A la par, establecerán medidas de reducción de gastos y de austeridad, destacó Javier García Tinoco.

El presidente del Órgano de Administración del Poder Judicial, Javier García Tinoco, informó que se analiza la ampliación presupuestal solicitada previamente para este año y destacó que a la par se habrán de establecer medidas de reducción de gastos no prioritarios y austeridad.

Así lo expuso en entrevista el también representante del Poder Ejecutivo, quien indicó que continúa un diálogo constante con la Secretaría de Administración y Finanzas.

En la gestión pasada se solicitaron 294 millones de pesos y "justo se está analizando la necesidad", anotó.

Mencionó que la citada Secretaría respondió que está por concluir el dictamen, pues se analizó detalladamente la solicitud. El documento será remitido al Congreso para que se pronuncie al respecto.

Asimismo, García Tinoco expuso que a nivel nacional ha habido una baja en los ingresos, por lo que la revisión detallada es un proceso lógico.

De igual forma, informó que también se está planteando a la Secretaría de Hacienda y administración la proyección de presupuesto para el 2026.

Comentó que hay requerimientos tales como la implementación de los juicios orales familiares, cuya ley pone como fecha límite abril de 2027.

Sin embargo, dijo que deben iniciar los cambios como han hecho otros estados. Estimó que inicialmente se requerirían 90 millones de pesos para este rubro.

Dijo que se buscará que haya transparencia, austeridad, uso adecuado de recursos, dando prioridad a la población que acude al reclamo de la justicia.

"Hay que hacer economías, analizar qué gastos se pueden pasar para enero, dando prioridad al pago de jubilados y empelados", enfatizó.

Además indicó que el lunes culminará el proceso de entrega-recepción y, a partir de ello, se analizará a profundidad la información y revisará en qué sí se debe gastar y en qué no; "ver los temas de alimentos, gasolinas, hacer una reingeniería de personal... En el caso donde no sean necesarios los viáticos, pues ahí es donde se haría el ajuste", precisó.

Por otro lado, el funcionario anotó que los temas jurisdiccionales quedaron a cargo del pleno y las cuestiones administrativas en el órgano que preside.

Una vez concluido el proceso de entrega-recepción, habrá un plazo de 45 días para hacer observaciones.