Sólo está detenido el chofer del camión involucrado en los hechos.

Con perspectiva de género, de infancias e interculturalidad, las autoridades estatales investigan y abordan el caso de la menor indígena atropellada la tarde del miércoles en la glorieta de La Luna, ante las circunstancias de vulnerabilidad de la víctima y su familia.

De acuerdo con el fiscal Regional Metropolitano, Fernando Blumenkron Escobar, únicamente está detenido el chofer del camión que arrolló a la pequeña Imelda, de cinco años, en circunstancias aún no esclarecidas, y será en las próximas horas que se definirá la situación jurídica del conductor.

Pese a la información y distintas versiones que han surgido a través de los redes sociales y medios de comunicación sobre cómo ocurrió el accidente (si la niña tropezó y cayó al arroyo vehicular o si corrió al intentar cruzar la calle, y si existía o no supervisión adulta en el momento), señaló que está en curso la investigación y aún no se tienen los detalles de las circunstancias que rodearon el deceso de la pequeña.

Confirmó que la menor y su familia son indígenas tzotziles, pero tampoco dio mayores detalles al respecto, y sólo explicó que junto con otras autoridades y organizaciones civiles se trabaja para atender el caso conforme a los protocolos y condiciones de vulnerabilidad.

Explicó que la fiscalía busca a un traductor de lenguas indígenas para asistir a la familia en el proceso legal en curso y sostuvo que se indagarán las circunstancias que rodearon este fatal accidente, incluyendo la posibilidad de que un grupo de indígenas sea víctima del delito de trata de personas o explotación laboral.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, detalló que este caso fue tratado con sensibilidad en la Mesa Estatal de Seguridad y la propia gobernadora, Margarita González Saravia, instruyó dar el apoyo a la familia de la menor, que sobrevivía bailando y haciendo malabares en los cruceros a cambio de monedas de los automovilistas.

Las autoridades estatales han sido cautelosas en el manejo del caso, no sólo porque las víctimas directas e indirectas pertenecen a un grupo vulnerable, sino para evitar la criminalización y revictimización, porque hay otras circunstancias delicadas y de abordaje complejo, como el hecho de que Imelda, de cinco años, no contaba con un acta de nacimiento; aparentemente estaba a cargo de su tía y sus primos, también menores, quienes han sido víctimas de violencia familiar y abandono del padre; y la mamá de la pequeña está desaparecida, aunque no existe una denuncia; sin embargo, todo esto es motivo de investigación, ya que para la entrega e inhumación del cuerpo se requiere comprobar lazos familiares y asignar a un tutor legal.