesta es simplemente porque no conviene, tanto a la oposición, como a los partidos pequeños y al partido en el poder.

A los partidos pequeños, porque constituyen su principal vía de supervivencia legislativa. Sin plurinominales, muchos de ellos desaparecerían del mapa político. A la oposición, porque les garantiza presencia incluso en contextos adversos. Y al partido dominante, porque le permite colocar perfiles estratégicos, operadores políticos y figuras clave sin arriesgarlos en una contienda electoral directa. Es decir, las plurinominales no son solo un mecanismo electoral: son una pieza estructural del sistema de partidos.

Bajo esta lógica, la propuesta de eliminarlas desde el Plan A se volvió, cuando menos, paradójica. ¿Realmente existía la intención de hacerlo, sabiendo que implicaba afectar los intereses de todos los actores políticos relevantes? ¿O se trataba más bien de una bandera discursiva, diseñada para conectar con el descontento ciudadano?

Aquí es donde la noción de “ficción política” cobra sentido. No en el sentido de falsedad absoluta, sino como construcción narrativa. La propuesta se presenta, se discute, se posiciona mediáticamente. Se instala la idea de que el gobierno busca erradicar privilegios. Pero al no concretarse por falta de votos, por resistencia de aliados o por diseño institucional, la responsabilidad se desplaza. El Ejecutivo aparece como impulsor del cambio; el Legislativo, como obstáculo, así de simple: una verdadera cortina de humo, ¿no lo creen? Y como en un acto cuidadosamente escenificado, cada actor cumple su papel en el teatro de la política.

El resultado es una forma de simulación política, donde se propone lo que no se puede aprobar, se debate lo que no se va a concretar y, finalmente, se capitaliza políticamente el intento fallido. En ese proceso, la ciudadanía queda atrapada entre la expectativa de cambio y la persistencia de las mismas prácticas.

No es casual que el Plan B haya omitido el tema de las plurinominales. No podía incluirlo, legalmente hablando, pero tampoco parecía haber voluntad real de reabrir ese frente de conflicto. La reforma sobrevivió en su versión más administrable con ajustes presupuestales, recortes menores, modificaciones operativas... Nada que altere de fondo el equilibrio del sistema.

Y sin embargo, el discurso permanece. Se sigue hablando de privilegios, de excesos, de una clase política desconectada. Pero la estructura que permite esas dinámicas sigue intacta. Más aún, se reproduce con cada proceso electoral.

La pregunta, entonces, no es solo si las plurinominales deben existir o no. Esa es una discusión legítima, compleja y necesaria. La verdadera cuestión es si el sistema político mexicano está dispuesto a reformarse a sí mismo en aquello que le resulta funcional, aunque sea cuestionable. Allí tendría que aparecer la figura de la ciudadanía para hacer presión y no dejar este tema a los representantes políticos, pues estos últimos están alineados a intereses personales o de grupo. ¿Por qué sí se aprobó la reforma electoral de Peña Nieto donde se permitieron las reelecciones de los legisladores y alcaldes municipales? Porque eso sí les convenía a los actores del poder político.

Entonces, eliminar las plurinominales no es solo una decisión técnica, implica una redefinición del poder que se traduciría en ceder poder. Y eso es, históricamente, una de las decisiones más difíciles para cualquier clase política. Mejor, que todo quedara en un capítulo más de la política mexicana donde la narrativa, las ficciones y los discursos políticos son lo conveniente.

Y en esa lógica, las plurinominales seguirán siendo, al menos por ahora, una pieza intocable de un sistema que, entre discursos de transformación y prácticas de continuidad, sigue moviéndose en el delicado equilibrio entre lo que se dice y lo que realmente se está dispuesto a hacer. Recordemos que en política, lo que diga el gobierno será al revés.

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