Ana Lilia Mata

Ana Lilia Mata

Activistas se oponen a que el Congreso local apruebe la medida, pues aseguran que impactaría al medio ambiente.

Ante el Congreso del estado, ganaderos, agricultores y transportistas solicitaron que se les condone el pago del programa de verificación vehicular.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Javier García Chávez informó que se instalaron mesas de trabajo con los representantes de esos sectores y también con activistas que se oponen a que se haga una exención de dicha obligación, ya que impactaría directamente al medio ambiente.

El legislador local dijo que a causa de tales divergencias es que no se lograron los consensos, en una primera intención, de reformar la Ley del Transporte para que el Congreso del estado apoyara al sector agropecuario.

Señaló que el dictamen de reforma se pretendía aprobar en la última sesión ordinaria del periodo que concluyó el lunes pasado, pero no se lograron los acuerdos entre los legisladores. Explicó que si se logran los votos, el asunto se desahogará en un periodo extraordinario de sesiones para agosto.

“Ese dictamen está en discusión, no se ha presentado y pues vamos a escuchar las diferentes voces a efecto de poder incorporar las preocupaciones, las inquietudes y sacar por consenso el dictamen”, señaló el legislador.

El legislador local dijo que, incluso, se ha solicitado el apoyo de los representantes del Fondo Morelos para que se entreguen apoyos, principalmente a los agricultores y ganaderos, para la compra de vehículos nuevos que sí cumplan con la norma ambiental.
No obstante, señaló que mientras se logra ese apoyo se pretende la condonación de la verificación vehicular sólo para ganaderos y agricultores, no así para transportistas pues es un sector mucho más numeroso.

 

En Cuernavaca, consejeros electorales de 24 estados anunciaron la conformación de la red “Democracia Incluyente” para promover el trabajo de los OPLE.

Consejeros electorales de 24 estados del país anunciaron la conformación de la red denominada “Democracia Incluyente”, que ayudará a promover el trabajo que realizan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en el marco de la reforma legal que pretende impulsar el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para desaparecerlos.

En rueda de prensa en Cuernavaca, los consejeros electorales que promovieron su asociación afirmaron que sería “un retroceso” para el sistema democrático del país desaparecer los organismos locales electorales y dejar en manos del Instituto Nacional Electoral (INE) todo el trabajo, pues además no tendría toda la capacidad.
“No es una decisión que dependa de nosotros, por lo que estamos a lo que las normas en su momento determinen. Sin embargo, cual sea la determinación, seguiremos trabajando por la inclusión y por la democracia”, manifestó la consejera Carolina del Ángel Cruz, de la Ciudad de México, quien afirmó que sería un retroceso la propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

La consejera Claudia Arlet Espino, de Chihuahua, dijo que a la par de las acciones que impulsarán como red, también promoverán el trabajo que como consejos locales electorales realizan, “porque creemos en el trabajo que hacemos; somos órganos electorales, dentro de los órganos públicos, que tenemos una voz, que tenemos un voto dentro de los consejos y que tenemos una visión incluyente que creemos debe defenderse”, manifestó.

Aunque la red surgió en el momento en que se revisa la propuesta del gobierno federal en el Congreso de la Unión, los consejeros electorales afirmaron que lo que buscan es abonar en el sistema democrático, incluyendo a los grupos más vulnerables como las comunidades indígenas, la comunidad lésbico-gay, los extranjeros, a quienes se encuentren en prisión, entre otros.

 

Asegura Keila Figueroa que ya hay un acuerdo para que ese partido encabece dicho órgano durante el segundo año de la actual legislatura.

La coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, aseguró que hay un acuerdo para que encabecen como fuerza política la Mesa Directiva del Congreso local durante el segundo año de la LIV Legislatura.

En entrevista, Figueroa Evaristo dijo que aún no definen cuál de los diputados que integran el grupo parlamentario presidirá dicho órgano de gobierno, pero afirmó que existe la confianza de que se elija a una mujer.

Señaló que el acuerdo se tomó con el Partido Encuentro Social (PES) y otros partidos políticos aliados a Morena, por lo que sólo faltaría definir quién presidirá la Junta Política y de Gobierno.

“Esperemos que los acuerdos se sostengan y sólo es cuestión de esperar, porque se había hablado que la Mesa le correspondería a Morena”, manifestó la diputada.

Refirió que será en agosto próximo, en un periodo extraordinario de sesiones, cuando se concretará la renovación de los órganos de gobierno del Congreso.

De acuerdo con Keila Figueroa Evaristo, los acuerdos que se logren para la renovación de los órganos de control deberán garantizar un cambio en el Poder Legislativo, pues dijo que el primer año fue de desgastes y desacuerdos.

“La idea es seguir caminando; el primer periodo fue de mucho desgaste; el segundo ya fue de mucho trabajo y la gente lo que realmente necesita es que se pongan a trabajar”, añadió la coordinadora del grupo parlamentario de Morena. 

 

Consejeros electorales de Morelos y otros estados del país anunciaron, este viernes, la constitución de la Red de Democracia Incluyente.

Se informó que la Red de Democracia Incluyente tendrá como objetivo defender los temas de grupos vulnerables en materia electoral, tales como las comunidades indígenas y lésbico-gay, entre otros.

Sin embargo, los consejeros también admitieron que servirá para defender su trabajo como órganos electorales locales, ante la intención de una reforma en la materia para desaparecerlos.

La asociación integra consejos de 24 estados del país; Morelos es cuna, dijeron los consejeros, de dicha red que impulsará propuestas para la modificación del sistema electoral del país.

