*Denuncian irregularidades*

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) acudieron al Congreso local para denunciar presuntas irregularidades en el proceso de asignación de horas de clases.

Pidieron la intervención de los legisladores para que se reponga dicho proceso, al anotar que éste sólo favoreció a los agremiados al Sindicato Único del Cobaem, que es el oficial.

Los inconformes indicaron que pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación Media Superior, y añadieron que el ser parte de un "sindicato disidente" los hace "ser sujetos de discriminación".

*De procedencia, iniciado en contra de Marcos Zapotitla*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que en el juicio de procedencia iniciado en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro se procederá conforme a derecho.

Insistió en que existe el principio de presunción de inocencia y mientras no se revisen los elementos aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por el presunto delito de violación, el Congreso local no emitirá una resolución.

Por otro lado, lamentó que la FGE, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), haya emprendido acciones para hostigar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) por su trabajo.

*Con cooperativas*

Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) anunciaron la firma de convenio con cooperativas para que los comerciantes puedan acceder a apoyos crediticios, y salir adelante de la crisis financiera a causa de la emergencia sanitaria.

Antonio Sánchez Purón, presidente de dicha cámara, admitió que los apoyos de los gobiernos estatal y federal no fueron suficientes y muchas empresas requieren de un rescate para mantenerse abiertas ante esta situación.

De igual forma, hoy se anunció el uso de nuevas tecnologías para que por medio de plataformas, como Tiendasenlinea.app, los empresarios puedan promocionarse y la gente pueda consumir de una manera más fácil.

El director general del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ), Miguel Eduardo Barrios Lozano, anunció el inicio del programa piloto para la gestión y disposición final de cubrebocas utilizados por la población del municipio.

Se trata de la instalación de un depositario en el zócalo de Jiutepec; dicho contenedor fue habilitado por el SCAPSJ.

Lo anterior, con la finalidad de disminuir la contaminación que se ha generado por el uso de cubrebocas ante la pandemia de covid-19.

Buscan obtener más recursos federales.

Ante la crisis financiera que enfrenta el estado por la emergencia sanitaria, los 36 municipios del estado presentaron ante el Congreso del estado sus iniciativas de leyes de ingresos para el 2021, en las que no se descartan aumentos en el cobro de derechos e impuestos.

El pasado primero de octubre fue la fecha fatal para que los ayuntamientos presentaran sus propuestas sobre las tarifas que habrán de establecerse en el cobro de los servicios y derechos municipales el próximo año, las cuales empezarán a ser revisadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la próxima semana.

Al respecto, Adrián Cázarez González, alcalde de Zacualpan de Amilpas, afirmó que si los 36 municipios presentaron en tiempo sus leyes de ingresos fue por obligación, pero descartó que se pretendan fijar aumentos en perjuicio de los ciudadanos.

De hecho, aseguró que en la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) los ediles acordaron no aumentar impuestos ni derechos para el 2021, ante la situación financiera que enfrentan las familias morelenses.

No obstante, confirmó que insistirán en la propuesta para que se aumente de un 20 a un 25 por ciento el Fondo de Participaciones Federales para los municipios.

Adelantó que en los próximos días presentarán la propuesta formal ante el Congreso del estado y buscarán mesas de trabajo con los legisladores, pues adelantó que se prevé una crisis económica más severa, derivado de los recortes aplicados por la Federación.

Quienes obtengan los dos puestos vacantes ganarán 70 mil pesos al mes durante siete años.

El Congreso del estado inició la revisión de los expedientes de 36 ciudadanos que se registraron para ocupar los dos puestos de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) que se encuentran vacantes y que les garantizaría un salario de 70 mil pesos mensuales.

En la lista resaltan los nombres de José Emilio Díaz Roca, hermano de la diputada perredista Naida Díaz; Hertino Avilés Albavera, ex magistrado electoral y también asesor de la diputada priista Rosalina Mazari Espín; Emma Margarita Alemán Olvera, ex diputada local y federal por el Partido Acción Nacional (PAN); Xitlali Gómez Terán, ex consejera electoral;

Eva Penélope Picazo Hernández, actual presidenta del Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción; Aída Reina Hernández González, hija del panista Oscar Sergio Hernández Benítez; Leonora Valentina Jiménez Franco, quien fue responsable del Fideicomiso de Apoyo y Asistencia a Víctimas del Estado, y el abogado Jaime Castera Moreno, que en la pasada convocatoria al IMIPE que fue anulada por el Congreso también participó.

