La Concanaco advierte sobre el impacto nacional del delito.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, advirtió que la extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto para el sector empresarial en el país, al afectar cadenas de valor, generar incrementos en los costos y provocar un clima de inseguridad generalizado.

De acuerdo con el dirigente, la modalidad más frecuente continúa siendo la extorsión telefónica, tanto por llamadas como mediante redes sociales; sin embargo, también persisten prácticas como el cobro de piso, el derecho de paso y otras formas de presión criminal, conocidas como “impuesto criminal”.

Recordó que durante la etapa en la que Claudia Sheinbaum Pado era candidata a la presidencia, la Concanaco presentó una propuesta de reforma para que este delito se persiguiera de oficio. Esta iniciativa derivó en una reforma constitucional y, posteriormente, en la creación de la Ley General contra la Extorsión, la cual amplía el catálogo de delitos, incrementa sanciones y establece mecanismos mediante los cuales el Estado podrá actuar sin necesidad de que exista una denuncia formal.

“Esto cambia significativamente el esquema de denuncia, porque en México, desafortunadamente, al que denuncia lo matan”, afirmó. Explicó que la nueva legislación incorpora figuras como testigos protegidos, números anónimos y unidades especializadas de investigación, con el fin de brindar mayor seguridad a quienes reporten estos delitos.

Dijo que casi el 96% de los casos de extorsión son cifra negra, por lo que no llegan a ser denunciados ante las autoridades. En respuesta, la Concanaco y el gobierno federal emprenderán una campaña nacional a partir del próximo año para promover el uso del número anónimo 089, con el objetivo de aumentar la denuncia y reducir la impunidad.

De la Torre de Stéffano señaló que la violencia contra quienes denuncian es una realidad. “Hemos tenido tres líderes empresariales asesinados por denunciar la extorsión, uno en Matamoros, Tamaulipas, y dos en Ensenada, Baja California”. Aseguró que estos casos ocurrieron durante su gestión al frente del organismo.

Respecto a si la reforma es suficiente para frenar el delito, indicó que la Ley General contra la Extorsión sí incrementa las penas y redefine el delito, además de establecer la persecución de oficio. No obstante, subrayó que cada estado deberá adecuar su marco jurídico local para garantizar que la estrategia funcione a nivel nacional.

“Respaldamos la reforma y participamos en su diseño. Ahora esperamos su entrada en vigor para que los gobiernos federal y estatales cuenten con mayores herramientas para combatir un delito que afecta directamente a la población”, concluyó.