De acuerdo con el expediente 93/2009, el Segundo Tribunal Colegiado confirmó el amparo concedido al ex magistrado por un juzgado federal el 23 de julio de 2009.

Dicho amparo, radicado en el expediente 959/2009 del Juzgado Quinto de Distrito, fue concedido contra la negativa del Consejo de la Judicatura de dar cumplimiento al decreto 918, por el cual el Congreso del Morelos concedió a Arcíbar Lazo su retiro por edad avanzada.

El decreto fue publicado el 15 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y estableció que el ex funcionario judicial recibiría como pensión el 55 por ciento de su salario como magistrado y debería ser pagada por el Poder Judicial del Estado de Morelos en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. Hasta el momento el Consejo de la Judicatura adeuda alrededor de 700 mil pesos al ex magistrado Arcíbar y está obligado por orden judicial cubrir el monto.

Incertidumbre entre magistrados retirados

Por su parte, el ex magistrado, Samuel Sotelo Salgado, informó que existe incertidumbre entre los ex funcionarios judiciales que eligieron acogerse al decreto 938, expedido por el Congreso local en octubre de 2008 y que permitió el retiro voluntario de cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Expresó que el Consejo de la Judicatura todavía adeuda a los magistrados retirados una parte de su pensión por jubilación correspondiente al 2009 y todo parece indicar que habrá problemas para sus pagos de este año, porque según el presidente del Consejo y del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, al parecer este concepto no fue contemplado en el presupuesto del Poder Judicial.

Indicó que el ex magistrado Juan Manuel Díaz Popoca y él mantendrán vigente el juicio de amparo promovido el año pasado contra el órgano judicial por la negativa de pago.

Cabe destacar que también el ex magistrado Ramón García Jácome promovió un juicio amparo contra la negativa y omisión de incluir el pago total y no parcial de su pensión por retiro voluntario dentro del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del 2009