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso dio a conocer la lista y anunció que iniciará la revisión de los 36 expedientes, a fin de designar este mismo mes a los dos comisionados del IMIPE.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval explicó que los nombramientos se tendrían que concretar con base a la paridad de género, es decir, un cargo sería para un hombre y el otro para una mujer.
El nombramiento será por un periodo de siete años, con un salario mensual de 70 mil pesos y 80 mil cuando los futuros comisionados ocupen la presidencia del IMIPE, que es rotativa.

*En contra de servidores públicos*

En un comunicado, la encargada de despacho de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, señaló que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) "intensificó el hostigamiento en contra de los funcionarios facultados para llevar a cabo una revisión financiera a la Fiscalía General, producto de una denuncia ciudadana recibida".

En el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"Lo anterior se confirma primero, con el oficio que la fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Diana Lizbeth Acosta Ángel, dirigió al encargado de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Alberto Salgado Pérez, para hacer de su conocimiento que “se hace efectiva la sanción administrativa en modalidad de multa”, al oponerse a entregarles información de la citada denuncia.

El monto del medio de apremio que la fiscalía pretende hacer efectivo es por una cuantía de 200 UMAS, que equivaldrían a unos 17 mil pesos; asimismo, existe el temor fundado de que Salgado Pérez pueda hacerse acreedor de un arresto hasta por 36 horas.

El segundo elemento para denunciar que el acoso de la fiscalía está subiendo de tono, se debe a que hoy seis de octubre, elementos de la FECC acecharon las oficinas de la Entidad Superior durante varias horas, en las que se les pudo observar portando armas largas; los agentes pretendían entregar de manera personal un citatorio al servidor público Alberto Salgado Pérez.

Al respecto, América López Rodríguez fue muy enfática al reiterar que la información solicitada por la FECC “es de carácter reservada y confidencial, por lo que la divulgación de tal expediente traería una responsabilidad administrativa a quien lo hiciera público o bien obstruya el proceso de auditoría”.

Por ello, insistió en hacerle un llamado al fiscal para que cese el hostigamiento en contra de los funcionarios de la ESAF, y les permita iniciar con la fiscalización que hasta ahora inexplicablemente ha sido obstaculizada por la misma institución a la que pretenden auditar".

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec informó que a través del programa “Trueque autosustentable en tu comunidad”, el gobierno encabezado por Rafael Reyes Reyes promueve acciones de separación de residuos sólidos, los cuales a su vez pueden ser intercambiados por productos de la canasta básica.

Durante la jornada de este martes, efectuada en la colonia Otilio Montaño, el secretario de Desarrollo Humano, Bienestar Social y Educación, Luis Edgar Castillo Vega, dio a conocer que de enero a marzo y de julio a septiembre del presente año más de dos mil 300 personas han participado intercambiando 18 toneladas de aluminio, cartón, pet y vidrio, entre otros, por 20 mil productos como arroz, azúcar y frijol.

El funcionario municipal anotó que en cumplimiento a la indicación del presidente municipal de Jiutepec, el programa se ha llevado a la mayoría de los centros de población del territorio, con el objetivo de generar conciencia entre los habitantes sobre el uso que se le puede dar a los residuos sólidos y en paralelo generar apoyos a la economía familiar, en un contexto de alta incertidumbre a causa de la pandemia.

En el mes de octubre, el programa “Trueque autosustentable en tu comunidad” se realizará, de 09:00 a 13:00 horas, en los siguientes lugares: el jueves ocho en la colonia Vista Hermosa, el martes 13 en Villa Santiago, el jueves 15 en Loma Bonita, el martes 20 en el pueblo de Cliserio Alanís, el jueves 22 en Civac, el martes 27 en Ampliación Poniente Calera Chica y el jueves 29 en Cerro de la Corona.

*Como fuerza política al interior del Congreso local*

La dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristina Balderas Aragón, adelantó que como fuerza política al interior del Congreso local revisarán a fondo la solicitud de refinanciamiento de la deuda pública que presentó el Poder Ejecutivo.

En entrevista, Balderas Aragón sostuvo que presumen se trata de un nuevo endeudamiento pues, al refinanciar la deuda, el periodo de pago se alarga.

Sin embargo, anotó que en los próximos días revisará con las legisladoras del PRD el tema y si no es en beneficio del estado se rechazará la propuesta del Ejecutivo.