Una iniciativa en la Cámara de Diputados busca que dichas empresas cubran los gastos de transporte del asegurado, desde el momento del siniestro hasta que le sea entregado el vehículo.

En la Cámara de Diputados federal se analiza una iniciativa que obligaría a las empresas aseguradoras a cubrir los gastos de transporte del asegurado, desde el momento en el que ocurra un siniestro vehicular, hasta que le sea entregado el vehículo o éste sea sustituido, si el plazo para repararlo excede los 120 días naturales.

La propuesta busca adicionar un artículo 144 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro; fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y tiene como objetivo fortalecer la protección de los usuarios de seguros automotrices y garantizar su derecho a la movilidad.

La iniciativa detalla en su exposición de motivos que actualmente la citada ley no contempla plazos específicos ni mecanismos de compensación frente a retrasos prolongados en la reparación de vehículos, lo que genera afectaciones a los asegurados.

De acuerdo con esta propuesta, la ausencia de un marco normativo específico también limita la responsabilidad de las aseguradoras frente a retrasos injustificados. Asimismo, reduce los mecanismos disponibles para que los asegurados exijan un cumplimiento eficiente del contrato, por lo que establecer plazos máximos y mecanismos de compensación garantizaría la protección integral del usuario.

Para muchas familias y trabajadores, el automóvil no es un lujo, sino una herramienta indispensable de movilidad y trabajo. No es justo que, además de sufrir un accidente, los asegurados enfrenten meses sin su vehículo y sin apoyo para trasladarse”, describe la iniciativa.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2022, cerca del 50 por ciento de las quejas contra aseguradoras fueron por daños en automóviles, y en ellas, hubo tres mil 972 reportes por retrasos en la reparación de vehículos.

La iniciativa busca ofrecer al usuario una garantía adicional de seguridad y tranquilidad, reduciendo el impacto económico y social de las demoras en la reparación o sustitución del vehículo.

Asimismo, fomenta una mayor eficiencia de las aseguradoras en los procesos de reparación, así como en la entrega de vehículos, y optimiza sus tiempos de atención, lo que fortalece la competitividad del sector y mejora la percepción de los usuarios sobre la calidad y confiabilidad del servicio.

“La obligación de cubrir gastos de transporte alternativo incentiva a las aseguradoras a ser más eficientes, transparentes y responsables, y contribuye a restablecer el equilibrio entre empresas y consumidores”, refiere.