Tras la denuncia del ayuntamiento, la dependencia federal confirmó que en el lugar se llevaban a cabo actividades para el cambio de uso de suelo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal un predio ubicado en el municipio de Hueyapan donde se llevaba a cabo la remoción de vegetación de bosque templado para realizar un cambio de uso de suelo, lo que ha provocado daños al ecosistema.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que luego de una denuncia hecha por el síndico del ayuntamiento de este municipio indígena, acudió al lugar el pasado 8 de julio para realizar una visita de inspección, donde encontró evidencia de derribo y tala de vegetación forestal.

“En el paraje denominado Hueyi Altepetl o Tepelmeme se observó un predio de aproximadamente dos mil metros cuadrados con vegetación forestal de bosque templado de hojosa, sobresaliendo el aile (Alnus), en donde se hizo la remoción parcial de la vegetación. En el lugar se encontraron los restos de la vegetación removida, tales como tocones, troncos, leña, ramas y arbustos; se contabilizaron 17 árboles de aile derribados con motosierra”, afirmó.

La dependencia aseguró que en el lugar se sembraron 200 plantas de ciruela roja y nueve de durazno; sin embargo, al solicitar la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, los responsables no pudieron acreditarla, por lo que se colocaron los sellos de clausura en el predio.

“El municipio indígena de Hueyapan, Morelos, se localiza en la parte nororiente de la entidad, dentro del área de influencia del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y dentro de una zona crítica forestal, por la alta incidencia de tala clandestina y el cambio de uso de suelo en terreno forestal. Por ello, se continuarán implementando acciones de investigación, inspección y vigilancia en dicha zona, así como algunos operativos forestales”, advirtió.

La Profepa recordó que el cambio ilegal de uso de suelo en terreno forestal es una infracción administrativa, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), y constituye un delito según el Código Penal Federal.

Las penas por estos hechos van de seis meses a nueve años de prisión, y multas de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Aunque la dependencia no informó si hubo personas detenidas, afirmó que tras el procedimiento administrativo, en la resolución se deberá contemplar la restauración del sitio afectado.