Dicho sector de la población requiere accesibilidad en el servicio público, más que gratuidad o subsidio en el costo del pasaje, afirma diputado.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Alberto Sánchez Ortega, sostuvo que el principal reto del transporte público para personas con discapacidad no es la gratuidad, sino garantizar un servicio accesible, seguro y en condiciones óptimas que permita a este sector desplazarse en igualdad de circunstancias.

El legislador señaló que aunque desde hace varios años se ha planteado que el transporte para personas con discapacidad es gratuito, en la práctica esta medida no se cumple, ya que las “rutas” carecen de una infraestructura adecuada para prestar el servicio a esta población.

Indicó que las unidades del transporte público deben contar no sólo con adaptaciones para el ascenso de personas con discapacidad, sino también con condiciones mecánicas adecuadas, pues el deterioro de los vehículos representa un riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios.

Sánchez Ortega advirtió que numerosas unidades actualmente no cumplen con los estándares mínimos, a pesar de que trasladan a personas de manera cotidiana, lo que obliga a atender de manera urgente esta problemática.

“El planteamiento no es pedir dádivas ni concesiones en las tarifas. Las personas con discapacidad están dispuestas a pagar lo mismo que cualquier usuario, siempre y cuando el servicio esté garantizado y sea verdaderamente accesible”, enfatizó.

Subrayó la necesidad de avanzar hacia un transporte público inclusivo, funcional y digno, que responda a las necesidades reales de las personas con discapacidad.