Publicado en Política Miércoles, 11 Marzo 2020 05:11

Edil de Zapata enfrenta la pérdida del cargo: abogado

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El edil de Emiliano Zapata, José Fernando Aguilar Palma será separado del cargo e inhabilitado de 4 a 10 años para ocupar cualquier cargo público de elección popular, tras comprobársele el delito de Violencia Política de Genero, en contra de la Síndico Municipal, Olivia Albarrán Salazar, señaló el maestro en derecho penal, Leonel García Grajales, quien dijo que la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales fue en su modalidad de Sometimiento, acoso laboral, denigración a su cargo, discriminación y negación de desarrollar su cargo y restricción de espacios públicos necesarios para desempeñar su encargo y extorsión de obligarla a dejar el cargo en mes y medio.

El jurista detalló los tipos de violencia ejercidos contra la síndico municipal: la Institucional, donde el servidor público la comete por acción u omisión cuando discrimina, dilata, obstaculiza o impide el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres; y la laboral, que comete la persona que tiene vínculo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica y que por acción u omisión en abuso de su poder daña la autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad y le impide su desarrollo.

En este caso, explicó que la ley también sanciona con cárcel a quien no respete o que condicione la permanencia laboral, descalifique, amenace, intimide, explote y discrimine por condición de género; despida o coaccione a la víctima para que renuncie por estar embarazada, cambie de estado civil o por el cuidado a sus hijos discapacitados; imponga o autorice que se impongan a una mujer trabajos peligrosos para su salud, degradantes o injustificados.

En ese sentido expuso que la violencia política trata de evitar que por acción u omisión, por sí o a través de terceros, dañe física, psicológica, económica o sexualmente a una o varia mujeres y/o a sus familias para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales o la induzca a tomar decisiones en contra de su voluntad, hecho que Fernando Aguilar Palma ha incurrido en cada uno de esos delitos. 

Este delito, estableció, será sancionado con seis meses a dos años de prisión, sanción pecunaria de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) e inhabilitación de 4 a 10 años. "La idea es hacer visibles esta  situaciones y Olivia Albarrán lo ha hecho público cuando ha sido presionada, lastimada en sus derechos, debemos de evitar la violencia de género en contra de la mujer", enfatizó el abogado.

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