“Ahí si sabes de algún funcionario que me quiera contratar unos meses, nada más para jubilarme. No me daré por mal servido”, es una frase recurrente que se escucha en los pasillos de los tres poderes del Estado y los municipios de la entidad. Todos conocemos a alguien al que nunca vimos trabajar en ninguna dependencia y que ahora ya se da la gran vida pues religiosamente le llega su salario de pensionado a su tarjeta bancaria.
Este columnista ha llegado a la conclusión de que en Morelos se practica con vehemencia un deporte: el “cazar pensiones”.
Ya se sabe que la jubilación es el proceso mediante el cual una persona deja de trabajar de forma permanente, generalmente después de haber cumplido cierta edad o tras haber trabajado un número determinado de años, lo cual es totalmente justo.
Sin embargo, de acuerdo con investigaciones realizadas por especialistas en la materia, la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos es la más magnánima de la República, pues permite establece en su artículo 58 que la pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los municipios, con tan sólo 18 años para las mujeres y 20 para los hombres.
El artículo 59 refiere que la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 10 años de servicio. Por eso es que hay tanto ex funcionario buscando una chamba para completar sus 10 años de servicio y poder jubilarse aunque sea con el 50 por ciento del sueldo.
El truco de pagar “un moche” para ser contratado como director por algunos meses sólo para reunir el requisito de la jubilación, es tan común como el porcentaje que piden los encargados de compras de las dependencias.
Pero los campeones de este deporte son los que “coleccionan pensiones”, ya sea en la UAEM, en un Ayuntamiento o en los poderes del estado, independientemente del que ya tienen asegurado por el IMSS o el ISSSTE, o por ambos.
O como un secretario de gabinete de Graco Ramírez, que se dio el lujo de obtener una pensión del IMSS por incapacidad permanente por una enfermedad que después milagrosamente desapareció.
En los últimos días ha salido a la luz pública dos casos de exfuncionarios que “se pasaron de lanza” con sus pensiones y que fueron descubiertos. El primer caso lo dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 10 de abril informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos obtuvo vinculación a proceso en contra de César “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Jojutla durante el trienio 2009–2012, por su probable responsabilidad en el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones. (Según fuentes consultadas, se trata de César Bahena Valle, de quien ya escribimos en la columna del 10 de abril del 2023).
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, el exfuncionario habría realizado diversos actos jurídicos para obtener de forma irregular una pensión por jubilación con el cien por ciento del pago correspondiente.
Entre los documentos presentados, se encuentra una carta de salarios certificada, presuntamente falsa, con la que acreditó ingresos mensuales por 62 mil 500 pesos, cuando en realidad, según documentación oficial, su sueldo era de 48 mil 813 pesos con 40 centavos.
Existen indicios de que, César "N" siendo secretario del Ayuntamiento, ordenó a la Dirección de Recursos Humanos emitir dicha carta, incluyendo información falsa para justificar el monto de la pensión, la cual se encuentra vigente a la fecha.
Posteriormente, en 2017, César “N” promovió un amparo ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, solicitando la actualización de su pensión conforme al salario mínimo, correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016. La suma reclamada alcanzó los 5 millones 280 mil 49 pesos.
En octubre de 2017, tras diversos actos reclamados por el exfuncionario, se suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Jojutla para el pago de 3 millones 595 mil 833 pesos. No obstante, en 2022, César “N” volvió a promover un amparo solicitando nuevamente un incremento en el monto de su pensión.
Debido a estas irregularidades detectadas, en 2024, el Ayuntamiento de Jojutla interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El pasado miércoles 9 de abril, en la sala 2 de la Ciudad Judicial de Jojutla, al analizar los datos de prueba documentales y testimoniales presentados por la Fiscalía Anticorrupción, una Jueza resolvió vincular a proceso a César “N” por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.
Sin embargo, no pisó la cárcel, pues la jueza le impuso como medidas cautelares, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), o sea, nada.
El otro caso es el que ocurrió en el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUPJA) que encabeza la maestra Adriana Pineda Fernández. Pero la información no salió de esa dependencia, sino del Congreso Local.
Fue en esta institución donde se dio a conocer que se canceló el decreto de pensión aprobado en 2023, por el cual se concebía una pensión por cesantía de edad avanzada a una persona de nombre Emilio Ricardo. La decisión se tomó al detectar que la persona beneficiada fue “aviadora” por 11 años en el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA) de Morelos, cobrando un sueldo de 40 mil pesos mensuales y con ese salario logró su jubilación.
Seguramente el asunto será judicializado por la Fiscalía Anticorrupción y un juez lo declarará vinculado a proceso, pero en la comodidad de su casa.
Precisamente por eso la gente sigue abusando de la ley para obtener pensiones indebidas, y en ese “deporte” han incurrido familiares de diputados, magistrados y magistradas, que con toda desfachatez se presentan ante la propia Fiscalía a negociar “criterios de oportunidad” y la devolución del dinero.
En ese negocio también participan integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso estatal, ya que cobran hasta 100 mil pesos por sacar un decreto jubilatorio, o lo mandan hasta debajo de los más de mil expedientes que tienen en trámite.
Hoy sólo hemos sacado dos casos, pero tenemos decenas con nombres, fechas y cantidades.
HASTA MAÑANA.
