No entregó más de 76 llantas a extinto organismo descentralizado.

Una particular fue sancionada por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por uso indebido de recursos públicos, al haberse apropiado de casi un centenar de llantas que habían sido adquiridas para los vehículos oficiales del extinto organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, que estaba a cargo del también desaparecido programa del Seguro Popular.

De acuerdo con la sentencia difundida a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 15 de marzo de 2019, el organismo celebró un contrato con María del Carmen Rubalcava Cañete, propietaria del negocio llamado “Llanta Remate Centro Automotriz Multimarcas”, por un monto de 158 mil pesos para la adquisición de 104 neumáticos de diferentes medidas.
Cinco días después, mediante oficio número REPSS/DF/SRMyS/019Bis/2019, Alberto Ocampo Romero, subdirector de Recursos Materiales y Servicios del organismo descentralizado, solicitó a la proveedora el resguardo en sus instalaciones de las llantas para que se entregaran conforme las fueran necesitando, ya que la institución no contaba con un espacio para su guarda y custodia. La petición fue aceptada por la particular.

Durante 14 meses, fueron entregadas y colocadas 28 llantas para siete vehículos oficiales –según las órdenes de servicio aportadas como prueba dentro del procedimiento administrativo- y todo marchaba sin problemas, hasta que el 2 de junio de 2020 el subdirector de Recursos Materiales del organismo descentralizado acudió al establecimiento para entrevistarse con la propietaria, derivado de la negativa a entregar el resto de los neumáticos.

El servidor público fue atendido por la persona a cargo del negocio, quien aseguró que ya no tenían las 76 llantas faltantes que estaban bajo su resguardo y que éstas habían sido entregadas a una persona llamada Vicente Rodríguez, quien se identificó como personal del Régimen Estatal de Protección Social, sin embargo, este hombre desde 2015 causó baja como trabajador del organismo y el establecimiento no aportó pruebas de que los neumáticos hubiesen sido entregados a la institución.

Por tal razón, se iniciaron procedimientos administrativos y penales contra la particular, los cuales siguieron su curso pese a la extinción del organismo descentralizado, en septiembre de 2020.
Al resolver el procedimiento administrativo, la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del TJA impuso a la particular como sanción una inhabilitación temporal de tres años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas y la reintegración de 124 mil 554 pesos al erario estatal; además, ordenó dar vista a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a fin de que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones correspondientes y determine lo que en derecho proceda en relación con la presunta participación de Vicente Rodríguez y/o Vicente Rodríguez Cruz en los hechos sancionados.