Madres buscadoras participaron en un conversatorio organizado por la UAEM; faltan políticas públicas para erradicar ese problema, destacan.
Las administraciones federales han incumplido con su obligación de prevenir y localizar a las personas desaparecidas en México, afirmó Hermelinda Ruiz Compeán, madre buscadora del estado de Nayarit, al participar en el “Conversatorio para la Paz. Los derechos humanos y las políticas públicas frente a la desaparición forzada”, que organizó la Procuraduría de los Derechos Académicos (PDA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) se reunieron expertos en el tema de derechos humanos, ante quienes madres buscadoras en México expusieron sus puntos de vista sobre la desaparición forzada, la falta de políticas públicas para erradicarla y de una legislación en México que prevenga este fenómeno.
Hermelinda Ruiz Compeán, madre que busca desde hace 15 años a su hijo Roberto Córdoba Ruiz, desaparecido en Tamaulipas, afirmó que las administraciones federales no han cumplido con su obligación de erradicar las desapariciones ni con la creación de políticas públicas para localizar o ayudar a localizar a las más de 127 mil personas que están desaparecidas en México.
Estelí Martínez, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), experta en el tema de desapariciones, afirmó que existe una complejidad en las más de 127 mil personas desaparecidas en el país, no sólo por el intento de ocultar la cifra que sitúa a México como un país peligroso, sino porque también hay niñas, niños y adolescentes desaparecidos, y es un número muy elevado.
Por su parte, Alberto Olivares Brito, titular de la Procuraduría de los Derechos Académicos de la UAEM, dijo que el objetivo del conversatorio fue trabajar de forma colectiva para plantear soluciones concretas, “a través de políticas públicas efectivas que, en primer lugar, fortalezcan la protección de los derechos humanos; en segundo lugar, mejoren la respuesta institucional ante casos de desaparición forzada; y, finalmente, garanticen justicia y acceso a la verdad para las víctimas y sus familias”.