*Como fuerza política, en el Congreso*

La coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, aseguró que hay un acuerdo para que encabecen como fuerza política la Mesa Directiva en el Congreso local.

En entrevista, Figueroa Evaristo dijo que aún no definen cuál de los diputados que integra el grupo parlamentario presidirá dicho órgano de gobierno.

Sin embargo, la legisladora aseguró que el próximo 19 de agosto se abrirá un periodo extraordinario de sesiones y en éste se concretará el cambio.

Conmina sector privado al pronto desahogo de la agenda legislativa.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, convocó a los diputados locales a desahogar los pendientes del Congreso del estado, como la aprobación de la Ley de Videovigilancia, y hacer a un lado los conflictos internos por la renovación de los órganos de gobierno. 
En entrevista, el empresario informó que a la fecha no han sido convocados a las mesas de trabajo a las que se comprometieron los legisladores para socializar la nueva ley que regulará  la instalación, el uso y la operación de las cámaras de videovigilancia en el estado, así como una reforma al Código Penal del estado para endurecer el castigo en contra de quien cometa  el delito de extorsión, del cual son constantemente víctimas como iniciativa privada. 
Insistió en que es necesario que como cámaras empresariales participen de la creación de las nuevas normas, que podrían aprobarse en un período extraordinario de sesiones.
Por ello, reiteró su llamado a los legisladores para terminar con la pugna por las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno.
"Que ya se quiten este tema de discusiones, que realmente vean por el beneficio de la sociedad morelense y que si hay temas que tienen que tratar o se tienen que tratar que lo hagan, pero que el tema del Congreso no sean las disputas adentro del Congreso, que el tema del Congreso no sean los cotos de poder que se están negociando. Nosotros respetamos a cada uno de ellos pero no podemos seguir viendo ese tipo de noticias", manifestó. 

 

Diputada asegura que muchas de las labores legislativas las llegaron a realizar sus homólogos con sus automóviles propios.

A pesar de las críticas por la compra de 23 vehículos nuevos para el Congreso del estado, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) Maricela Jiménez Armendáriz, afirmó que el acuerdo para tal adquisición sigue firme. 
En entrevista, la legisladora local sostuvo que la compra de automóviles es necesaria para el trabajo que se lleva a cabo en el Poder Legislativo. 
La diputada Jiménez Armendáriz se quejó por que durante el primer año de la LIV Legislatura tuvo que aportar de sus ingresos como diputada para la operatividad de la Comisión de Planeación, Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, de la cual es presidenta. 
"Desde que yo estoy en mi comisión yo he tenido que ir a dejar oficios, notificaciones y es con mi dinero y pongo mi carro y los carros de los compañeros y ponemos gasolina y no tenemos el (auto) designado para ir a recorrer, hay algunos que se van al IV distrito, al V distrito y meten sus propios vehículos", manifestó. 
La legisladora reiteró que los 23 vehículos que se comprarán se usarán para la operatividad del Congreso y no para uso personal de los diputados. 
Señaló que es un acuerdo que se tomó por la mayoría de las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias, por lo que se concretará en los próximos días, aún y cuando algunos diputados no estén de acuerdo, como fue el caso de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, quien aseguró que no aprobó tal determinación. 
En otro tema, la diputada del PES informó que se trabaja en generar los consensos entre las fuerzas políticas para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) en un período extraordinario de sesiones, que se abrirá el próximo mes de agosto. 

 

La FGE está obligada a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la ejecución de una familia en 2017 a manos de policías de la CES, señala Marcos Zapotitla Becerro.

El ex comisionado estatal de Seguridad Alberto Capella Ibarra debe ser llamado a cuentas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en el caso de la masacre registrada en contra de una familia en Temixco, el 30 de noviembre del 2017, afirmó el diputado Marcos Zapotitla Becerro. 
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió tarde las recomendaciones al gobierno morelense por los hechos registrados en un domicilio de la colonia Rubén Jaramillo de Temixco, ya que desde que sucedieron se advirtieron irregularidades por la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
Sin embargo, refirió que ahora que el organismo defensor de los derechos humanos se pronunció al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a no sólo reabrir la investigación por el caso, sino a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la muerte de al menos seis personas.
"El alcance que tiene esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con que se genere la sanción respectiva y eso puede ser por responsabilidad administrativa, civil o penal", agregó. 
El legislador del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que es momento de que el fiscal Uriel Carmona Gándara pruebe que no está en el cargo sólo para proteger al ex gobernador perredista Graco Ramírez y a sus ex colaboradores, sino que está para hacer justicia.
"El fiscal tendrá que demostrar si sigue con Graco Ramírez o sí finalmente acepta enjuiciar a estos elementos, pero sobre todo integrar debidamente esa responsabilidad. En nada ayuda al gobierno que se señale que hay impunidad, que hay encubrimiento", manifestó. 

 

El presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que el ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, debe ser llamado a cuentas por el caso de la masacre registrada en Temixco, el 30 de septiembre del 2017.

El legislador local dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a no sólo reabrir la investigación, sino a proceder penal y administrativamente en contra de los responsables de la muerte de al menos seis personas.

Zapotitla Becerro apuntó que es momento de que el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, pruebe que no está en el cargo sólo para proteger al ex gobernador Graco Ramírez.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, afirmó que el acuerdo para la compra de 23 vehículos se mantiene, pese a críticas por dicha adquisición.

En entrevista, la legisladora aseguró que dichas unidades serán distribuidas entre las comisiones para la realización del trabajo del Congreso del estado.

Por otro lado, informó que se trabaja en los consensos entre las fuerzas políticas para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en un periodo extraordinario.

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