Organismos llaman a los diputados a realizar una consulta social antes de aprobar el Paquete Económico 2026.
Organismos empresariales de Morelos solicitaron al Congreso del Estado abrir un proceso formal de discusión, consulta y consenso antes de aprobar el Paquete Económico 2026, debido a la posibilidad de aumentos sustanciales en impuestos que —advirtieron— podrían afectar la productividad y competitividad de las empresas en la entidad.
En virtud de lo anterior, "exigimos respetuosamente que, previo a cualquier aprobación, se lleve a cabo un proceso de discusión, consulta y consenso con los sectores empresariales que representamos, en estricto apego a nuestras facultades como organismos de consulta establecidos por Ley”, señalaron.
En su posicionamiento, las cámaras expresaron preocupación por la eventual implementación de cargas fiscales excesivas, especialmente para el 35% de contribuyentes formales que sostienen gran parte de la actividad económica estatal.
Señalaron que tales medidas podrían incentivar el crecimiento de la informalidad, generando efectos negativos tanto en la recaudación como en el desarrollo económico local.
A través de un comunicado, representantes de la CANACO Servytur Cuernavaca, Canacintra Morelos, CMIC, AMEXME Morelos, la Asociación de Hoteles de Morelos y Coparmex Morelos señalaron que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, son órganos de consulta obligados a participar en el análisis de políticas económicas que impactan al sector productivo.
En ese sentido, insistieron en que el Ejecutivo estatal debe someter la propuesta a un proceso de revisión técnica previo a su aprobación.
Reconocieron la necesidad del estado de fortalecer sus ingresos para atender las demandas sociales, sin embargo, subrayaron que el actual contexto económico marcado por la desaceleración del consumo, el aumento de la informalidad y la incertidumbre financiera exige una evaluación cuidadosa de cualquier ajuste fiscal.
El sector empresarial reiteró la importancia de mantener un diálogo permanente y transparente con las autoridades para asegurar que cualquier modificación al marco económico sea razonable, proporcional y sustentable.
