Tras darse a conocer que tres alcaldes de Morelos solicitaron protección ante presuntos casos de extorsión, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, integrante de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del estado, llamó a que los protocolos de seguridad se apliquen con criterios equitativos, sin privilegios ni distinciones entre funcionarios y ciudadanía.

El legislador consideró que estos mecanismos deben activarse únicamente cuando exista una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que es la única vía legal para solicitar protección; "el protocolo de seguridad para funcionarios nace a partir de una denuncia ante la fiscalía. Esa es la única manera de proporcionarlo", anotó.

El pronunciamiento surge luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmara que tres ediles pidieron resguardo personal. Sin embargo, la identidad de los alcaldes se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad.

Sotelo Martínez explicó que es la FGE quien determina si procede la solicitud y la canaliza a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; "desconozco quiénes sean, pero confiamos en que no exista riesgo para ningún funcionario o funcionaria", apuntó.

Advirtió que no se debe desatender la seguridad de la población por brindar protección a funcionarios que no enfrentan amenazas reales. “En el pasado se otorgaban policías o escoltas para resguardar a servidores públicos, pero debe prevalecer el principio de que la función del policía es proteger a la ciudadanía, no a intereses personales”, afirmó.

Reconoció que el estado no cuenta con suficiente personal policial para cubrir todas las necesidades, pero insistió en que la seguridad no debe depender de jerarquías políticas, sino del riesgo real.