Además de la temporada de lluvias que han nublado nuestro cielo en este mes, el 1 de septiembre inició un nuevo Poder Judicial donde ministros y jueces fueron elegidos en un proceso inédito, que desgraciadamente estuvo lleno de irregularidades. A pesar de que se presentaron pruebas para invalidar la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ratificó el resultado, a pesar de los sesgos donde los ganadores coinciden con la propaganda repartida (acordeones) antes de las elecciones, sentando un precedente en el cual nos dicen que hacer trampa es válido.

La designación de jueces, ministros y magistrados es esencial para garantizar la imparcialidad y profesionalismo, pero sobre todo la independencia del Poder Judicial, el cual debe mantenerse separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Sin embargo, los “acordeones” fueron la señal más alarmante que nos indica que vivimos en un sistema capturado. Aún no se ha podido identificar al autor de dicha propaganda que benefició a decenas de candidatos de manera clandestina, donde se deja claro que un delito como es la inducción al voto no genera consecuencia alguna.

Una vez más podemos observar la incongruencia y vemos cómo se desmorona la credibilidad de la democracia. Entre símbolos de "purificación" con ceremonias a Quetzalcóatl y bastones de mando, se demuestra que los símbolos de nuestra cultura prehispánica son sólo un adorno populista. Por ejemplo, el bastón de mando no es representativo de todas las culturas prehispánicas, entonces ¿podemos esperar imparcialidad de un nuevo Poder Judicial cuyos símbolos ni siquiera son incluyentes?

La narrativa desde el poder nos aseguró que con la elección se eliminarían los privilegios y lujos y que los ministros formarían una Corte distinta, cercana al pueblo y guiada por “el servicio y no por el dinero”. Pero los nuevos ministros iniciaron su nueva etapa celebrando en un lugar que no podemos decir que es barato, el Au Pied de Cochon, que es un restaurante de cocina francesa en Polanco. Además, se repitió hasta el cansancio que el Poder Judicial anterior era un barril sin fondo, que había que recortarlo y que con “jueces del pueblo” se gastaría menos. Pero en el Paquete Económico 2026 se propone un incremento a su presupuesto de 11 mil 500 millones de pesos con respecto al año pasado. Entonces, después de años de señalar supuestos excesos, ¿ahora el gasto crecerá y se justifica sólo por tener una nueva estructura? La narrativa de nuestro gobierno se rompe, ya que dijeron que recortarían los gastos, pero ahora los expanden. La justicia necesita recursos, es un hecho, ya que sin presupuesto no hay derechos efectivos. Pero no se puede gobernar con relatos que cambian a conveniencia.

Por otro lado, la salida masiva de secretarios de carrera junto con los más de 800 jueces y magistrados que dejaron su cargo por la reforma judicial, no es un simple reacomodo burocrático. Mientras se presume de una “renovación histórica”, hemos perdido a aquellas personas que dedicaron décadas de su vida para impartir justicia. Esta fuga de conocimiento deja muy endeble la columna vertebral que sostenía a los tribunales. Perder a quienes redactan los proyectos equivale a debilitar el corazón de la justicia constitucional mexicana. Sin todo ese conocimiento, la continuidad de criterios, la calidad de las sentencias y la memoria institucional están en riesgo. Con la ausencia de personal experto, la parálisis y rezago no son una posibilidad lejana, sino una inminente realidad. Y lo peor es que apenas han pasado unas semanas de la toma de protesta de los llamados “jueces del bienestar” y ya surgió una ola de renuncias en distintos estados. El resultado de poner gente improvisada lo vemos en casos como el de un bibliotecario que fue electo como juez, y debido a que las partes no se presentaron, el resultado fue la absolución de la parte demandada. Otro recién nombrado juez, que fue subdirector del Cobat 06, en Contla, y líder juvenil de Morena, por no poner atención a una audiencia y revisar bien el caso, ordenó notificarle a una víctima ya fallecida. Todo esto es una señal de alarma que debería estremecer a todo el país.

Ahora, el problema en México es el Estado de derecho y no el proceso de elección de jueces. Durante décadas, las sentencias no se han cumplido. Algunos ejemplos son las resoluciones ignoradas en Morelos, como el saneamiento del río Apatlaco, o la falta de seguridad a pesar de la adscripción militar de la Guardia Nacional, pese a su invalidez, o los amparos que ordenan mejores condiciones en cárceles y siguen en el abandono. Un país que tolera que sus sentencias se desobedezcan en ámbitos como el ambiental, el de seguridad y el de los derechos humanos es un país que normaliza la impunidad desde arriba. Ejecutar las sentencias es fundamental para un Estado de derecho funcional. Mientras no ocurra esto, la justicia en México seguirá siendo una promesa vacía, no importa que se “grite” desde Palacio Nacional mientras suenan las campanas, ya no de libertad, sino de alarma.

Hay que recordar que todos necesitamos del Poder Judicial. Existen muchos ejemplos que no son necesariamente noticia, pero que nos impactan en nuestro día a día, como un litigio por un divorcio, por una herencia, por un despido injustificado, por el fallecimiento de un familiar, etc. Estamos en un México donde el Poder Judicial se desmantela con jueces inexpertos e imparciales por sus sesgos partidistas, tribunales saturados y sentencias alineadas al poder, donde la abogacía puede quedar  atrapada en litigios interminables. El sistema ya no es un refugio de justicia, sino un laberinto sin salida.